El escándalo del cobro de comisiones por la adjudicación de un contrato para comprar mascarillas es sin duda el más impactante vinculado a los hermanos Ayuso. Pero no es el único. Ambos tienen también un papel en el caso Avalmadrid, que se puede resumir de forma muy sencilla: la madre de Ayuso y sus socios empresariales deben 311.109 euros a la entidad semipública por un préstamo que no devolvieron, mientras que Isabel y Tomás se apropiaron de dos viviendas que debían cubrir precisamente un posible impago.
Esos 311.109 euros eran la deuda el pasado 24 de febrero, pero el importe se incrementa cada día en 25,29 euros por intereses de demora. Así consta en un informe realizado hace dos meses por Avalmadrid, al que ha tenido acceso infoLibre, y en el que se desvelan cuatro datos hasta ahora desconocidos sobre el caso: la fecha en que la entidad semipública madrileña reclamó judicialmente el pago del dinero a los avalistas, el resultado de los embargos practicados, el cálculo actualizado de la deuda y la situación de una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila) hipotecada en la operación y que Avalmadrid intenta vender de manera infructuosa desde hace año y medio.
1. Ocho años sin reclamar la deuda
El origen del caso Avalmadrid está en un préstamo de 400.000 euros concedido en marzo de 2011 a MC Infortécnica SL, empresa propiedad de los padres de Ayuso y de otros tres matrimonios. La operación fue avalada por la sociedad de garantías, una entidad donde la Comunidad de Madrid es el principal accionista y que entonces estaba controlada por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Tres meses después de recibir los 400.000 euros, MC Infortécnica dejó de pagar la nómina de sus trabajadores y a la vuelta del verano despidió a la mayoría. Para entonces, la empresa ya estaba en quiebra, como admitió la propia Isabel Díaz Ayuso en un correo enviado el 23 de septiembre de 2011 al número tres de Avalmadrid. La entonces diputada autonómica del PP había contactado con el directivo precisamente para entender cómo podía afectar al patrimonio de su familia el impago del préstamo. La respuesta era sencilla: sus padres, y los otros seis socios, eran avalistas solidarios de los 400.000 euros. Así que cada uno de ellos debía responder con todos sus bienes en caso de impago.
El 7 de octubre de 2011, dos semanas después de que la dirigente del PP confesase en el correo con el directivo de Avalmadrid que MC Infortécnica estaba muerta (y por tanto no podría devolver el dinero), los Díaz Ayuso donaron sus principales propiedades a sus hijos Isabel y Tomás. A ella un piso de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, y a él una vivienda unifamiliar de 212 metros construida sobre un terreno de 700 metros en Sotillo de la Adrada.
El primer pago de la devolución del préstamo se tenía que realizar el 15 de diciembre de 2011, pero la quebrada MC Infortécnica no devolvió ni un céntimo. Como la operación estaba garantizada con la hipoteca sobre una nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad del padre de Ayuso y el aval solidario de los ocho dueños de la empresa, a priori no parecía que Avalmadrid fuese a tener mayor problema en recuperar el dinero. Sin embargo, empezaron a sucederse toda una serie de hechos inusuales con un resultado inequívoco: Avalmadrid permitió que los deudores se descapitalizasen sin reclamarles el dinero.
En el reciente informe elaborado por la entidad semipública madrileña se pone fecha exacta a esa pasividad: “En fecha 10 de octubre de 2019 se interpone demanda de ejecución de título no judicial por importe de 253.650,71 €, más 30% en concepto de provisión de intereses y costas. Tras los trámites procesales oportunos [...] se despacha ejecución con fecha 30 de octubre de 2020, acordándose el requerimiento de pago a los demandados/ejecutados”.
Es decir, Avalmadrid acudió a los tribunales a reclamar el dinero a los avalistas en octubre de 2019, casi ocho años después de que se produjese el primer impago. Ocho años. Pero la fecha es además relevante por otra circunstancia: el caso Avalmadrid había sido desvelado en el verano de 2019 por infoLibre, que publicó una docena de informaciones exclusivas sobre el asunto, que llevaron incluso a la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid [puedes consultarlas aquí]. En otras palabras: la sociedad de garantías controlada por el Gobierno madrileño no acudió a los tribunales a reclamar el dinero hasta que el escándalo se hizo público.
