7291, crónica de una infamia: Ayuso fracasa en su intento de reescribir en tres días la tragedia de las residencias
"Los últimos días están siendo una locura". Carmen Martín no es capaz de responder con claridad cuando se le pregunta cómo ha pasado esta semana. Descuelga el teléfono bajo una tormenta de sentimientos y pensamientos en su cabeza. Está "conmovida", pero también "indignada". Ella y todos sus compañeros de la organización 7291 Verdad y Justicia están recibiendo "muchísimo apoyo", pero es que jamás creyó que, cinco años después, la Comunidad de Madrid fuera a "tergiversar los datos" de los fallecidos en las residencias. "Claro que duele, nos hiere mucho", suscribe Carmen López, de Marea de Residencias.
Todo estalló a las 13.30 horas de la tarde del miércoles. Cuando faltaban apenas dos días para que se cumplieran cinco años exactos de la declaración del estado de alarma y del comienzo de lo que muchos familiares de víctimas en residencias recuerdan como "una pesadilla", el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió emitir un comunicado respondiendo, con "datos exactos", a lo que consideran una "campaña de la izquierda y ultraizquierda". En la quinta página del documento, en el penúltimo párrafo, introducían un dato nunca antes ofrecido: "El número real de fallecidos en residencias fue de 4100".
Tan sólo unas horas después era la propia presidenta madrileña la que sacaba pecho, a través de un vídeo, de su gestión aquellos aciagos días de marzo de 2020. No sólo no cometieron ningún error en la gestión de la pandemia, sino que todos los errores fueron del Gobierno central, que actuó "a remolque de la gestión y de las decisiones aplicadas por la Comunidad de Madrid". Se preparaban así desde el Ejecutivo regional para dos cosas: la primera, acondicionar el terreno para el frente judicial que pueden abrir las fiscalías la próxima semana enviando a los juzgados alguno de los más de cien casos de posible discriminación en las residencias durante la primera ola de la pandemia; la segunda, contrarrestar la emisión, en la noche del jueves, del documental 7291 en TVE.
Sobre la primera cuestión todavía no ha habido ninguna novedad, a la espera de conocer cuántos de esos casos se judicializan, pero respecto a la segunda se produjo exactamente el efecto contrario que el equipo de Ayuso pretendía conseguir. La cinta, dirigida y producida por Juanjo Castro, alcanzó un 15% de cuota de pantalla y 1.278.000 espectadores durante su franja de emisión. Sólo en la Comunidad de Madrid, RTVE elevó el seguimiento del programa al 25,8%. Una audiencia de récord.
Desde el Gobierno regional y el PP de Madrid criticaron la emisión, que catalogaron de "error" y de "indecencia". Fue el secretario general de los conservadores en Madrid, Alfonso Serrano, quien señaló incluso que tanto él como "los madrileños" están "orgullosos" de la gestión de Ayuso. "Lamento que la televisión de todos se ponga al servicio de la izquierda y del Gobierno para atacar a una comunidad. Han puesto un documental que no le interesa a nadie", señaló. E insistió, de nuevo, en que llevaba por título una cifra que era "un invento". Este viernes, el Gobierno de Ayuso anunció que se querellará contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por afirmar que 7291 mayores fueron "asesinadas" en las residencias. Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, anunció que rompía relaciones. Maroto se retractó. "No fueron las palabras más adecuadas", señaló.
Para las organizaciones de familiares de las víctimas, todos estos movimientos no son más que muestras de "nerviosismo" en el equipo de Ayuso y en el PP de Madrid, cree Carmen López. "Se van a defender como puedan", subraya la portavoz de Marea de Residencias. Y ello a pesar de que los datos desmontan rápidamente la operación de maquillaje en la que se ha embarcado esta semana el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
1. La cifra de su propio Gobierno es "inventada"
No era esta este miércoles la primera vez que la Comunidad tachaba el número 7291 de "invento". Hace pocas semanas, durante un acto en Ribadeo (Lugo), Ayuso aseguró que hay una "plataforma política organizada por resentidos del PSOE y Más Madrid que se quedaron fuera de las listas" y "una serie de periodistas activistas que nunca han querido conocer la verdad" que "están utilizando una cifra inventada". Nada más lejos de la realidad.
