Los 'agujeros' de la versión del alto cargo de Ayuso para justificar el 'Protocolo de la vergüenza' en las residencias

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que analiza lo ocurrido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia tenía señalado en rojo la fecha de la comparecencia de Carlos Mur, el encargado de firmar el conocido como Protocolo de la vergüenza, que impidió trasladar a miles de ancianos enfermos desde los geriátricos a los hospitales. La intervención de Mur este miércoles dejó un gran titular al admitir que había firmado digitalmente las cuatro versiones del Protocolo, los días 18, 20, 24 y 25 marzo. Lo que significa que Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), mintieron de forma reiterada, en la propia Asamblea y en múltiples entrevistas, cuando afirmaron que el único Protocolo que existió fue el del día 25 de marzo y que los anteriores eran un mero "borrador".

Carlos Mur decidió admitir lo que ya estaba probado documentalmente –los cuatro Protocolos con su firma digital fueron reproducidos de forma íntegra por infoLibre en junio del año pasado–, pero a partir de ahí optó por ofrecer una versión que se aparta de la verdad en elementos esenciales. El objetivo era doble: implicar al entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), en la elaboración del Protocolo y restar toda importancia a las tres primeras versiones del documento, en un intento de levantar un cortafuegos ante una hipotética responsabilidad penal.

El correo del 22 de enero

Cuando le llegó el turno de preguntar a la portavoz de Ciudadanos, Ana Isabel García, el compareciente ya había afirmado en varias ocasiones que Políticas Sociales participó “desde el principio” en la elaboración del Protocolo a través de dos altos cargos, en referencia al gerente y el coordinador médico de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Así que lo primero que hizo la diputada de Cs fue advertirle a Mur que mentir en una comisión de investigación es un delito. Tras conseguir que el compareciente aclarase que no estaba acusando a Reyero de “avalar” el documento, García le preguntó por un correo concreto.

– Ana Isabel García: Recuerda usted que Reyero se puso en contacto con el consejero de Sanidad a través de un correo electrónico el pasado 22 de marzo, del que usted también tiene conocimiento, y llegó a decirle que no estaba de acuerdo con dichos Protocolos.– Carlos Mur: Yo no tuve conocimiento en aquel momento de dicho correo electrónico. Es más, el día 24 de marzo por la mañana sí que recibo un mensaje del consejero Reyero, que me comentaba que había hablado con el consejero de Sanidad de distintos temas, y me habló en concreto de un proyecto que habíamos planteado conjuntamente, llamado Arca de Noé, de buscar una residencia limpia donde ir ubicando residentes asintomáticos de las residencias más afectadas. Pero él personalmente a mí no me comentó ningún contenido ni ninguna conversación o correo con el consejero de Sanidad, y entiendo que tampoco tenía por qué hacerlo.– Ana Isabel García: Le vuelvo a preguntar. ¿no recuerda que usted tuviera conocimiento de la oposición del señor Reyero a los Protocolos, a través de un correo electrónico del pasado 22 de marzo?– Carlos Mur: Recuerdo perfectamente que el 22 de marzo yo no recibo un correo electrónico directamente del consejero Reyero. En los 64 días y 64 noches que estuve como director general durante la primera ola de la pandemia recibí y envié 3.025 correos electrónicos, los cuales han sido convenientemente revisados, y le puedo asegurar que yo no recibí o no me consta haber recibido un correo electrónico con esas características.

 

La misma versión sostuvo cuando le interrogó el portavoz del Partido Popular, Carlos Izquierdo. "A mí directamente nadie me comunicó hacer ninguna modificación a los Protocolos, ni durante su proceso de elaboración ni después", respondió ante la pegunta de si algún "director general o médico" de Políticas Sociales "le dijo algo sobre hacer alguna modificación de los Protocolos". Y cuando Izquierdo insistió en si le habían "mandado algún escrito" para hacer cambios en los documentos, Mur reiteró: "A mí directamente no".

infoLibre ha tenido acceso al contenido del correo al que se refirió la portavoz de Cs en el interrogatorio y también al que envió el propio Mur como respuesta ese mismo día.

Efectivamente, el domingo 22 de marzo a las 9:06 de la mañana, Reyero envió un correo electrónico dirigido a su homólogo de Sanidad y con copia al entonces viceconsejero de Políticas Sociales (Javier Luengo) y a Carlos Mur. En dicho correo, cuya existencia fue desvelada en su día por El País, Reyero manifiesta expresamente su oposición al Protocolo y advierte de que en el caso de negar la asistencia a las personas con discapacidad podrían incurrir "en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Cuando no había transcurrido ni hora y media desde el envío del mensaje de Reyero, el propio Carlos Mur le responde, a las 10:26. Además de enviarle el mensaje de respuesta a los destinatarios iniciales, incluye también a Ana Dávila-Ponce de León, entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y ahora diputada del PP en la Asamblea y miembro de la comisión de investigación.

