Las ayudas a los mineros protagonizan el preacuerdo entre Gobierno y sindicatos para el futuro del carbón

El Ministerio de Transición Ecológica y los sindicatos CCOO y UGT-FICA han puesto la primera piedra de la transición justa en las comarcas mineras ante la muerte anunciada del carbón. El Gobierno alcanzó durante la madrugada del miércoles un preacuerdo con las organizaciones, que incluye una serie de medidas para paliar el efecto económico y social ante el cierre de minas y de centrales que precipita el fin de las ayudas, bajo mandato de Bruselas, a finales de este año. Ahora queda lo más importante: concretarlo.

Los puntos básicos del preacuerdo, centrado en la extracción y tratamiento del combustible fósil, incluyen medidas y ayudas para las minas y las empresas que las explotan, para el carbón autóctono, para los trabajadores y para las comarcas y su restauración, tras el previsible desmantelamiento de una de sus grandes industrias. Las actuaciones tendrán diferentes marcos temporales: a partir de 2018 y hasta 2023 se ejecutará la restauración de las explotaciones en las diversas comarcas mineras (definidas en el texto como las albergadas en Asturias, Aragón, Castilla y León y Puertollano); las medidas “excepcionales” para las empresas se aplicarán de 2019 a 2025; y la reactivación económica de dichas regiones será de 2019 a 2027.

Los mineros son los grandes beneficiados, y a los que se dedica la mayor parte del preacuerdo. La principal medida pactada es la que garantiza la prejubilación de los trabajadores con al menos 48 años o dos décadas de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. También se establecen bajas indemnizadas para los empleados en plantilla de las empresas beneficiadas del texto.

“Estas ayudas garantizarán el reconocimiento del 72% de la media mensual de la retribución salarial ordinaria bruta”, matiza el documento, que también establece ayudas a los que no puedan acogerse a las dos actuaciones anteriores: reconocimiento de la prestación por desempleo por el periodo máximo legal, “con independencia de sus periodos de ocupación cotizada”, es decir, el llamado contador a cero, que garantiza que los trabajadores a los que se les haya agotado el tiempo con derecho a prestación podrán cobrarla igual.

Además, se garantizan ayudas “de carácter medioambiental”, destinadas a restaurar los espacios naturales afectados por la minería, y otras “medidas adicionales”: para las empresas que sigan extrayendo a partir de 2019 “y que se puedan cerrar en el periodo 2019-2025”, y para la recolocación de trabajadores en otros sectores y en otras industrias, tras una formación garantizada y financiada por el Estado.

De la reactivación de las comarcas mineras no se detalla nada. El preacuerdo se limita a instar a un “plan de acción urgente” que incluya la restauración del entorno, el impulso económico a las regiones, el desarrollo de energías renovables y los llamados “contratos de transición justa”, siguiendo el modelo de Francia, que busca blindar por ley que nadie se quede fuera de la descarbonización de la economía y que la búsqueda de un modelo sostenible no afecte a los sectores más vulnerables.

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El último punto establece la creación de una comisión de seguimiento, integrada por los firmantes del marco. La intención de los sindicatos es vigilar de cerca que el preacuerdo, alcanzado tras casi dos semanas de negociaciones con el Ministerio, se cumple, aunque por lo pronto, UGT-FICA lo considera “justo” y “razonable”. Por su parte, la ministra, Teresa Ribera, ha celebrado en Twitter el “compromiso con las personas y las comarcas afectadas”. “Hoy damos un primer gran paso”, ha asegurado.

Las indemnizaciones para los mineros y las prejubilaciones son, prácticamente, lo único medianamente definido en el documento, a expensas de los planes de acción que el Gobierno se compromete a redactar y a la espera de la tantas veces prometida Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Que, como es de esperar, también abrirá el otro gran melón: qué pasará con los puestos de trabajo, directos e indirectos, que mantiene la generación de electricidad mediante el carbón, y cómo se sustituirá la energía que aportan. Las comarcas mineras no tienen mucho tiempo.

En Asturias ya están notando los efectos de una industria en declive. No la energética, aunque una especialmente relacionada: la del aluminio, que necesita grandes cantidades de electricidad para sus procesos. Alcoa ha anunciado el cierre de sus plantas en Avilés y A Coruña, que dan trabajo a unas 700 personas entre las dos instalaciones. No se trata de ninguna iniciativa pública de “ecologismo rancio”, como afirma Foro Asturias en sede parlamentaria: la propia empresa ha tomado la decisión, muy criticada por sindicatos y el Gobierno del principado por la precipitación. El Gobierno no solo debe ocuparse de los damnificados de su propia decisión: también debe velar, y presionar, por los damnificados de la iniciativa privada que ya no perciba rentabilidad.