2. El resultado de los embargos practicados
En su informe de finales de febrero, Avalmadrid explica cuál ha sido el resultado de la reclamación judicial del dinero a los deudores: “A fecha de hoy no se ha recibido importe alguno procedente de los embargos acordados sobre los bienes y derechos de los ejecutados”.
Aunque no lo pone en este último informe, Avalmadrid sabe perfectamente que no recuperará el dinero por una sencilla razón: fue la propia entidad semipública la que en su día permitió que los avalistas se desprendiesen de todos sus bienes sin realizar actuación alguna para impedirlo.
infoLibre reconstruyó en su día la historia registral de los 14 inmuebles que los ocho socios de MC Infortécnica utilizaron para justificar su solvencia ante Avalmadrid y lograr así que les concedieran los 400.000 euros. Los Díaz Ayuso fueron los primeros en deshacerse de su patrimonio, mediante las donaciones a sus hijos Isabel y Tomás. Pero, a la vista de que Avalmadrid permitía descapitalizarse a sus deudores, el resto siguió su ejemplo. El resultado es que, en julio de 2012, ninguno de los ocho avalistas tenían ya bienes embargables a su nombre. Habían traspasado mediante donaciones a familiares o vendido a terceros todos aquellos inmuebles que no estaban ya hipotecados.
Y no es que los morosos actuaran a escondidas. Todas las operaciones de venta o donación fueron inscritas en el Registro de la Propiedad respectivo. Y la cúpula de Avalmadrid lo sabía. Su Comité de Morosidad trató el tema del impago de MC Infortécnica en dos reuniones celebradas en abril y noviembre de 2012, en las que quedó constancia por escrito de que los padres de la entonces diputada Ayuso y sus socios empresariales estaban deshaciéndose de sus propiedades. La entidad semipública controlada por el equipo de Aguirre no hizo nada.
La única actuación que no pudo evitar Avalmadrid fue pedir la ejecución de la hipoteca sobre la nave industrial de Sotillo de la Adrada. Pero también aquí ocurrió algo rocambolesco: al procedimiento judicial iniciado para reclamar la ejecución de esa hipoteca, en febrero de 2013, se aportó también “la poliza de afianzamiento y la única acta de fijación de saldo que existía hasta ese momento”. ¿Qué significa eso? Que Avalmadrid no sólo entregó al Juzgado los documentos relacionados con la hipoteca de la nave abulense, sino todos los demás títulos que tenía para reclamar el dinero a los avalistas. Tardó años en darse cuenta y pedir que le devolviesen esos documentos entregados al parecer por error.
En ese último informe de Avalmadrid se va detallando la situación actual frente a los ochos deudores originales. Dos de ellos murieron, Jose Manuel Pitarch Divar en 2012 y Leonardo Díaz Álvarez en 2014, este último el padre de la política madrileña. La sociedad de garantías explica en su informe que tuvo conocimiento de este fallecimiento el 13 de abril de 2015, “continuándose el procedimiento frente a los ignorados herederos, los cuales, al no personarse en el proceso, son declarados en rebeldía”.
Que Isabel y Tomás Díaz Ayuso estén declarados “en rebeldía” puede parecer muy llamativo, aunque en este caso simplemente supone que renunciaron a la herencia de su padre –formada solo por deudas después de que los activos ya los hubiera traspasado a sus hijos mediante la donación de octubre de 2011– y no se tomaron la molestia de personarse en el procedimiento judicial.
Hay un tercer avalista contra el que ya no puede actuar Avalmadrid. Se trata de Juan Carlos Herrero Casasola, quien se ha acogido a lo que se conoce como “beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho”, un mecanismo introducido en la Ley de Segunda Oportunidad para que puedan saldar las deudas particulares y autónomos que cumplan determinados requisitos. Avalmadrid desistió de actuar contra Herrero Casasola en febrero de 2021, tras hablar con su letrado.
A una cuarta avalista, María Victoria Fernández Moyano, aún no han logrado notificarle la demanda de Avalmadrid. Los intentos resultaron “infructuosos”, se explica en el informe de la entidad. Moyano es la esposa de Herrero.
