El exgerente de las residencias públicas madrileñas desmonta el discurso del alto cargo de Ayuso que firmó el Protocolo de exclusión

La Asamblea de Madrid acogió este viernes una nueva sesión de la comisión de investigación sobre el drama vivido en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia. En la agenda, tres comparecencias. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en la primera. Era la de Óscar Álvarez, quien fuera gerente de la Agencia Madrileña de Atención Sociosanitaria (AMAS), dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, durante todos aquellos duros meses. Su intervención en el órgano parlamentario era especialmente relevante. En la sesión anterior, el alto cargo que firmó el conocido como Protocolo de la vergüenza, le situó como una de las dos personas del departamento dirigido entonces por Alberto Reyero que había participado en la elaboración de estos documentos. Un extremo que, sin embargo, Álvarez rechazó con firmeza en repetidas ocasiones a lo largo de la sesión. Más de hora y media de preguntas y respuestas en las que desmintió que se hubiera llevado a cabo una medicalización de los centros sociosanitarios de carácter público, rechazó la tesis de que se consultase a los familiares sobre la derivación o no de residentes y deslizó que los protocolos puestos sobre la mesa eran, a su entender, de obligado cumplimiento.

Cuando el reloj ya había sobrepasado las 9.45 horas, el exgerente de la AMAS entró en la sala y tomó asiento en la mesa de comparecientes. Tras una breve intervención de Vox, el grupo que le había llamado a la comisión, tomó la palabra Paloma Villa, diputada de Unidas Podemos. Pocos minutos tardó la parlamentaria en intentar ahondar en la brecha que durante la primera ola de la pandemia existió entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales. Primero lo intentó preguntándole por los motivos de su dimisión en junio. "Problemas físicos y ansiedad tremenda por lo vivido", respondió Álvarez. "¿Y tuvieron algo que ver las relaciones que tenía Políticas Sociales con Sanidad? ¿Ustedes se sentían escuchados?", intentó la diputada de la formación morada. "Durante ese tiempo mantuvimos una relación continua con Sanidad, con Hacienda... Ha habido temas en los que se nos ha hecho más caso y otros en los que meno, porque ha sido tal la locura que hubo durante aquellos días...", contestó el exgerente del AMAS. Los minutos continuaron corriendo. Y el compareciente seguía sin despejar una de las principales cuestiones que sobrevolaban su declaración en la Cámara.

Su declaración era fundamental para aclarar algunos aspectos del conocido como Protocolo de la vergüenza, que impedía la derivación a hospitales de los mayores que vivían en residencias cuando tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. El 28 de mayo, dos días después de que infoLibre desvelase la segunda versión del Protocolo, la presidenta madrileña tuvo que responder en la Asamblea a una pregunta sobre dicho documento. "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", aseguró Ayuso sin inmutarse. Tanto la presidenta madrileña como su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, repitieron desde entonces en innumerables ocasiones esa teoría del borrador. Sin embargo, la declaración la pasada semana en la comisión de quien fuera durante la primera ola de la pandemia director de Coordinación Sociosanitaria del Ejecutivo regional, Carlos Mur, tiró por tierra la falsa teoría difundida por tierra, mar y aire. En su intervención, reconoció haber firmado digitalmente dichos protocolos, con fecha 18, 20 y 24 de marzo.

Sin embargo, a partir de ahí su estrategia pasó por restar valor a los documentos e implicar a Políticas Sociales en su elaboración, asegurando que en su elaboración participaron "dos personas" de esta consejería, en referencia al gerente y coordinador médico de la Agencia Madrileña de Atención Sociosanitaria. En este asunto, los dos socios del Gobierno, Ciudadanos y PP, tienen intereses contrapuestos. Mientras que los naranjas tratan de defender la gestión de su entonces consejero, Alberto Reyero, los conservadores buscan salvar tanto al titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como a la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Por eso, fue la diputada de Ciudadanos, Ana Isabel García, la que hizo la pregunta que todos estaban esperando: "¿Usted participó en la elaboración?". La respuesta de Álvarez en este sentido fue contundente. "No", dijo sin apenas dudarlo. Algo en lo que quiso volver a institir en el turno de preguntas final la diputada socialista, Purificación Causapié, para que quedara meridianamente claro. La respuesta fue la misma. Un "no" rotundo. "Lo único que se hizo fue perfilar la denominación de caso. Pero por supuesto que no se participó en la elaboración", sentenció.

