El ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que firmó el denominado Protocolo de la Vergüenza, que impidió el traslado de miles de ancianos residentes a centros sanitarios durante los momentos más duros de la pandemia, se desentiende de la aplicación del mismo. Lo ha hecho durante su declaración en una causa abierta por las muertes en dos centros sociosanitarios de la región, en la que Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria, ha asegurado que los protocolos existieron y estuvieron activos. Sin embargo, ha señalado que su uso no era obligatorio, descargando la responsabilidad de su aplicación sobre las propias residencias, centros hospitalarios y geriatras de referencia.
Mur, que ahora trabaja para el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria, ha comparecido como testigo en la causa en la que se investiga la muerte de más de media docena de personas en las residencias Amavir Arganzuela y Adolfo Suárez, un procedimiento en el que figuran como investigadas . Tras él, han prestado declaración con la misma condición ante el juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid, dos geriatras de los hospitales Ramón y Cajal y la Fundación Jiménez Díaz, centros de referencia de las residencias investigadas, quienes han señalado que esos protocolos eran sus documentos de "referencia" a la hora de actuar en los momentos más negros de la pandemia.
La comparecencia del ex director general de Coordinación Sociosanitaria ha arrancado a media mañana en Plaza de Castilla. Y se ha prolongado durante algo menos de una hora. En su testifical ante el juez, Mur ha señalado que los protocolos "estuvieron activos" y fueron remitidos a "todos los centros hospitalarios" de la región. Pero a pesar de ello, el ex alto cargo del Ejecutivo regional ha dejado claro que los mismos "no eran de obligado cumplimiento". "Ha descargado la responsabilidad de la aplicación en los propios centros hospitalarios y los geriatras de referencia", ha apuntado Andrés Ollero, abogado de las familias presente en la comparecencia.
En el caso de la Comunidad de Madrid, según desveló infoLibre, la Consejería de Sanidad aprobó hasta cuatro versiones diferentes del llamado Protocolo de la Vergüenza entre el 18 y el 25 de marzo de 2020. El documento, de obligado cumplimiento a ojos de los juristas, prohibía el traslado a los hospitales de los ancianos enfermos que vivían en residencias si tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Mur ha señalado que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, "conocía" estos protocolos.
Solo en marzo y abril, los meses más negros de la pandemia, fallecieron en su residencia en Madrid sin ser trasladados a un hospital 7.291 mayores. Si algo puso de relieve la amplia investigación realizada por infoLibre sobre las muertes en las residencias fue, entre otras cosas, que la aprobación de dicho protocolo provocó un frenazo en las derivaciones. En las cuatro semanas críticas de la pandemia, entre el 9 de marzo y el 5 de abril, los traslados desde las residencias a los centros hospitalarios se desplomaron un 36,8% en comparación con las cuatro previas. Los tres días con menos derivaciones, según la información publicada en su momento por infoLibre, fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que se aprobase el Protocolo.
El ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que firmó el denominado Protocolo de la Vergüenza, que impidió el traslado de miles de ancianos residentes a centros sanitarios durante los momentos más duros de la pandemia, se desentiende de la aplicación del mismo. Lo ha hecho durante su declaración en una causa abierta por las muertes en dos centros sociosanitarios de la región, en la que Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria, ha asegurado que los protocolos existieron y estuvieron activos. Sin embargo, ha señalado que su uso no era obligatorio, descargando la responsabilidad de su aplicación sobre las propias residencias, centros hospitalarios y geriatras de referencia.