ICV
La acusación popular pide inhabilitar a un miembro de ICV por autorizar cazar aves con pegamento
El Centro Legal para la Defensa de los Animales, en su calidad de acusación popular, ha pedido diez años de inhabilitación para la secretaria de organización de ICV, Núria Buenaventura, por un presunto delito de prevaricación al conceder licencias para la caza de aves con pegamento en 2009, cuando era directora de Medio Natural de la Generalitat.
En su escrito de acusación, el centro considera que la acusada conocía que la resolución era ilegal cuando concedió 3.374 licencias para esta caza que, según cifran, provocó la muerte de 47.248 animales.
Sostiene, en la misma línea que la Fiscalía de Barcelona, que la ecosocialista adoptó esta decisión tras presiones de la Federación Catalana de Caza y del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, de quien destacan que fue diputado en el Parlament y presidente del mismo partido que Buenaventura.
La acusación popular pide, sin embargo, una inhabilitación superior a la del Ministerio Público que había solicitado ocho años y medio, y que en su escrito también había considerado la resolución dictada de arbitraria y "claramente contraria a la legislación catalana, estatal y europea" pese a conocerlo en todo momento.
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Críticas a ICV
El presidente del Centro Legal para la Defensa de los Animales, Daniel Dorado, ha valorado este viernes en un comunicado que es una muestra más de que "ICV no defiende a los animales", y ha recordado que Buenaventura ha tenido el apoyo de los dirigentes de su partido a lo largo de todo el procedimiento.
"Con su comportamiento podemos comprobar, una vez más, que los ecosocialistas y los defensores de los animales mantienen posiciones contrarias", concluye Dorado.