Álvarez también dejó claro que en el departamento dirigido por Reyero siempre mostró, desde el primer momento, su disconformidad con los protocolos excluyentes. Así, explicó que en una reunión celebrada el 21 de marzo se le detalló al entonces consejero el contenido de los protocolos y los temoresa que estos pudiesen provocar situaciones discriminatorias. "Tal cual se establece, evidentemente eran contrarios a la ley", deslizó Álvarez. Al día siguiente, cuenta, el consejero manifestó su desacuerdo. Lo hizo a primera hora de la mañana, a través de un correo electrónico dirigido a su homólogo de Sanidad con copia al entonces viceconsejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, y al propio Carlos Mur, quien durante su comparecencia en comisión aseguró que aquel día no recibió ningún email directamente de Reyero. Se olvidó, como evidenció este diario, que el entonces director de Coordinación Sociosanitaria respondió a aquel correo electrónico. Pero, además, el compareciente dejó claro que Reyero no fue el único que manifestó su disconformidad: "La directora general del mayor también lo manifestó de una forma clara posteriormente".

Consultas a las familias y protocolos de obligado cumplimiento

Durante su comparecencia la pasada semana, Mur también deslizó que supuestamente se había consultado a los familiares sobre las derivaciones de residentes enfermos a hospitales al ser preguntado por el diputado de Más Madrid Emilio Delgado sobre si los mayores tuvieron margen para decidir sobre su vida. "Muchísimos casos indudablemente sí. Dependía de su deterioro cognitivo y de la situación. Y para ello estaban tanto sus familiares, con los cuales se consultaba tanto desde las residencias como desde los médicos que le atendían, las propuestas de derivación y las propuestas de tratamiento", dijo en un primer momento, si bien al ser repreguntado decidió echar el freno: "Desconozco casos concretos, sería una cuestión de analizar caso a caso". Por supuesto, Álvarez fue preguntado por esta cuestión en concreto. Al fin y al cabo, durante la primera ola había sido el máximo responsable de los centros sociosanitarios públicos en el territorio. De nuevo, volvió a marcar con su respuesta distancias respecto a las declaraciones que Mur había hecho en la Asamblea solo una semana antes. 

–"Mur dijo que las familias conocían la situación sanitaria de las personas, que se trató individualmente y que las familias participaron en la decisión de derivarlas o no al hospital. ¿Usted nos puede confirmar que eso pasó?", planteó Causapié.

–"Por supuesto que no. Que se individualizó, que cada gestión de casos se trató con los geriatras... ¿Pero que esos días se llamara a cada familiar? Entiendo que no, eso es imposible", zanjó el exgerente del AMAS

Los miembros de la comisión de investigación también profundizaron sobre si estos protocolos que llegaron a los centros sociosanitarios eran de obligado cumplimiento. Es una cuestión relevante, en tanto que Mur la utiliza para restar valor al documento con criterios de exclusión que él mismo se encargó de firmar. "No era una orden de aplicación directa ni de obligado cumplimiento. No pretendió ser una orden administrativa, sino un conjunto de recomendaciones", dijo el pasado miércoles quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria. De nuevo, Álvarez no lo ve así. En su comparecencia, el antiguo responsable de las residencias públicas madrileñas sostuvo que "como cualquier protocolo o instrucción" esos también eran de "obligado cumplimiento" y se tenía que "actuar conforme" a lo que disponían. Es algo en lo que coinciden también varios profesores de Derecho administrativo y magistrados de lo Contencioso a los que este diario entregó una copia de los documentos para recabar una opinión. Los únicos centros a los que no obligaba era a los de titularidad privada.

Medicalización de residencias y derivaciones inversas

Tras la segunda ola, el 1 de junio, Reyero resumió en una frase la alternativa que tenía la Comunidad de Madrid para no dejar desamparados a los mayores en las residencias: "O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia". El famoso protocolo impedía a los ancianos de estos centros sociosanitarios acudir a los hospitales. De hecho, los datos oficiales del Ejecutivo regional demuestran que del 22 al 25 de marzo, ambos incluidos, el 78% de los decesos de residentes se produjeron sin derivación hospitalaria. El problema, como puso de manifiesto el entonces consejero de Políticas Sociales en sus cartas enviadas a su homólogo de Sanidad, es que tampoco se medicalizaron los geriátricos. "No se trata de otra cosa que de poner en marcha la tan anunciada 'medicalización' de las residencias, que como bien sabes no es una realidad. Para aquellos enfermos que no pueden ser derivados al hospital y tienen la enfermedad, deben implantarse medidas de hospitalización en las propias residencias", dijo Reyero en una misiva enviada el 31 de marzo, en la que lamentaba que la única solución que se había ofrecido hasta ese momento a Políticas Sociales era "enviarnos listados de personal sanitario" para que los reclutasen ellos.