El número que Fernando Flores, de Pladigmare, considera ya "un símbolo" procede en realidad del propio equipo de la Puerta del Sol y fue publicado por infoLibre por primera vez el 29 de julio de 2020. El periodista Manuel Rico, entonces director de investigación de este periódico, solicitó el 5 de mayo, acogiéndose a la Ley de Transparencia, información sobre los fallecimientos producidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid entre el 1 de marzo y el 30 de abril, desglosados por centro e indicando si la muerte se había producido en el hospital o en el propio centro. La respuesta llegó el 28 de julio por la mañana firmada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Adjuntado como "Anexo I", el departamento facilitó un cuadro de nueve columnas en el que se indicaba, una a una, las 475 residencias de la región, su tipología —si eran públicas, privadas o concertadas—, el número de positivos registrados en todo ese periodo, el número de fallecidos, el lugar en el que lo habían hecho y, en el caso de las muertes producidas en residencias, si éstas habían sido con covid confirmado o con síntomas compatibles de la enfermedad.
De ahí se extrajo la cifra. Cuando se suman todos los datos correspondientes a la quinta columna, la que indica cuántos residentes fallecieron en el geriátrico, aparece: 7291. El 77% del total de los 9470 que lo hicieron en todo ese periodo.
2. El INE frente al "ineficaz" Reyero
El miércoles, en su comunicado, la Comunidad de Madrid empezó a atribuir ese "invento" a una persona concreta: su exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, "que tuvo ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz". "La falsedad nació de él", aseguraron. Su nombre no aparece una sola vez en el documento recibido desde Transparencia.
Contrarrestaron esa "falsedad" presentando una cifra que nunca antes habían ofrecido en estos cinco años: 4100, un número que la Consejería de Sanidad concretó después a infoLibre en 4143. Ahora bien, ¿de dónde procede? El miércoles, tras ser preguntado sobre el origen de esta cifra, el equipo de Ayuso aseguró a este diario que procedía del departamento de Sanidad Mortuoria, el único que catalogan ahora de competente en este asunto. "Son los reales", aseguraron a preguntas de este diario. No explicaron, en cambio, ningún otro detalle. Ni el periodo al que hacía referencia, ni si se refería a fallecidos con covid confirmado o a la totalidad de defunciones en centros de mayores.
Sanidad Mortuoria depende de la Consejería de Sanidad que, preguntada al respecto sobre cómo se llega a ese número, se remite a datos "no rebatidos" del Instituto Nacional de Estadística (INE). Especifica además que corresponde a las muertes producidas entre enero y julio de 2020, "igual que las 7291", señalan. Sin embargo, y como este periódico ha publicado en numerosas ocasiones, ese último número hace referencia a los fallecimientos producidos entre el 1 de marzo y el 30 de abril, en ningún caso en el otro periodo, que engloba, por cierto, semanas en las que ni siquiera se había detectado ningún caso de covid en España y otras en las que ya ni siquiera estaba operativo el confinamiento. Cuando se le indica este detalle al departamento de Sanidad, sus fuentes se limitan a responder que "eso es lo que señaló el exconsejero Reyero".
Tras consultar la base de datos del INE [disponible en este enlace], infoLibre ha comprobado que la estadística aludida revela que entre los meses de enero y julio de 2020 fallecieron 4129 personas con covid confirmado o síntomas compatibles, un número parecido a los 4134. ¿A qué puede deberse sin embargo ese pequeño desfase? Según el propio Instituto, a que la Comunidad ha podido utilizar los datos provisionales, no los definitivos disponibles ahora.
3. La ingeniería estadística y la importancia de los Protocolos de la Vergüenza
Desde Sanidad defienden que su cifra incluye las muertes por cualquier causa, pero lo cierto es que si se suma efectivamente ese parámetro se obtienen 9620 defunciones. Ahora bien, el matiz es importante. Los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre rebelan que se impidió el traslado a los hospitales de aquellos residentes que tuvieran algún grado de dependencia o de deterioro cognitivo, estuvieran o no contagiados de covid. En las primeras semanas de marzo, además, ni siquiera se podía confirmar la enfermedad por la falta de test. Y en muchos casos ésta era asintomática y, por tanto, a priori indetectable.
