La Audiencia de Barcelona reabre la causa contra dos responsables de una residencia con 87 fallecidos por covid
La Audiencia de Barcelona ha dejado a un paso de juicio a dos responsables de una residencia de Premià de Mar (Barcelona) en la que murieron 87 ancianos por coronavirus, al considerar que hay indicios de que desatendieron a los internos, que vivían en condiciones "lamentables" en plena pandemia.
En su auto, adelantado por La Vanguardia y según recoge EFE, la sección segunda de la Audiencia admite el recurso presentado por la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Premià de Mar y revoca la decisión de un juzgado de Mataró (Barcelona) de archivar la causa contra el director y una responsable médica del geriátrico DomusVi Can'Amell, abierta a raíz de una denuncia de la Fiscalía.
El juzgado de instrucción número 2 de Mataró dictó el archivo provisional de la causa al considerar que no estaban suficientemente justificados la comisión de los delitos de trato degradante, homicidio y lesiones, ambos por imprudencia grave, que se imputaron a los responsables del centro. Ahora, la Audiencia de Barcelona ha ordenado a la instructora que dicte un auto para mantener imputados a los responsables de la residencia y emplazar a las acusaciones a presentar sus escritos, con lo que deja el caso a las puertas de juicio.
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La residencia, que a 1 de marzo de 2020 tenía 230 usuarios -de un total de 272 plazas registradas- fue intervenida por la Generalitat en abril, en pleno confinamiento, cuando ya habían muerto 64 internos. En un mes, fallecieron otros 23, sostiene el auto de la Audiencia. El tribunal subraya en su resolución la situación de 25 de esos ancianos fallecidos, que fueron objeto de "una desatención con pleno conocimiento de los querellados, quienes tenían capacidad decisoria, y que les provocó en último término la muerte".
Respecto al papel del director y la responsable médica en la situación de la residencia, la sala discrepa del criterio de la jueza de instrucción y aprecia "indicios de carácter degradante de las conductas -por omisión-, dada su posición de garantes".
El auto afirma que, aunque "los informes forenses no resultan concluyentes respecto a la posible participación de los querellados en tanto autores", de la investigación del caso se desprende "una evidente negligencia en la gestión, tanto a nivel administrativo como a nivel médico, del geriátrico". Además, incide en que, cuando la Generalitat la intervino, muchos de los usuarios se encontraban en condiciones "lamentables en cuanto desatendidos más allá de lo que pudiera venir justificado por la situación de pandemia que se vivía en dicho momento".