Tampoco con la viuda de Pitarch parece que vaya a tener demasiadas opciones Avalmadrid. María del Carmen Angulo López-Cancio se declaró en concurso de acreedores, circunstancia que le fue notificada a la sociedad de garantías en junio de 2021. Avalmadrid comunicó su posición de acreedor al administrador concursal, sin mayores noticias de momento.
Así que quedan tres de los ocho avalistas: Isabel Cristina Ayuso Puente –la madre de la presidenta madrileña– y el matrimonio formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero. El Juzgado decretó el 20 de marzo de 2021 que se les embargase a los tres “la parte legal de la pensión y demás emolumentos”. La pensión o los salarios son inembargables hasta el importe del salario mínimo mensual, ahora fijado en 14.000 euros al año. De lo que exceda esa cantidad, la Justicia puede embargar una parte.
¿Conoce Avalmadrid si recuperará algo de dinero por esta vía? De momento, no. Así lo explica en su informe: “Estamos pendientes del resultado de las últimas notificaciones efectuadas, así como de conocer el importe exacto a percibir, como consecuencia de los embargos trabados sobre las pensiones y emolumentos acordados por el Juzgado en su última resolución”. Ciertamente, la Justicia es a veces lenta: once meses después de que se decretase el embargo de “la parte legal” de las pensiones de Ayuso, Marcelino y Suñer, no es que Avalmadrid no haya ingresado ni un euro, es que todavía está pendiente de que le digan qué importe va a percibir... en caso de que vaya a recibir alguno.
3. El cálculo de la deuda
El tercer dato novedoso del informe de Avalmadrid es que actualiza el importe que le deben los morosos de MC Infortécnica. A 24 de febrero, la cantidad era de 311.109 euros. Una cifra que aumenta en 25,29 euros al día en concepto de intereses de demora. “Dicho importe se verá incrementado por la minuta de abogado y procurador”, se advierte en el informe, en el que a continuación figura la siguiente precisión: “Dado las condiciones de contratación, no es posible realizar una estimación al basarse ésta en el importe recuperado”.
Es interesante entender cómo se llega a esa cantidad de 311.109 euros. El dinero prestado a MC Infortécnica y no devuelto eran 400.000 euros. La devolución del dinero se garantizaba en teoría por dos vías: la hipoteca sobre una nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad del padre de Ayuso y el aval solidario de los ochos socios.
La nave se valoró en 213.596 euros, a pesar de que la sociedad tasadora dejó claro en su informe que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística. Y en la escritura del préstamo hipotecario se fijó como tipo para la subasta la cantidad de 544.000 euros. ¿Qué supone esto? Pues que en caso de que la nave fuese embargada por impago, saldría a subasta por ese precio y que en el mejor de los escenarios para Avalmadrid podría adjudicársela por la mitad de esa cantidad.
Eso fue exactamente lo que sucedió cuando el inmueble salió a subasta el 15 de marzo de 2018. La subasta quedó desierta y el Juzgado adjudicó la nave a Avalmadrid por un importe de 272.000 euros (50% del precio fijado). Por tanto, la deuda se redujo en esa cantidad.
Por ese motivo, a fecha 24 de febrero de 2022, el importe que debían los morosos de MC Infortécnica era de 311.109 euros. A los 400.000 euros del préstamo inicial se le fueron sumando intereses del principal y de demora, pero también se le restaron los 272.000 euros por la nave en el pueblo abulense adjudicada a la sociedad de garantías.
¿Esa nave en Sotillo de la Adrada vale realmente esa cantidad? La respuesta también está en el informe de Avalmadrid.
4. La situación del inmueble en Sotillo
Después de que el Juzgado le adjudicase la nave, en abril de 2018, Avalmadrid intentó registrarla a su nombre, pero volvió a encontrarse con otro obstáculo administrativo: “Emitido testimonio del decreto de adjudicación, y teniendo en cuenta que los ignorados herederos fueron llamados al proceso, no compareciendo y siendo declarados en rebeldía, el Registro de la Propiedad deniega la inscripción del bien” a favor de Avalmadrid hasta que transcurran los 16 meses que la ley establece para ejercer la “acción rescisoria”. Recordemos que los “ignorados herederos declarados en rebeldía” eran Isabel y Tomás Díaz Ayuso, quienes en teoría tenía esos 16 meses para impugnar la adjudicación de la nave a Avalmadrid. Por supuesto, no hicieron nada.
