El Partido Popular lleva años situando su batalla contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en pleno corazón europeo. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y continuada por Alberto Núñez Feijóo, que no ha dado los frutos deseados. Una y otra vez, la formación conservadora ha pinchado en hueso. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias.
El enésimo intento de Feijóo de ganarse el apoyo de Bruselas para desautorizar al Gobierno de España a propósito de la amnistía tampoco está funcionando. La hoja de ruta diseñada para intentar tumbar al Ejecutivo de Pedro Sánchez pasaba por una condena unánime de las instituciones comunitarias o, al menos, a su familia política, el Partido Popular Europeo (PPE). Sin embargo, la actual presidenta de la Comisión Europea y candidata a revalidar en el cargo, Ursula Von der Leyen, no está participando de esa estrategia, ya que mantiene buena relación con el presidente español —lo ha elogiado en más de una ocasión públicamente—y, si quisiera, Sánchez podría impedir su nombramiento al ser uno de los líder de las negociaciones—junto con el canciller alemán, Olaf Scholz— del grupo de los socialdemócratas de cara al reparto de puestos.
Feijóo acudió a la capital comunitaria este lunes para participar en una reunión del PPE y, desde Bruselas, aseguró que la Unión Europea debe "velar" para frenar la amnistía y, así, garantizar el "Estado de derecho" en la cuarta economía de la zona euro. El líder del PP trata no solamente de cuestionar en Europa la legalidad de la ley de amnistía, sino retratar a Sánchez como un presidente que intenta someter a los jueces y poner fin a la independencia del poder judicial. Dos acusaciones que, de ser ciertas, con seguridad derivarían en sanciones, como las que la Comisión ya ha dictado contra algunos países, como Hungría y Polonia.
El PP apremian a la Comisión a se pronuncie. Así lo manifestó su cabeza de lista y portavoz, Dolors Montserrat, a Von der Leyen en una carta enviada la semana pasada, en la que pedían al gobierno comunitario que emitiera un dictamen cuanto antes. Sin embargo, y pese a que la amnistía ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha dejado claro que van a darse un tiempo para analizar la ley, por lo que la respuesta puede llegar incluso después del verano. Si esperaban un gesto contundente del Ejecutivo comunitario cuestionando los planes del Gobierno de coalición, se han tenido que que conformar con la única promesa de que Bruselas seguirá "muy de cerca" el asunto.
Con todo, Bruselas ya advirtió de que seguiría el criterio marcado por la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa que la Comisión utiliza como fuente de autoridad para saber quién cumple y quién no los estándares de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. El borrador no le dio la razón al PP y validó el planteamiento político del gobierno, aunque sí expuso algunas salvedades. El dictamen frustró las expectativas de Feijóo, convencido de que con un pronunciamiento del organismo declarando la amnistía contraria a las normas jurídicas europeas, Bruselas haría frente a Sánchez.
No es la primera vez que ocurre, ya que el líder del PP lleva enrocado en la misma estrategia desde su llegada y ha intentado que las instituciones comunitarias desacrediten a Sánchez —sin éxito— en otras materias como la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la gestión de los fondos de recuperación, la reforma de las pensiones, la crisis medioambiental de Doñana o la Política Agraria Común (PAC).
A vueltas con el CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial, que el PP lleva un lustro negándose a renovar aferrándose a decenas de condiciones, siempre ha ocupado un lugar privilegiado dentro de esa ofensiva por europeizar cada debate nacional. Casado, por ejemplo, no dudó en trasladar a las instituciones comunitarias el plan del anterior Gobierno de reformar la ley que regula el funcionamiento del CGPJ para incluir una cláusula antibloqueo que impidiese vetar la renovación de dicho órgano siempre que hubiese un acuerdo de la mayoría absoluta de los grupos representados en el Congreso de los Diputados. Ahí sí, la Comisión Europea expresó sus dudas. Y al Ejecutivo no le quedó más remedio que dejar su iniciativa guardada en un cajón.
Pero los conservadores no han conseguido hasta la fecha que se acepte su exigencia de reformar el sistema de elección del órgano, de forma que sean los propios magistrados quienes elijan a los vocales de procedencia judicial, como condición sine qua non para la renovación. Este lunes Feijóo se ha vuelto a pronunciar, afirmando que la última propuesta de Sánchez "es un ultimátum" que "aleja cualquier tipo de acuerdo" con los socialistas. "No nos preocupa los ultimátums ni los chantajes, su propuesta es ilegal e inconstitucional", aseguró, reivindicando la vía del PP como la única solución posible para desencallar el bloqueo. Sin embargo, desde Bruselas han repetido por activa y por pasiva que lo prioritario es la renovación del Poder Judicial y que, sólo una vez se cierre ésta, se podrá hablar de cambios en el sistema de elección
Los fondos de recuperación por los que Bruselas ha felicitado a España
Siguiendo, de nuevo, la estela de su antecesor en el cargo, desde que llegó a la presidencia del PP Feijóo ha cuestionado una y otra vez la gestión de los fondos de recuperación Next Generation, pese a que la Comisión Europea siempre ha remarcado que el dinero va ligado al cumplimiento de las reformas acordadas y en más de una ocasión ha felicitado a España por su celeridad. En su primer acto formal de la campaña de las europeas, el líder del PP dio un paso más allá y arremetió contra la deuda que, su juicio, van a generar los fondos europeos. "Hay algunos políticos que vienen aquí que dicen que han conseguido los Next Generation. No, no, lo que has conseguido es endeudar a los europeos en 750.000 millones de euros", dijo.
