Las asignaturas pendientes del Senado

Tras un último tramo de legislatura en la que el Partido Popular intentó usar su mayoría absoluta en el Senado para ganar aquellas batallas que se les complicaban en el Congreso de los Diputados, la Cámara Alta ha vuelto a ser, a las puertas del arranque de la XIII Legislatura, escenario de pelea política. En esta ocasión, el enfrentamiento ha tenido que ver con los trámites necesarios para que Miquel Iceta fuese designado senador por el Parlament de Cataluña, paso previo para que este martes 21 de mayo, cuando se constituyen las Cortes, el líder de los socialistas catalanes pudiese ser nombrado presidente de la Cámara Alta. La operación fracasó. Y obligó a Sánchez a buscar un plan B: Manuel Cruz, otro catalán.

Con unas declaraciones que iban en contra de una norma no escrita, pero sí fijada por la costumbre, que apunta a que los parlamentos regionales no bloquean a los candidatos de los partidos a senadores por designación autonómica, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Popular y Ciudadanos coincidieron en que Iceta no es la persona adecuada para ocupar el cargo de la cuarta autoridad del Estado. Los motivos para esgrimir tal cosa de ambos bloques fueron, eso sí, muy diferentes.

Los independentistas se quejaban de que Pedro Sánchez no les informó con anterioridad de esa apuesta. Las derechas, de que hubiese escogido el perfil más cómodo para los independentistas. Un hombre que ha hablado de indultos y de referéndums y que, por tanto, tendría muchas reticencias a la hora de que la institución que pretendía presidir pulsase el botón que activa el artículo 155 de la Constituciónpara ser aplicado en Cataluña, el que interviene la autonomía. Con el fracaso de la operación Iceta, a sus detractores se le caen todos estos argumentos.

Los socialistas no han ocultado que uno de los mensajes que se querían lanzar con el aterrizaje de Iceta en Madrid era el de la apuesta por el diálogo tras años de enfrentamientos entre el Gobierno central y el autonómico. Una relación enquistada desde el 1-O con dos puntos calientes: el juicio del procés y la prisión provisional de sus líderes.procés Ese mensaje, destacan, sigue en vigor con la apuesta por Manuel Cruz.

Pero también aseguran que el nuevo presidente de esta institución llega a la madrileña Plaza de la Marina con el reto de reactivar esta Cámara para lograr que cumpla su misión de representación de las comunidades autónomas y aquellas funciones que le encomienda la Constitución y su Reglamento.

No es ningún secreto que las tensiones entre el Gobierno de Rajoy y Cataluña tuvieron mucha culpa de que el Senado no activase todos los foros que le corresponde en la XII Legislatura.

Conferencia de presidentes

La Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Fue creado en 2004. Está integrado por el presidente del Gobierno, que ejerce también de presidente de la conferencia, los presidentes de las 17 comunidades autónomas y los de Ceuta y Melilla, y su objetivo es debatir y adoptar acuerdos sobre los asuntos que afectan al sistema autonómico. El Senado es el órgano que la acoge.

El pasado enero, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que salvo sorpresa presidirá desde este martes el Congreso, anunció que la séptima Conferencia de Presidentes Autonómicos se celebraría después del 26M.

Desde su creación se ha reunido en 2004, 2005, 2007, 2009, 2012 y 2017. En los siete años de Gobierno de Rajoy, este órgano sólo se reunió en dos ocasiones. En la última cita, celebrada en enero de 2017, participaron todos presidentes autonómicos, excepto los de Cataluña y País Vasco. También acudieron los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

A partir de la V Conferencia de Presidentes, celebrada el 14 de diciembre de 2009, el Gobierno aprobó un reglamento que establecía que las conferencias pasarían a celebrarse con periodicidad anual. 

Debate sobre el estado de las autonomías

También pasaron los siete años del PP de Mariano Rajoy en La Moncloa sin la convocatoria de un debate sobre el estado de las autonomías. Según el reglamento de la Cámara Alta debería haberse celebrado una vez al año. El artículo 56 bis 8 establece lo siguiente: "El Senado celebrará anualmente una sesión plenaria cuyo orden del día se dedicará íntegramente a analizar el estado de las autonomías". Estos debates se concibieron en 1994 y desde ese año se han celebrado dos más, en 1997 y en 2005.

En uno de los últimos debates de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, Pío García Escudero, portavoz del PP en la Cámara Alta por entonces, echó en cara al líder del Ejecutivo no haber acometido en casi ocho años la reforma de la Cámara de representación territorial, haber celebrado solo un debate sobre el estado de las autonomías y no haber conseguido la "eficacia y la regularidad" necesarias para la Conferencia de Presidentes. Era septiembre de 2011. Poco se ha avanzado desde entonces.

El mayor protagonismo de esta institución en los años de Gobierno de Rajoy se concentró en los últimos meses, cuando, tal y como marca la Constitución, se convirtió en la sede del debate para la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

A finales de 2018, desde el Gobierno socialista se trasladó la intención de Sánchez de que se celebrase uno de estos debates en el primer trimestre de 2019. En 2017, el PP justificó su negativa a esta convocatoria acogiéndose a lo "improductivo" de la misma.

Reforma del Senado

La reforma del Senado con el objetivo de convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial es una asignatura pendiente de los dos partidos que han gobernado en España. Los primeros debates al respecto se produjeron en la III Legislatura, concretamente en el año 1987.

En febrero de 2012 todos los grupos del Senado aprobaron la creación de una ponencia para su reforma. Por aquellas fechas, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba que Rajoy quería devolver al Senado "la importancia y el respeto" que se merecía y que una de las fórmulas estudiadas para ello era que el veto de esta Cámara tuviese el mismo valor que los del Congreso.

Cuando el Senado sí importa: PSOE y PP compiten por reactivarlo en plena confrontación por la investidura

Ver más

Excepto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los vetos del Senado pueden ser levantados con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y con mayoría simple transcurridos dos meses de la decisión de la Cámara Alta.

La X Legislatura culminó sin ningún tipo de avance en esta materia. Sus señorías se fueron de vacaciones en el verano de 2015 con un borrador más o menos consensuado. Pero a la vuelta del descanso estival, el texto no fue elevado a Pleno.

En septiembre del año pasado, con el PSOE en el Gobierno tras la moción de censura y el PP con mayoría absoluta en la Cámara Alta, los socialistas registraron una propuesta para modificar de urgencia la Ley de Estabilidad Presupuestaria para esquivar el veto del Senado a la senda del déficit. Habrá que ver si insisten en esta intención en la nueva legislatura.