Desde Sanidad se repite por activa y por pasiva que estos centros sí que fueron medicalizados. Una discrepancia entre ambas partes que se encuentra, básicamente, en la interpretación que hacen del concepto "medicalizar". Sobre esta cuestión concreta ya se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un auto de finales de abril: "La solicitud de medicalizar una residencia debe entenderse en este marco normativo como una petición dirigida a la Autoridad Sanitaria autonómica competente para que adopte la decisión de 'modificar el uso' de estos centros en orden a 'su utilización como espacios para uso sanitario". Y, por si quedaban dudas, puso un ejemplo muy fácil de entender para el Ejecutivo de Ayuso. "Medicalizar una residencia de mayores puede considerarse lo que [...] se ha llevado a cabo de forma notoria y públicamente conocida en algunos hoteles de la capital y en el recinto ferial de Ifema". Un ejemplo al que la diputada de Unidas Podemos se agarró durante para incidir en este asunto.

–"¿Durante ese tiempo estuvo alguna residencia medicalizada?", preguntó la parlamentaria.

–"No sé a lo que nos referimos con medicalizar una residencia", respondió el exgerente del AMAS.

–"Más o menos, lo que hicieron en Ifema o con los hoteles medicalizados. Llevar los recursos necesarios, humanos y técnicos, suficientes para que en un caso dado se convierta en un hospital", replicó Villa.

Fue entonces cuando Álvarez dijo que hubo un caso "específico y especial", el de la residencia de ancianos La Paz, donde dos días antes de decretarse el estado de alarma se detectó un primer brote descontrolado. "Ahí sí que se pusieron recursos hospitalarios", dijo el exgerente del AMAS, quien deslizó que había sido una excepción. "Al nivel en que se hizo en La Paz, no fue replicable", reiteró más tarde en respuesta a las preguntas de los socialistas.

Quien fuera responsable de las residencias madrileñas también ha confirmado otra de las preocupaciones que Reyero se encargó de trasladar por carta a Ruiz Escudero el pasado 11 de abril: las "derivaciones" de pacientes dados de alta desde un hospital "que son trasladados a centros residenciales directamente siendo positivos de covid-19", una situación que podía provocar "nuevos picos de contagio". "Me consta que llamó algún centro para trasladar a alguna persona desde los hospitales. Ese día lo pongo en conocimiento del consejero", aseguró Álvarez en la comparecencia. Y concretó que en los centros de la Agencia Madrileña de Atención Sociosanitaria hubo "ingresos" procedentes de "alguna residencia" que "cerró" y otros que llegaron del hospital de campaña de Ayuso, al que apenas fueron derivados residentes –sólo se registraron 23 pacientes de dos geriátricos–. "Unos residentes que habían trasladado hasta el Ifema y, de allí, a la AMAS", dijo sobre estos últimos.

El 'Protocolo de la Vergüenza' del Gobierno Ayuso era de obligado cumplimiento para todo el personal dependiente de Sanidad

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Los geriatras no estaban de acuerdo con el protocolo de Mur

Álvarez no fue el único al que se preguntó en repetidas ocasiones por los famosos protocolos a lo largo de las cinco horas y media de sesión. Esta fue una cuestión que también centró buena parte de la tercera, y última, comparecencia: la de Javier Martínez Peromingo. En aquel momento, él era el geriatra de referencia en el Hospital Rey Juan Carlos –luego sucedería a Mur en su puesto–. Y el encargado de coordinar la elaboración de un segundo Protocolo, en este caso mucho más clínico y técnico. De este documento, que es al que recurre la propia Comunidad de Madrid para decir que lo que se mandó con criterios de exclusión era un borrador, aunque son dos textos completamente diferentes, se redactaron hasta siete versiones, aunque sólo se distribuyó por los centros sociosanitarios dos de ellas: la quinta y la séptima.

A lo largo de su comparecencia, Peromingo repitió en varias ocasiones que los geriatras no compartían el contenido del primer protocolo, el firmado digitalmente por su antecesor en el cargo. "En el primer correo que envía el doctor Mur a las direcciones adjunta varios documentos. Por un lado, el técnico, en el que estábamos trabajando nosotros y que siempre fue un borrador, y por otro lado, otro documento manifiestamente diferente", relató Peromingo, quien dijo que ese otro protocolo puesto sobre la mesa era "más restrictivo", lo que llevó al grupo de geriatras a manifestar al propio Mur que no estaban "de acuerdo" con dicho texto y que cumplirían con el que ellos habían pactado.