"Cuando viene un político a decir que ha conseguido [fondos] preguntad de dónde [los] ha sacado. Probablemente de que ha incrementado la deuda. Ese no es un buen político", prosiguió, cuestionando por primera vez no solo la gestión de los fondos por parte del Gobierno, sino el hecho de que se dieran en un primer lugar pese a que fue pactado por los Veintisiete tras la propuesta de la Comisión Europea, liderada por Von der Layen. Las palabras del líder del PP contrastan con el empeño de su candidata durante toda la campaña de atribuir a a la familia del PP europeo su recepción.
La reforma de las pensiones pactada con Bruselas
El pasado año el presidente del PP también cargó contra el sistema aprobado por el Gobierno de coalición, contraponiéndolo al francés, que precisamente provocó la ira en las calles del país vecino durante semanas. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, le afeó a Feijóo su crítica y le pidió una oposición "constructiva" durante una reunión que ambos mantuvieron después de que el líder conservador tachara de "parche" la reforma de las pensiones que el Gobierno ha negociado con Bruselas.
“Lo que se dice es que en 2025 se van a volver a hacer las cuentas del agujero de las pensiones. Lo que contrasta con el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el Gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario al español. Seguro que uno de los dos se equivoca, y me da la sensación de que nos estamos equivocando aplazando un debate imprescindible”, sostuvo Feijóo. Lo que se le olvidó fue que la reforma española tiene el visto bueno de Bruselas y fue negociada por el Ejecutivo español con el equipo de Gentiloni.
La crisis de Doñana que provocó un choque con la Comisión
Después de que el Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno Bonilla (PP), prometiera sacar adelante una ley para ampliar las tierras regables junto al espacio natural, pese a la evidencia abrumadora de que son estos cultivos los que vacían las reservas subterráneas de agua de Doñana, el comisario del ramo, Virginijus Sinkevičius, alertó de los “efectos desastrosos” para el parque natural de la ley de la Junta andaluza. Poco después, el alemán Manfred Weber, le acusó a él y al vicepresidente del Ejecutivo europeo, Frans Timmermans, de “hacer campaña para Pedro Sánchez”, en consonancia con la estrategia del PP de Feijóo.
Bruselas desbloquea el cuarto pago del plan de recuperación para España
El PP además, aseguró que las críticas del comisario de Medio Ambiente por Doñana se explican porque en ese departamento trabaja el hijo del ministro Luis Planas. Bruselas se apresuró rápidamente a desmentir al partido de Feijóo asegurando que el hijo de Planas “nunca estuvo implicado” en esta cuestión.
La PAC "de Planas" acordada con la UE
La Política Agraria Común ha sido otro de los frentes del PP de Feijóo. Fue acordada en Bruselas con los votos de los 27 gobiernos europeos en junio de 2021, donde también votaron a favor ministros de gobiernos liderados o coliderados por el Partido Popular de 11 países, entre ellos Holanda, Suecia, Austria o Irlanda. El Partido Popular Europeo también tenía entonces —y mantiene— la presidencia de la Comisión Europea y la mayoría de asientos en el Parlamento Europeo, dos órganos indispensables para sacar adelante la política agraria común, que se renueva cada cinco años. Precisamente la Comisión fue la que propuso en 2018 reformar la PAC para introducir las nuevas exigencias medioambientales, por las que el 40% del presupuesto está ahora ligado a medidas climáticas.
El PP, sin embargo, atribuyó toda la responsabilidad de las protestas del campo a la "PAC de Planas', a su juicio "mal diseñada y con un 25% de los agricultores fuera" pese a que en 2020 el PPE publicó su posición sobre la nueva PAC 2023-2027, donde recalcó su "apoyo a que el 40%" se utilizara para medidas relacionadas con el clima". Los conservadores viraron en mayo de 2023 hacia una política agraria más reaccionaria ante el crecimiento de la extrema derecha en Europa para tratar de competir con el discurso de la extrema derecha. A esto se le suma que Von der Leyen promovió la controvertida estrategia Del campo a la mesa, que aspiraba a reducir el uso de fertilizantes nocivos un 50% en 2030.
El Partido Popular lleva años situando su batalla contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en pleno corazón europeo. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y continuada por Alberto Núñez Feijóo, que no ha dado los frutos deseados. Una y otra vez, la formación conservadora ha pinchado en hueso. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias.