"La apelación a la unidad de España no puede enturbiar el entendimiento sobre ningún derecho fundamental"

Última jornada del juicio contra los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por el referéndum del 1-O. La sesión de este miércoles en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, la número 52, ha arrancado con la presentación de los informes finales de las cinco defensas que no pudieron exponer en la jornada del martes sus conclusiones –Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Meritxell Borrás y Santiago Vila–, antesala del último turno de palabra de la docena de dirigentes políticos encausados. Y las intervenciones no han distado, en gran medida, de las escuchadas por el tribunal que preside Manuel Marchena en la sesión anterior. Eso sí, a las consideraciones jurídicas planteadas por los letrados el martes se ha añadido en esta última jornada otro elemento más: el libre ejercicio de los derechos fundamentales. “La apelación a la unidad de España no puede enturbiar el entendimiento sobre ningún derecho fundamental”, han señalado.

Marina Roig, que representa al presidente de Òmnium Cultural, ha sido la primera en tomar la palabra para rechazar tanto la sedición planteada por la Abogacía del Estado como para intentar desmontar la supuesta “conducta violenta” durante aquel otoño caliente en Cataluña sobre la que la Fiscalía sostiene el delito de rebelión. La abogada, que cedió este martes su turno de palabra a la representación letrada del exconseller Carles Mundó por encontrarse indispuesta, ha ocupado su intervención en enmarcar las movilizaciones sucedidas en septiembre de 2017 en el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación. En su exposición, que se ha prolongado durante casi una hora, Roig ha criticado la “criminalización” que se está haciendo de la “participación colectiva” y ha afirmado que el Ministerio Público sostiene su acusación en un relato de hechos que “no se ajusta a la realidad de lo acontecido y a las pruebas”.

“No hay Constitución sin democracia y no hay democracia sin participación de los ciudadanos”, ha señalado la defensa de Cuixart. La abogada ha señalado que la acusación del líder de Òmnium Cultural es el ejemplo perfecto de “la concepción de la movilización ciudadana como una amenaza” y ha recalcado que “la unidad de España no puede enturbiar el entendimiento sobre ningún derecho fundamental”. En este sentido, ha dicho que “determinados poderes del Estado” abordan estas movilizaciones como una amenaza, algo que a su juicio “debe ser controlado” e, incluso, “desalentado” por el derecho penal. Hechas estas aclaraciones, ha recurrido a las instancias internacionales para recordar que la resistencia pasiva se incluye “en el concepto de reunión pacífica”, que “la libertad de reunión es un derecho, por lo que no puede estar sometida a autorización” y que los organizadores “no son responsables” del “comportamiento ilícito” de terceras personas en protestas pacíficas.

Roig ha aseverado que “los hechos se han tergiversado” con la intención de “hacer encajar la actitud” de Cuixart “en los delitos que son objeto de acusación”. En este sentido, ha dicho que las expresiones que utiliza el Ministerio Público “quedan vacías” si se confrontan con “las pruebas mostradas en el juicio”. Así, ha recordado que la concentración frente a la Consellería de Economía tuvo un carácter pacífico y que los registros se pudieron realizar “en su integridad” y “sin impedimentos”. “No hubo quema de contenedores, ni destrozo de material urbana, ni batalla campal entre manifestantes y fuerzas policiales. Hubo, eso sí, concentraciones de protesta y algún incidente puntual”, ha explicado Roig, añadiendo que Cuixart “insistió siempre” en que “la concentración debía mantener un carácter pacífico y tranquilo”. Lo mismo pidió Cuixart para el 1-O, una jornada en la que hubo, según ha dicho la abogada, “un ejercicio de resistencia pacífica”.

“Amparada en la inviolabilidad parlamentaria”

La segunda defensa en intervenir ha sido la de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, para la que se solicitan entre 10 y 17 años de prisión. La que fuera cabeza visible de la Cámara catalana durante el otoño independentista está incluida por las acusaciones en el pilar “parlamentario” sobre el que se apoya la “estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de República”. En concreto, en su escrito de conclusiones final el Ministerio Público sitúa el epicentro de este pilar “en la actuación de la Mesa del Parlamento autonómico, cuya función consistía en permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales, a modo de cobertura normativa del nuevo Estado que sustituyera a la legalidad democrática vigente”.