Carlos Mur empieza su mensaje a Reyero indicando que el “Protocolo elaborado y consensuado por diez jefes de servicio de geriatría de los hospitales madrileños y apoyado por el Dr. Primitivo Ramos (AMAS) intenta prestar la mejor atención clínica en la pandemia actual”. Tras realizar diversas consideraciones sobre la actuación desarrollada en las residencias, admite que de momento no han podido “funcionar como residencias medicalizadas”. Y, ya al final de su mensaje, Mur declara expresamente que le parece “adecuado” revisar “mañana mismo” la utilización del índice Barthel en el Protocolo.

El índice Barthel mide de 0 a 100 la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades básicas de la vida diaria, como vestirse o alimentarse. Y en el primer Protocolo del Gobierno Ayuso se excluía de la derivación hospitalaria a quienes tuvieran un índice de Barthel por encima de 60. En las dos siguientes versiones, las de los días 20 y 24, se mantuvo la referencia a Barthel. Y en la última se sustituyó por una escala de fragilidad, que seguía excluyendo a las personas con mayor dependencia.

LA "FALTA DE CONSENSO" DE LAS TRES PRIMERAS VERSIONES

Ese correo de respuesta enviado por Mur al entonces consejero de Políticas Sociales saca a la luz el segundo gran agujero negro de la versión que el ex alto cargo de Ayuso ofreció en la Asamblea. Se trata de su insólita explicación de por qué la Consejería de Sanidad aprobó los Protocolos de los días 18, 20 y 24 de marzo, avalados por Mur con su firma. “Fueron avalados por mí por una razón fundamental: porque, en el día a día, mientras llegábamos a conclusiones definitivas, el cataclismo al que hacían frente en primera línea todos los profesionales era enorme, y no queríamos que no tuvieran ningún tipo de apoyo desde la Administración y que pesaran sobre sus hombros determinadas decisiones. Y aunque yo apunté mi disconformidad con criterios relativos al índice de Barthel o a la enfermedad neurodegenerativa, decidí avalar dicho Protocolo de forma general a expensas de futuras modificaciones”, aseguró el compareciente.

Y en referencia al documento del día 20, que hablaba directamente de “criterios de exclusión” en la derivación hospitalaria de mayores, Mur insistió de nuevo en que “dicha versión no tuvo el consenso absoluto de todos los especialistas, lo cual es absolutamente fundamental en este tipo de documentos. Y nunca se llegó a aplicar por aquellos que tendrían que haberlo aplicado, que eran los geriatras de enlace”.

“¿Y para qué se envían, si no se tienen que aplicar?”, le preguntó con una lógica aplastante la portavoz de Ciudadanos, puesto que Mur había admitido que desde la Consejería de Sanidad se habían enviado los documentos a los hospitales públicos de la Comunidad. La respuesta de Mur fue la siguiente: “Se enviaron porque había que buscar un acuerdo general para una toma de decisiones. Y donde no había consenso era en una pequeña parte del documento, que era lo referente a los traslados, pero claro que se aplicaron al hablar de oxigenoterapia, a la hora de hablar de establecer ayudas para la zonificación, para el aislamiento, llevar EPIS, ayudarles en cursos de formación a todos los profesionales de las residencias”.

Una explicación que atenta contra el más mínimo sentido común: un Protocolo sanitario oficial no se difunde "cuando hay que buscar un consenso", sino cuando así lo deciden los responsables de la Consejería, exista o no un acuerdo entre los técnicos. Un Protocolo no es el producto de una toma de decisiones colectivas y por consenso. Por eso el documento lo firma el director de Coordinación Sociosanitaria y no una asamblea de técnicos. Pero, más importante aún, esa explicación choca con los correos electrónicos enviados aquellos días por el propio Mur.

Para empezar, como hemos visto, en el mensaje de respuesta que Mur envía a Reyero el día 22 de marzo, presume de que el Protocolo ha sido “elaborado y consensuado por diez jefes de servicio de geriatría de los hospitales madrileños”. No habla de que existan discrepancias entre ellos, sino al contrario, destaca que es un documento “consensuado”.

Carlos Mur fue el encargado de enviar los Protocolos de los días 18, 20 y 24 de marzo a un total de 18 altos cargos de la Comunidad de Madrid, que eran los responsables de su aplicación en hospitales y residencias. El documento lo envió en los tres casos a través de un correo electrónico, donde indica qué envía y por qué razón. "Con el objeto de racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos: Se adjunta protocolo acordado para CRITERIOS de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada), protocolo técnico elaborado por los principales jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid, servicios de Geriatría con especialistas referente constituidos y teléfono de contacto. Además, se envía otro protocolo de actuación y protección elaborado por el AMAS", señala el director de Coordinación Sociosanitaria, que por tanto destaca que el Protocolo ha sido "acordado" por los principales jefes de geriatría, de nuevo sin que haga mención alguna a esas supuestas discrepancias.

En las versiones de los días 20 y 24, Mur indica que adjunta el Protocolo "actualizado" y aclara que "dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y del material disponible". Por tanto, en ningún momento habla de que las recomendaciones sean provisionales mientras buscan en la Consejería un "consenso" entre los geriatras, sino que atribuye los cambios a la evolución de la crisis sanitaria.  

Por si fuera poca evidencia en contra de la tesis defendida por Mur en la Asamblea, el correo con el Protocolo del día 25 es el único donde expresamente se dice que "sustituye" al del día anterior, "por una errata y por publicación de la orden SND /27/2020 en en BOE de ayer". En cambio, desde Sanidad en ningún momento se informó sobre la sustitución de los Protocolos de los días 18 y 20, que fueron los que se aplicaron en esas fechas por orden del departamento de Reyero. [Puedes leer el contenido íntegro de los cuatro correos en esta información].

La aplicación de los Protocolos y las consultas a familiares

Las tesis de Carlos Mur patinaron en otras dos cuestiones fundamentales: la aplicación de los Protocolos y las supuestas consultas a familiares sobre si se debían derivar o no a residentes enfermos.

Carlos Mur puso especial empeño en asegurar que las tres primeras versiones del Protocolo no se llegaron a aplicar. En ocasiones lo hizo de forma rotunda: “el segundo Protocolo nunca se llegó a aplicar”, “determinadas versiones no se llegan a aplicar nunca”. Y en otras utilizó una expresión más matizada: “No me consta que se aplicaran de forma generalizada”.

En algún momento sus explicaciones llegaron al surrealismo, como cuando sostuvo que de las tres primeras versiones del Protocolo se aplicó todo –la oxigenoterapia, la zonificación de centros, el aislamiento–, menos lo que no generaba consenso, es decir, los criterios de derivación hospitalaria. O sea que, según Mur, los directivos y médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid tenían las siguientes facultades: donde él escribía que el Protocolo estaba "acordado" con los geriatras, ellos sabían interpretar que había importantes desavenencias, y cuando él enviaba un documento para aplicarlo, ellos adivinaban sin indicación alguna que en realidad había partes que sí debían aplicar y otras que no. 

Tras la comparecencia de Mur, infoLibre comprobó las cifras de fallecimientos de residentes en esos días en los que según dijo no se aplicaba el Protocolo. El resultado es el siguiente: los días 22, 23, 24 y 25 de marzo fallecieron 807 mayores que vivían en geriátricos, de ellos 628 en los propios centros y 179 en los hospitales. Por tanto, el 78% de los decesos se produjeron sin derivación hospitalaria. Son datos oficiales de la propia Consejería de Sanidad, a los que este periódico accedió en su día a través del Portal de Transparencia.

Las cifras diarias de fallecimientos de residentes durante la primera ola demuestran que los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo y que, en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo (6.352 personas). Esa es la evidencia incontestable de que el Protocolo se aplicó y que tuvo unas consecuencias brutales para la vida de miles de ancianos. Y esa prohibición del traslado a los hospitales se empezó a aplicar de forma sistemática desde la aprobación del Protocolo el 18 de marzo y continuó bastante más allá del 25 de aquel mes, cuando se redactó la cuarta versión del documento. En concreto, se prolongó hasta los primeros días de abril. 

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Por otra parte hay decenas y decenas de testimonios de familiares de víctimas, y también de algunas directoras de residencias, indicando que los hospitales no permitían el traslado de los ancianos. Y también son muy numerosas los familiares de fallecidos que declararon que a su familiar no le dejaron elegir cuando enfermó, que simplemente le negaron la asistencia hospitalaria. Por eso, cuando el diputado de Más Madrid Emilio Delgado le preguntó si habían tenido los mayores margen para decidir sobre su vida, sorprendió escuchar lo siguiente respuesta en boca de Mur: "Muchísimos casos indudablemente sí. Dependía de su deterioro cognitivo y de la situación. Y para ello estaban tanto sus familiares, con los cuales se consultaba tanto desde las residencias como desde los médicos que le atendían, las propuestas de derivación y las propuestas de tratamiento".

Incrédulo, Delgado reaccionó con rapidez e inquirió: "¿Ustedes preguntaron a sus familiares si se les derivaba o simplemente les trasladaron que no cumplían criterios de derivación?". Entonces, incluso Mur decidió echar un poco el freno a su desparpajo: "Desconozco casos concretos, sería una cuestión de analizar caso a caso". 

Y es que asegurar que se consultó a los familiares si dejaban morir a sus seres queridos en las residencias, abandonados sin asistencia médica, ahogados por las dificultades para respirar que les provocaba el virus, era a todas luces añadir demasiada burla al dolor que sufren esas familias. Especialmente, cuando uno sabe de sobra que no es cierto.