Avalmadrid permitió siete operaciones de alzamiento de bienes a los avalistas del préstamo del 'caso Ayuso'

Seis de los ochos socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre ellos los padres de la ahora presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, realizaron operaciones de alzamiento de bienes para evitar que fuesen embargados tras dejar impagado un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid. Así lo demuestran los documentos registrales analizados por infoLibre. Esas actuaciones presuntamente delictivas se ejecutaron entre octubre de 2011 y julio de 2012, es decir, inmediatamente después de tener la certeza de que la empresa había quebrado y que por tanto no devolvería el dinero. Y todo ello lo hicieron ante la pasividad de la cúpula de Avalmadrid, que no adoptó ninguna medida pese a que era público que los morosos estaban traspasando su patrimonio.

Desde el 15 de julio de 2011, Isabel Díaz Ayuso era diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Y ese mismo mes entró en contacto con un directivo de Avalmadrid, gracias a la mediación de Eva Piera, entonces alto cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de la propia entidad avalista. Ayuso quería conocer, entre otros asuntos, las consecuencias que tendría el impago del préstamo para el patrimonio de sus padres. Avalmadrid es una entidad de capital mixto, cuyo principal accionista es la Comunidad de Madrid, que controla el 31% de las acciones.

A la hora de solicitar el crédito, en enero de 2011, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, se trataba de ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por municipios de Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

infoLibre ha logrado reconstruir la historia registral de esos 14 inmuebles y el resultado es el siguiente: siete cambiaron de titular mediante donaciones o ventas prohibidas por ley; tres se los adjudicaron filiales inmobiliarias del Santander y de Caixabank en procesos judiciales de embargo; otros dos aún son propiedad de los mismos dueños, aunque es probable que por poco tiempo ya que también están inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y uno ya había cambiado de manos antes de que se firmase el préstamo el 15 de marzo de 2011. El inmueble restante es una nave en el municipio de Sotilllo de la Adrada (Ávila), que fue el único que se hipotecó como garantía del crédito y que un Juzgado adjudicó a Avalmadrid en abril de 2018.

En otras palabras: los morosos de MC Infortécnica SL se deshicieron de forma presuntamente ilegal de todos los bienes que tenían a su disposición, tras saber que no iban a devolver los 400.000 euros. Los únicos inmuebles que no traspasaron fueron aquellos que ya estaban hipotecados y, por tanto, no podían enajenarlos.

Los ocho socios de MC Infortécnica SL se convirtieron en avalistas solidarios del crédito de 400.000 euros, lo que significa que todos ellos responden de la deuda total con todos sus bienes presentes y futuros. A 30 de junio de 2019, la deuda con Avalmadrid ascendía a 270.000 euros. Una cantidad que se incrementa mes a mes por los intereses de demora.

  EL ALZAMIENTO DE BIENES

La legislación española, tanto civil como penal, castiga la transmisión de bienes cuando se realiza en fraude de acreedores.

El artículo 1297 del Código Civil presume “celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito”. La donación es una enajenación a título gratuito. Los contratos en fraude de acreedores son rescindibles, durante un periodo de cuatro años desde que se celebran.

Por su parte, el artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. [La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento es amplísima. En la base de datos del Poder Judicial se pueden consultar cientos de sentencias sobre este delito. Un ejemplo, donde se incide en la comisión del delito antes de que la deuda sea exigible, es esta sentencia: STS 4396/2005].

El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores –los avalistas morosos en el caso de MC Infortécnica SL– y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien. Esa sería, por ejemplo, la situación de Isabel Díaz Ayuso.

El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. Cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años, mientras que en el resto de los supuestos es a los cinco.

Los ocho accionistas de MC Infortécnica SL eran cuatro matrimonios, todos ellos casados en régimen de gananciales. Los ocho firmaron un contrato con Avalmadrid donde se establecían sus obligaciones jurídicas como avalistas solidarios, en especial la de responder con todos sus bienes en caso de que no devolvieran el dinero. Pese a ello, seis de los ocho transmitieron sus bienes de forma presuntamente fraudulenta, aun a sabiendas de que estaban realizando una conducta castigada por el Código Penal. Los otros dos —el matrimonio formado por Juan Carlos Herrero Casasola y María Victoria Fernández Moyano— tenían todas sus propiedades hipotecadas.

Dos de los seis avalistas que cometieron los presuntos alzamientos han fallecido: Juan Manuel Pitarch en 2012 y Leonardo Díaz Álvarez —el padre de la presidenta madrileña— en 2014. Los otros cuatro están vivos y podrían enfrentarse a una hipotética investigación penal en caso de que la Justicia certificase la existencia de un presunto delito y determinase además que no está prescrito. Para ello, obviamente, es necesario que alguien presente una querella o que la Fiscalía decida intervenir de oficio. 