Así que, por fin, en septiembre de 2020 Avalmadrid logró inscribir el inmueble abulense a su nombre en el Registro de la Propiedad y, “tomada posesión del bien”, lo puso a la venta. La sociedad de garantía fijó como precio de salida 181.300 euros.
Muy pronto recibió una oferta por parte de Álvaro M.P., por una cantidad de 115.000 euros; es decir, menos de la mitad del precio por el que le fue adjudicada a Avalmadrid. El oferente ofreció un precio tan bajo con el argumento de que el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada había ampliado el suelo a la venta en el polígono industrial, lo que estaba bajando los precios. Avalmadrid pidió una nueva tasación y el nuevo valor fue de 144.639 euros, que podrían bajarse a 122.279 en caso de “venta rápida”.
Álvaro M.P no quiso llegar a esa cantidad, así que la nave sigue en manos de Avalmadrid. “Desde entonces, y hasta la fecha no se ha recibido oferta alguna por el bien, ni tan siquiera se han realizado visitas al inmueble”, se explica en el informe.
Los contribuyentes pagan; Isabel y Tomás se quedan con las viviendas
Pero, ¿al final quién ha puesto el dinero que no han devuelto a Avalmadrid la familia Ayuso y sus socios empresariales?
Las sociedades de garantías como Avalmadrid reavalan parte de las operaciones que financian. En el caso del préstamo con MC Infortécnica, los 400.000 euros estaban garantizados en un 50% por la sociedad estatal Cersa (Compañía Española de Reafianzamiento SA) y el 25% por la propia Comunidad de Madrid. El riesgo del 25% restante lo asumió Avalmadrid.
Así que cuando los Ayuso y sus socios no devolvieron el préstamo, Avalmadrid lo abonó en primera instancia al banco, pero luego le pidió a Cerca y a la Comunidad de Madrid que asumieran la parte que habían reavalado. Resultado: Cersa pagó 206.135 euros y la Comunidad de Madrid desembolsó otros 102.000. La primera cantidad salió por tanto del bolsillo de los contribuyentes españoles, dado que Cersa es una compañía estatal, y la segunda del bolsillo de los contribuyentes madrileños.
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Por supuesto, los ciudadanos no habrían tenido que poner su dinero si los Ayuso y sus socios no hubieran donado o vendido sus bienes para evitar que se los embargasen, o si Avalmadrid hubiese actuado al comprobar que los morosos se estaban descapitalizando. Como nada de eso sucedió, al final buena parte de la factura la pagaron los contribuyentes.
Cuando infoLibre desveló en el verano de 2019 todos los datos esenciales del escándalo, Más Madrid presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción al entender que podría existir, entre otros, un delito de alzamiento de bienes. La entonces número dos de Anticorrupción, Belén Suárez, archivó la denuncia en noviembre de 2019 por medio de un decreto que contenía diversas falsedades. El jefe de Anticorrupción ya era Alejandro Luzón, quien ahora ha decidido encargarse personalmente de la investigación sobre la comisión cobrada por el hermano de Ayuso en el caso mascarillas. En noviembre de 2021, el Tribunal Supremo también inadmitió una querella por alzamiento presentada contra Ayuso por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA).
A febrero de 2022, el balance que se puede hacer del caso Avalmadrid es el siguiente: los contribuyentes han pagado en total 308.135 euros, dos de los inmuebles que debían responder de la deuda están en manos de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano Tomás, y la entidad semipública madrileña no ha logrado recuperar ni un euro de los avalistas morosos.
El escándalo del cobro de comisiones por la adjudicación de un contrato para comprar mascarillas es sin duda el más impactante vinculado a los hermanos Ayuso. Pero no es el único. Ambos tienen también un papel en el caso Avalmadrid, que se puede resumir de forma muy sencilla: la madre de Ayuso y sus socios empresariales deben 311.109 euros a la entidad semipública por un préstamo que no devolvieron, mientras que Isabel y Tomás se apropiaron de dos viviendas que debían cubrir precisamente un posible impago.