Ayuso se niega a aclarar cuánto cobró su hermano tras reconocer su relación con el contrato de 1,5 millones

El jueves negro del PP se ha cerrado con muchas palabras gruesas y escasas explicaciones desde la Puerta del Sol. En plena guerra sin cuartel con Génova, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tenido más remedio que reconocer este miércoles la vinculación de su hermano con una de las empresas a las que su propio Gobierno adjudicó un contrato millonario de material sanitario durante la pandemia. Pero el asunto sigue rodeado de sombras. Principalmente, porque tanto ella como su equipo se niegan a aclarar algunos aspectos fundamentales alrededor de la licitación sobre la que Génova lleva meses poniendo la lupa.

El contrato que ha desatado el fuego cruzado –ya de forma pública– es de hace un par de años. El 1 de abril de 2020, el mismo día que el coronavirus se llevó en la región más de dos centenares de vidas, la Consejería de Sanidad madrileña compró mascarillas por 1,5 millones de euros a la compañía Priviet Sportive SL. Una adjudicación por la vía de emergencia –es decir, a dedo y sin publicidad– a una sociedad bastante peculiar. Primero, porque nunca se había dedicado al sector sanitario, sino a la ganadería y al textil. Y segundo, porque la firma estaba administrada por Daniel Alcázar, amigo de la infancia de la presidenta madrileña.

Las mascarillas se adquirieron para el pabellón diez de Ifema, en el que se montaría el famoso hospital de emergencias durante lo más duro de la primera ola. Y se pagaron a cinco euros la unidad –IVA sin incluir–, un precio similar al que estaba abonando el Ayuntamiento de Madrid por esas mismas fechas, según la información recopilada por el Tribunal de Cuentas en un informe de reciente publicación. Aquella adjudicación de emergencia fue firmada por la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila-Ponce de León.

La licitación fue destapada por elDiario.es el pasado mes de noviembre. Y la oposición la puso sobre la mesa en el Pleno de la Asamblea de Madrid. "La contratación de emergencia está claro que es una puerta abierta a la corrupción", resaltó la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso. Por aquel entonces, Ayuso evitó dar una sola explicación. Y se limitó a señalar que ella poco tenía que ver en la adjudicación de contratos. "Yo no he intervenido en mi vida en un solo contrato, no tengo ninguna relación laboral con mi familia", se limitó a responder en el tema.

Aquellas palabras se pronunciaron solo una semana después de que la Cámara regional viviese un momento especialmente tenso que ahora cobra especial relevancia. El jueves anterior, la oposición en bloque abandonaba el hemiciclo después de que la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, expulsase a una diputada socialista por sacar a colación el nombre del hermano de la presidenta en una comparecencia centrada en la contratación de emergencia. "Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar", fue la frase que desató la bronca.

Pero los torpedos lanzados desde Génova en las últimas horas han terminado por obligar a la presidenta autonómica a dar explicaciones sobre este asunto. En una comparecencia sin preguntas, Ayuso ha puesto sobre la mesa de los medios de comunicación una carpeta corporativa con tres documentos. "El contrato al que se refieren les será entregado por los servicios de prensa de la Comunidad. Y, como verán, no hay nada ilegal en él", ha resaltado la presidenta en su discurso. Pero los papeles entregados no eran más que información ya conocida y que se puede consultar en el Portal de la Contratación Pública.

Más allá de que pueda chirriar que se adjudique una licitación a la empresa de un amigo de la infancia de la presidenta que nunca antes había contratado con la administración regional y que no tenía experiencia en el sector sanitario, la clave de todo esto gira alrededor del hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso. Principalmente porque desde Génova le han acusado de haberse llevado una jugosa comisión por hacer de intermediario en la adjudicación. Un mordisco que, según ha publicado El Mundo y Abc, la dirección nacional sitúa en los 286.000 euros, lo que equivaldría a casi el 19% del valor de la licitación.

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En su intervención, la líder del Ejecutivo regional ha confirmado la vinculación de su hermano con la empresa que se llevó el contrato de 1,5 millones de euros. Pero a su manera: "Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado". Es decir, que la presidenta madrileña reconoció abiertamente que Tomás Díaz Ayuso tuvo un papel alrededor de una licitación millonaria adjudicada por su propio Ejecutivo.

Pero hasta ahí ha llegado la presidenta. Ni desde Sol ni desde el entorno de la líder del Gobierno madrileño dan una sola explicación más sobre este tema. A preguntas de este diario, se niegan a aclarar a qué se refería Ayuso con "relación comercial", si su hermano se enriqueció con aquella operación a través de un pago de 286.000 euros o si ha intermediado en alguna adjudicación más del Ejecutivo.

Unas respuestas que, al parecer, llevan meses esperando también desde Génova. El pasado 20 de octubre, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, informó a Ayuso de que el partido ponía en marcha el "procedimiento de buenas prácticas" e iniciaba "una averiguación interna" sobre este asunto. La baronesa conservadora quedó emplazada a aportar más información para aclarar el asunto del contrato. "Y hasta el día de hoy. Ha sido en vano, no hemos recibido ninguna aclaración", ha asegurado este jueves en rueda de prensa el número dos del PP