En cuatro de las siete operaciones sospechosas de ilegalidad participaron hijos de los morosos que estaban transmitiendo los inmuebles: Isabel Díaz Ayuso se quedó con un piso en el centro de Madrid, su hermano Tomás con una vivienda familiar en Sotillo de la Adrada (Ávila), y los tres hijos del matrimonio formado por Juan Manuel Pitarch Divar y María del Carmen Angulo López-Cancio recibieron un piso en Tapia de Casariego (Asturias) y una vivienda en Majadahonda.

Si se demostrase que esas cinco personas conocían el motivo por el que sus padres les estaban traspasando el patrimonio, podrían ser consideradas por tanto cooperadores necesarios en el alzamiento de bienes. También aquí habría que analizar si está prescrito o no ante una hipotética investigación penal. En el caso de la presidenta madrileña, infoLibre desveló un correo escrito por la propia Ayuso en el que semanas antes de que MC Infortécnica SL fuese a la quiebra admitió que la empresa estaba “muerta”. Tres semanas después de escribir ese correo, aceptó la donación del piso de sus padres.

En las otras tres operaciones los compradores de los inmuebles fueron personas ajenas a los vendedores, de forma que es improbable que tuvieran conocimiento de la ilegalidad que suponía la transmisión.

Además de las siete transmisiones irregulares, hay otra con una historia peculiar: la venta de uno de los garajes propiedad del matrimonio formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero, que se transmitió a una sociedad (Wineyards and Producers SL). Esta operación se realizó incluso antes de la concesión del préstamo por parte de Avalmadrid, de forma que estaríamos hablando en realidad de un engaño en la información aportada por estos socios para justificar su solvencia y no de un alzamiento de bienes. Los administradores de Wineyards and Producers SL siempre han sido familiares de la pareja Marcelino-Suñer, incluidas dos hijas.

  EL DESTINO DE LOS 14 INMUEBLES, UNO A UNO

Veamos qué ocurrió con los 14 inmuebles que constaban en la documentación que manejó la cúpula de Avalmadrid tanto a la hora de conceder el crédito como en las reuniones del Comité de Morosidad tras el impago del mismo.

Cuatro de los 14 bienes pertenecían a los padres de la dirigente del PP. Dos eran de la sociedad de gananciales de Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente —un piso en Madrid y una vivienda en Sotillo de la Adrada—, mientras que de los otros dos era dueño el padre. Se trataba de dos naves en el pueblo abulense: de una tenía el 100% y de la otra el 50%.

Tal y como desveló infoLibre, Isabel Díaz Ayuso aceptó la donación de la nuda propiedad del piso en el barrio madrileño de Chamberí, en una escritura firmada ante notario el 7 de octubre de 2011. El usufructo del inmueble lo mantiene en la actualidad la madre de la presidenta madrileña.

El mismo día, 7 de octubre de 2011, salió del patrimonio de los Díaz Ayuso otro bien: la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada. Se trata de un chalé de 212 metros construido sobre un terreno de 700 metros cuadrados. Y se lo donaron a su otro hijo, Tomás.

Un tercer inmueble que figura en el expediente de concesión del préstamo, la nave de la que Leonardo Díaz era dueño al 50%, también dejó de ser de su propiedad al venderla el 25 de febrero de 2012. En este caso, los compradores fueron dos personas ajenas a su familia.

Y el cuarto bien es la otra nave en Sotillo de la Adrada, que fue el único bien hipotecado como garantía del préstamo de Avalmadrid, entidad que lo embargó y se lo adjudicó por vía judicial en abril de 2018.

En definitiva, de los cuatro bienes señalados por el matrimonio Díaz Ayuso para justificar su solvencia, uno no lo pudieron tocar porque estaba hipotecado, pero los otros tres desaparecieron de su patrimonio nada más tener la seguridad de que MC Infortécnica había quebrado y no devolvería el dinero. Sólo quedaba el usufructo sobre el piso del centro de Madrid.

[infoLibre descubrió una segunda operación de presunto alzamiento de bienes de la que se aprovecharon la ahora presidenta madrileña y su hermano, un local de oficinas en Madrid, que también les fue donado por el padre. Este inmueble no se tiene en cuenta en esta información ya que no fue usado ante Avalmadrid para justificar la solvencia de la pareja].

El segundo matrimonio de accionistas, Juan Manuel Pitarch Divar y María del Carmen Angulo López-Cancio, declaró ante Avalmadrid un solo bien: un piso en Majadahonda. En este caso también se produjo un sospechoso traspaso de la titularidad del inmueble, que desde el 26 de julio de 2012 pertenece a una sociedad creada ese mismo día: Las Pantorgas SL. Como administrador único de la compañía figura a día de hoy el propio Pitarch, aunque falleció tan solo tres semanas después de constituir Las Pantorgas SL. Como apoderada está su mujer. El capital de la empresa estaba repartido al 50% entre ambos en el momento de su constitución.

