El lema, si fuese cierto, no podría ser más acertado: “Mi residencia es mi casa”. El problema es que la campaña publicitaria se refiere a los geriátricos de Madrid, donde se vivió una verdadera hecatombe al inicio de la pandemia y donde tres años después son constantes las quejas de familiares y residentes por la situación de desatención que padecen. En ese contexto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha considerado oportuno lanzar una campaña de propaganda que tendrá un coste de 917.821 euros, según los documentos oficiales de la Comunidad de Madrid a los que ha tenido acceso infoLibre.
El Gobierno regional describe su campaña publicitaria en los siguientes términos: “Mi residencia es mi casa muestra los testimonios de personas mayores residentes en centros de la Comunidad de Madrid, que narran cómo sus experiencias, actividades y relaciones sociales han convertido a estas instalaciones en sus hogares generando unos vínculos que refuerzan su autoestima y les ayudan a combatir los efectos perniciosos de la soledad no deseada”. Además, el Ejecutivo de Ayuso sostiene que busca “poner en valor la importancia de la atención especializada que reciben los mayores por parte de los profesionales de los centros para garantizar su bienestar físico y emocional”. La operación propagandística se lanzó el 6 de marzo y se prolongará hasta finales de este mes.
Un portavoz oficial del Gobierno madrileño confirmó los datos sobre el coste de la iniciativa, pero no quiso aclarar a preguntas de este periódico cuál es la justificación para destinar 917.821 euros a una campaña de publicidad y no a inversiones para mejorar la situación actual en las residencias.
La creatividad, a dedo
La Consejería de Presidencia, cuyo titular es Enrique López, autorizó el pasado 14 de febrero un gasto de 17.908 euros para contratar a la empresa Darwin & Verne los trabajos de creatividad de la campaña. A preguntas de infoLibre, el portavoz del Gobierno regional confirmó que dicho contrato “se hizo mediante una adjudicación directa, tal y como está prevista en la Ley de Contratos del Sector público”. Una adjudicación directa es lo que se conoce como un contrato a dedo.
“La idea creativa y la producción de los vídeos se realizaron con medios propios mientras que para los gastos que se generaron (grabación de cuñas, necesidades de producción (un sofá), fotografía, diseño de cartel y adaptaciones a los medios se adjudicó mediante un contrato menor a la agencia Darwin”, indicó el portavoz, quien también destacó que “esta campaña se hace con testimonios reales, no intervienen actores, solo personas reales que cuentan su experiencia vital en cada una de sus residencias”.
Un par de semanas después, el 1 de marzo, la Consejería de Familia que dirige Concepción Dancausa adjudicó el contrato para comprar los espacios publicitarios a la empresa Irismedia. Se trata de dos lotes: uno por importe de 494.913 euros para prensa, radio y televisión, y otro de 404.999 euros para medios online. En total, 899.912 euros.
El contrato de la campaña sobre las residencias de mayores forma parte del acuerdo marco que el Gobierno de Ayuso firmó con Irismedia, a finales de 2022, para dedicar 27,5 millones de euros a publicidad institucional en doce meses.
Zona cero de la pandemia y denuncias crecientes
Más allá de operaciones propagandísticas, lo cierto es que las residencias de Madrid llevan tres años en el ojo del huracán.
Durante la primera ola de la pandemia vivieron una auténtica hecatombe. El Gobierno de Ayuso aprobó, el 18 de marzo de 2020, un Protocolo que impedía trasladar a los hospitales a las personas mayores que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física –que iban por ejemplo en silla de ruedas– o que sufrían un deterioro cognitivo importante. El Protocolo afectaba tanto a personas con covid como a pacientes con otras patologías.
El resultado fue que, en marzo y abril de 2020, murieron en las residencias madrileñas 7.291 mayores sin recibir atención hospitalaria. Los geriátricos tampoco fueron medicalizados, como anunció entonces el Gobierno regional que se haría de inmediato. En aquellos dos meses perdieron la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en el propio centro donde vivían.
El final de la crisis sanitaria no ha supuesto el final de las críticas por el funcionamiento de las residencias madrileñas. De hecho, existe mayor conciencia de la realidad, lo que ha multiplicado las denuncias públicas. En julio de 2022, por ejemplo, familiares y residentes denunciaron la falta de personal, la mala comida y el calor en el centro de Peñuelas, titularidad del Gobierno regional aunque gestionado por la empresa Aralia. Uno de los residentes, Tomás Plaza, de 82 años, dio la cara con un testimonio contundente: “Aquí existe un maltrato en el sentido de que mi mujer es capaz de tirarse una hora y pico llena de caca hasta las narices y cuando localizas a la auxiliar dice que está llevando a los que van a comer en el segundo turno y que eso es más importante. Mi mujer, por culpa de cosas como esta, estuvo ingresada en la UCI con una infección de orina".
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Unas semanas antes se había producido una concentración delante del Centro Alzheimer Reina Sofía, gestionado por Mensajeros de la Paz, la asociación que dirige el sacerdote conocido como Padre Ángel. El actor y director Tristán Ulloa, cuya madre reside en dicho centro, leyó un manifiesto. La principal queja de los familiares era la falta de personal. Nueve meses después, el pasado 10 de marzo, la Comunidad de Madrid anunció que rompía el contrato con Mensajeros de la Paz ante las “incidencias” detectadas.
En el centro de gestión pública Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares, son constantes las quejas de empleados y familiares. La representante de las trabajadoras calificó en febrero de “insostenible” la situación y exigió que se cubran las bajas de cerca de un 25% de la plantilla. La portavoz de los familiares de residentes denunció el "empeoramiento" de las condiciones de vida de los ancianos en el último año y destacó especialmente la falta de aseo: "con suerte", tres duchas a la semana.
Son solo algunos ejemplos del malestar con la situación de las residencias madrileñas. No hace falta decir que ninguno de esos casos se mencionan en la campaña propagandística del Gobierno Ayuso. Una campaña que se ha tragado 917.821 euros de dinero público.
El lema, si fuese cierto, no podría ser más acertado: “Mi residencia es mi casa”. El problema es que la campaña publicitaria se refiere a los geriátricos de Madrid, donde se vivió una verdadera hecatombe al inicio de la pandemia y donde tres años después son constantes las quejas de familiares y residentes por la situación de desatención que padecen. En ese contexto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha considerado oportuno lanzar una campaña de propaganda que tendrá un coste de 917.821 euros, según los documentos oficiales de la Comunidad de Madrid a los que ha tenido acceso infoLibre.