La letrada Olga Arderiu ha arrancado su exposición mostrando, como ya hizo en la fase de cuestiones previas, su sorpresa por el hecho de que Forcadell esté siendo juzgada en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación mientras que otros exmiembros de la Mesa del Parlament se están enfrentando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sólo a un delito de desobediencia, que exclusivamente comporta inhabilitación y una multa. “Se le está juzgado por quién es y no por lo que ha hecho”, ha recalcado la abogada, añadiendo que ella siempre ha tenido la sensación de que “este juicio siempre ha sido por desobediencia”. Y ha criticado duramente que las acusaciones hayan intentado exagerar la actuación de la expresidenta del Parlament: “Apareció dónde nunca estuvo, habló donde no lo hizo, se inventaron tuits… Ha sido un intento absolutamente impropio de las acusaciones”.

La abogada también ha recalcado que su defendida “no participó en las iniciativas políticas de los grupos” ni tampoco en la toma de decisiones del Ejecutivo de Carles Puigdemont porque no formaba parte de él. “No se han acreditado reuniones, ni whatsapps, ni emails entre el Gobierno, Forcadell y las organizaciones sociales. ¿Cómo se concertaron entonces? ¿Por telepatía”, se ha preguntado Arderiu, que ha recalcado que tampoco se aprobó en el Parlament la declaración unilateral de independencia (DUI) porque sólo se votó en la Cámara la parte dispositiva, que no incluía la ruptura. En definitiva, ha sostenido la defensa, Forcadell actuó “de conformidad con el reglamento del Parlament y respetando los derechos de todos los diputados, amparada en la inviolabilidad parlamentaria”.

“Malversación posmoderna”

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La exposición de los informes finales ha concluido con las intervenciones de las defensas de los exconsellers Dolors Bassa, Meritxell Borrás y Santiago Vila. El abogado Mariano Bergés, que representa a la extitular de Trabajo, ha aprovechado buena parte del tiempo que tenía en apuntalar lo que ya expusieron en la sesión del martes sus otros compañeros: no hubo ninguna rebelión en Cataluña. Así, ha afeado que el Ministerio Público esté intentando “encajar lo que no es en un delito” y ha señalado que los hechos se han “sobredimensionado”: “El orden constitucional no corrió grave peligro, sino que funcionó y utilizó los mismos mecanismos que él mismo previó”. Además, el abogado, que ha recordado que la DUI fue un “acto político, no ejecutivo” y que Cataluña “no se segregó”, también ha rechazado la sedición. “No se produjo un alzamiento, porque requiere un carácter activo, y no puede considerarse alzamiento el resistirse a una disolución”, ha aseverado Bergés, que ha dicho que lo que se produjo el 1-O fueron hechos de resistencia pasiva.

Las defensas de Borrás y Vila, en libertad provisional al igual que el exconseller Carles Mundó, se han centrado en tumbar las acusaciones de desobediencia y, sobre todo, de malversación, que la Fiscalía cifra en casi 3 millones de euros y la Abogacía del Estado reduce a casi 2 millones. Judit Gené, letrada de Borrás, ha aseverado que las acusaciones han tenido que inventarse una “malversación posmoderna” para justificar una “rebelión posmoderna”. Entrando en detalle, y en cuanto al uso de los acuerdos marco, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda recomienda utilizarlos para “gastos recurrentes” porque permiten una “racionalización del gasto”, sin que eso quiera decir que se rebajen los niveles de control. También ha criticado que se introduzcan partidas relacionadas con Diplocat. “Los programas de visitantes llevan realizándose desde hace años. ¿Quién los convierte ahora en malversación?”, se preguntó Gené, añadiendo que es un “peligroso terreno” juzgar por malversación “una conferencia que no nos guste”.

Juan Segarra, letrado de Vila, ha señalado en su intervención aseverando que su defendido siempre ha mantenido un “posicionamiento político moderado contrario a la vía unilateral” y que dimitió “al conocer que el president no convocaba elecciones” y que fracasaba el acercamiento con el Gobierno central para alcanzar un acuerdo pactado.