Tras el impago de la primera cuota del préstamo, Avalmadrid localizó otro bien que era propiedad exclusiva de María del Carmen Angulo: un piso de 60 metros en la localidad asturiana de Tapia de Casariego. Este inmueble fue vendido el 29 de junio de 2012 a tres hijos de la propietaria, en una operación que presenta las características de ser una donación encubierta. [En una auditoría interna de Avalmadrid, encargada después de que infoLibre desvelara el escándalo, se indica erróneamente que la venta del piso de Tapia se produjo el 1 de octubre de 2015. Los documentos registrales consultados por este periódico demuestran que dicha operación se produjo en realidad tres años antes].

El tercer matrimonio de avalistas era el formado por Juan Carlos Herrero Casasola y María Victoria Fernández Moyano, que demostraron su solvencia con tres inmuebles: una vivienda unifamiliar en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada y dos pisos en la localidad coruñesa de Oleiros. Los tres estaban hipotecados y los tres fueron embargados por Caixabank y Santander, que se los adjudicaron a sus filiales inmobiliarias [En la citada auditoría interna de Avalmadrid se indica erróneamente que uno de los pisos de Oleiros fue vendido por los avalistas en agosto de 2016 a una pareja con la que no tienen vínculos familiares. La venta se produjo en dicha fecha efectivamente, pero los vendedores no eran Herrero y Fernández, sino la sociedad del grupo Caixabank que se había adjudicado el inmueble dos años antes].

El cuarto matrimonio, formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero, declaró cinco inmuebles en total: una vivienda en Villanueva de la Cañada, un piso en la localidad alicantina de El Campello, los respectivos garajes de ambos inmuebles y otra plaza de aparcamiento en Alcorcón. En mayo de 2012 vendieron el piso y el garaje de El Campello a una pareja de extranjeros no relacionada con ellos familiarmente, y el 28 de septiembre de 2010 ya habían traspasado la plaza de aparcamiento de Alcorcón. El cambio de titularidad no se inscribió en el Registro hasta abril de 2011, por eso pudieron incluirla como propiedad al solicitar el préstamo aunque ya no era suya. La adquirió la empresa Wineyards and Producers SL, que siempre ha estado administrada por familiares del matrimonio.

En cuanto a la vivienda y el garaje de Villanueva de la Cañada sigue siendo de su titularidad, pero existe un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria planteado por Caixabank hace ya tres años, así que es posible que pronto sea adjudicado a la entidad financiera.

Pese a tener todos estos datos desde un primer momento, los dirigentes de Avalmadrid no hicieron nada para evitar la descapitalización de los avalistas. Notarios y abogados consultados por este periódico explican que la entidad pública debería haber adoptado dos medidas: presentar una demanda por la vía civil para anular las donaciones y ventas de inmuebles al haberse celebrado en fraude de acreedores y denunciar ante la Fiscalía los hechos para que investigase el posible delito de alzamiento de bienes.

  AVALMADRID NO ACTÚA ANTE LOS ALZAMIENTOS

El aval-crédito a MC Infortécnica SL se formalizó el 15 de marzo de 2011. La empresa recibía 400.000 euros a devolver en 36 meses. En junio, tres meses después de embolsarse el dinero, la empresa dejó de pagar a los trabadores. El 23 de septiembre despidió a la inmensa mayoría de la plantilla. Cuando llegó el momento de devolver la primera cuota del préstamo, el 15 de diciembre de 2011, la compañía estaba en quiebra y no devolvió ni un euro.

El 2 de abril de 2012, se reunió el Comité de Morosidad de Avalmadrid. La propuesta fue regularizar el importe del préstamo que ya había vencido y estaba impagado —el dinero lo había prestado Caja España, pero con el afianzamiento de Avalmadrid, que pagaba en caso de que no lo hiciera la empresa—, ejecutar la hipoteca sobre la nave de Sotillo de la Adrada y actuar contra los bienes de los avalistas.

Aquel día ya habían desaparecido cuatro bienes del patrimonio de los morosos: la nuda propiedad del piso de Madrid, la vivienda de Sotillo y una de las dos naves del pueblo abulense propiedad de los Díaz-Ayuso, y una plaza de aparcamiento en Alcorcón de los Marcelino-Suñer.

Además, una mínima diligencia por parte de Avalmadrid habría hecho que estuvieran especialmente alerta ante esta operación puesto que, ya en julio de 2011, la diputada Isabel Díaz Ayuso había estado comunicándose con un directivo de la entidad para saber qué le podía pasar al patrimonio de sus padres en caso de impago del crédito.