¿Qué quiere decir esto? Que hubo muchos ancianos que fallecieron por coronavirus pero sin ni siquiera tener sospecha de que lo padecieran. O por cualquier otra causa o patología. Es decir, que para ver efectivamente cuántas personas murieron en residencias sin poder ser trasladados a centros sanitarios durante lo peor de la crisis sanitaria es importante incluir ese parámetro de "otras causas" en un contexto de denegación de asistencia sanitaria generalizada. Cuando así se hace en el análisis de marzo y abril aparece la cifra de 7269, muy cercana a la de 7291 ofrecida en 2020 por Transparencia.
4. El falso argumento de que “pasó igual en todas partes”
También lo señalaron esta semana, aunque viene siendo otro de los argumentos recurrentes del equipo del Gobierno madrileño. Este mismo jueves, durante el programa previo a la emisión del documental sobre la gestión en las residencias de la región, Alfonso Serrano insistió que se pone el "foco en una presidenta como si no hubieran fallecido personas en residencias en otros lugares de España". Lo dijo también la propia Ayuso en el acto de Ribadeo. "Murió gente en toda España, en residencias de todo el país y en proporción mucho más que en la Comunidad de Madrid", señaló.
En cambio, un estudio publicado en la revista Epidemiología (disponible en este enlace) certificó que Madrid fue la única comunidad con más muertes por covid en residencias que en hospitales.
Aun así, infoLibre solicitó a las Administraciones, a través de los respectivos portales de Transparencia, la información sobre el lugar donde fallecieron los residentes en marzo y abril de 2020, pero sólo pudo publicar los datos de siete comunidades. Una es Cataluña, donde, aunque no existió un protocolo como el de Madrid, también se aplicó en la práctica la exclusión hospitalaria de residentes durante varias semanas que provocó que 2797 residentes fallecieran en el propio geriátrico. El 72% del total.
En Castilla y León, según una nota publicada por su Gobierno, a 30 de abril de 2020 habían perdido la vida 2.337 residentes con covid o síntomas compatibles, de los que 1608 murieron en el propio centro, lo que equivale al 68,8% del total. Niveles similares se registraron en La Rioja (129, el 63,2%) y País Vasco (408, el 62,5%).
En Galicia, por su parte, se bajó hasta el 50,2% (138), una cifra que en Cantabria se situó en 37,4% (43) y en Canarias en el 5,9%.
5. Los archivos, por ahora, de las denuncias de los familiares
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La Comunidad de Madrid se ha parapetado muy especialmente en los sucesivos "varapalos" judiciales que han sufrido las familias de las víctimas de residencias para rechazar las críticas a su gestión en la pandemia. En concreto, según señalaron en el comunicado publicado el miércoles, la justicia ha archivado ya "más de 60 casos". Es cierto que muchas causas han terminado así, pero también que algunas sentencias han certificado la existencia de los Protocolos de la Vergüenza. Y algunas incluso han cargado contra ellos.
La última fue la emitida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, que el pasado 3 de febrero señaló que esa instrucción es "cuestionable" y que sus "consecuencias" no fueron "valoradas bien por la autoridad política". El verano pasado, el Tribunal Supremo inadmitió también la querella de otra víctima, pero aclaró en este caso que eso no suponía "un aval a las políticas sanitarias que se aplicaron en relación con las residencias de personas mayores, ni lo contrario".
Las familias han depositado ahora sus esperanzas en lo que pueda ocurrir con la macrodenuncia por discriminación que avanza en cuatro fiscalías de Madrid a la espera de que los 109 casos que incluye sean judicializados y vean paralizada así la prescripción que empezará el próximo día 18. Rechazan entrar en una guerra de cifras. Porque además les da igual cuál sea. "Para la gente que piensa en números y no en personas está claro que es mejor 4100 que 7291, pero con que únicamente se hubiera discriminado a una persona ya habría sido suficientemente grave", opina Fernando Flores. "Las cifras son lo de menos. Lo importante aquí ha sido la crueldad y la falta de humanidad del Gobierno madrileño", completa Carmen Martín.