El Comité de Morosidad estaba formado por las siguientes personas: Juan Manuel Santos-Suárez (presidente de Avalmadrid); Juan Luis Fernández-Rubíes (consejero delegado); Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Darío Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (directora del departamento de Seguimiento del Riesgo y Recuperaciones).

Pese a los acuerdos adoptados, Avalmadrid dejó transcurrir el tiempo sin hacer absolutamente nada. Y así se llegó a la siguiente reunión del Comité de Morosidad donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, el 16 de noviembre de 2012.

Respecto al acuerdo que dicho órgano había adoptado en abril sólo se había cumplido un aspecto: pagar a Caja España. Pero ni se había iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria, ni se había actuado contra los ocho avalistas solidarios.

Así que el Comité de Morosidad decidió en aquella reunión de noviembre otra vez lo mismo: seguir pagando el crédito a Caja España y poner en marcha la ejecución hipotecaria de la nave y la dineraria de los ocho morosos.

Pero aquel día ya no faltaban en el patrimonio de los avalistas cuatro inmuebles, sino siete. Además de los desaparecidos en abril, también habían cambiado de titular el piso y el garaje de los Marcelino-Suñer en El Campello y la vivienda de los Pitarch-Angulo en Majadahonda.

De nuevo, en la propuesta del Comité de Morosidad figura el listado de bienes de los avalistas, pero en esta ocasión con un nuevo agravante: se sigue atribuyendo la titularidad de los bienes de El Campello y Majadahonda a sus anteriores propietarios, a pesar de que los Marcelino-Suñer habían vendido los suyos en mayo y los Pitarch-Angulo, en julio. Y así constaba en los Registros de Propiedad respectivos: el de Campello inscribió el cambio de titularidad el 14 de junio de 2012 y el de Majadahonda el 12 de septiembre.

Por tanto, sólo hay dos opciones: o el Comité de Morosidad analizó el caso sin ni siquiera consultar qué bienes tenían los avalistas, algo que parece inverosímil porque se trata de una información básica en estos supuestos, o decidió ocultar conscientemente que los morosos habían vendido los bienes de El Campello y Majadahonda.

Sea como fuere, la realidad es que aquel 16 de noviembre de 2012, los dueños de MC Infortécnica ya habían traspasado la titularidad… ¡de 7 de sus 14 inmuebles! En operaciones de donación o venta presuntamente ilegales se habían deshecho de cuatro viviendas (dos los Díaz-Ayuso, una los Marcelino-Suñer y otra los Pitarch-Angulo y otra), dos plazas de garaje (ambas los Marcelino-Suñer) y una nave (los Díaz-Ayuso). Esos siete bienes eran todos los que podían enajenar al no estar hipotecados.

Y la cúpula de una empresa dedicada a avalar operaciones financieras como Avalmadrid, que tiene un Comité de Morosidad que se reúne con regularidad, no se dio por enterada de algo que estaba sucediendo de forma pública. Hay que recordar que todas estas operaciones se inscribieron en los respectivos Registros de Propiedad, cuyos datos son públicos.

En la composición del Comité de Morosidad de noviembre de 2012 había un cambio respecto a abril: ya no estaba Darío Hernández Martínez como responsable de Recuperaciones y su lugar lo ocupaba Jaime Echeverría Rey. Los otros cuatro —Santos-Suárez, Fernández-Rubíes, Gómez Vivas y Parga— repetían.

El segundo acuerdo del Comité de Morosidad de actuar contra los avalistas del crédito tampoco se cumplió. Y siete años después, Avalmadrid sigue sin actuar contra ellos. Como desveló ayer infoLibre, Avalmadrid lleva desde 2015 sin responder a Cobralia –empresa que utiliza para el cobro a morosos–, que en marzo de aquel año pidió instrucciones precisas para saber cómo actuar contra los bienes de los avalistas.

Lo único que hizo Avalmadrid fue activar el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave en el pueblo abulense. La demanda la presentó en enero de 2013 y le fue adjudicada en abril de 2018.

En definitiva, ante la pasividad continuada de Avalmadrid, los avalistas morosos cometieron los siete presuntos delitos de alzamiento de bienes: tres antes de abril de 2012 y cuatro entre ese mes y julio del mismo año. Una octava operación, la venta del garaje de Alcorcon, no se puede catalogar de alzamiento ya que se hizo antes de que se firmase la concesión del crédito de Avalmadrid.

Cabe plantearse una pregunta: ¿Y por qué no traspasaron los morosos los otros seis inmuebles? La respuesta es sencilla: no podían, aunque hubieran querido. Estaban hipotecados. En cinco casos los bancos iniciaron procedimientos de ejecución —tres viviendas fueron adjudicadas a filiales del Santander y de Caixabank y otros dos inmuebles están en un procedimiento judicial de embargo a favor de esta última entidad—. Y el sexto es la nave de Sotillo de la Adrada que embargó Avalmadrid.

[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].