Otros 230.000 euros. La Comunidad de Madrid ha prorrogado por cuarta ocasión consecutiva el convenio de colaboración que mantiene con los obispos de las diócesis de la región para ofrecer "asistencia religiosa católica" en las residencias públicas. Desde 2020, año de la pandemia y durante el cual fallecieron 9.470 residentes sólo entre marzo y abril, Isabel Díaz Ayuso ha dedicado 920.000 euros a esta cuestión. Dicho de otro modo: la conservadora ha gastado casi un millón de euros en garantizar la celebración de misas en los 25 geriátricos adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) desde la crisis del covid. Y seguirá asegurada por ahora, y como mínimo, hasta el 29 de diciembre de 2025.
Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) que se publicó este miércoles, en el que se defiende que existe una "necesidad de prestar el servicio de asistencia religiosa católica" y que ésta "se mantiene" desde hace cuatro años, cuando se suscribió por primera vez el acuerdo actual. Era entonces plena pandemia y el Ejecutivo conservador ya había decidido que reduciría el importe que le dedicaba. Porque antes era mayor. En 2015, cuando Cristina Cifuentes llegó a la Puerta del Sol, se desembolsaron 362.567 euros. En los dos años posteriores, esta cantidad se incrementó ligeramente: 353.480 euros en 2016 y 381.575 euros en 2017. Y en 2018 alcanzó los 420.453 euros.
Ahora el montante lleva desde el convenio que se firmó a finales de 2020 completamente inalterado: son 230.000 al año, sea cual sea el número de ancianos que viven en estos centros públicos. "El colectivo de usuarios de las residencias, con una edad media de 84 años, demanda" ese servicio, "la celebración de actos de culto y la administración de los sacramentos", explican desde el Gobierno regional en el BOCM. Preguntada por infoLibre, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no aclaró los motivos por los cuales se decidió prorrogar el acuerdo. Ni tampoco las actividades concretas que se suscriben a él.
"Respetamos todas las creencias, pero lo primero que necesitan los mayores de las residencias es dignidad y cuidados. Y esto no ocurre", lamenta la diputada socialista Lorena Morales. Fue ella la que preguntó al propio Ejecutivo madrileño por esta asignación, confirmando a través de una respuesta por escrito vía Asamblea de Madrid el gasto anual de 230.000 euros durante los años 2021 y 2022. De esa cantidad, entonces y ahora como figura en las prórrogas de los acuerdos, 226.691 se destinan a gastos de personal y se abonan en doce mensualidades. El resto, 3.308 euros, se dedican a "equipamiento y material religioso" y se factura, en este caso, con carácter trimestral.
Para Morales debería de ser este un servicio gratuito, más si se enmarca esta asignación dentro de las otras partidas dedicadas a las residencias de mayores públicas. Porque la inversión para "promoción económica, cultural y educativa" para todo 2025, por ejemplo, ni siquiera llega a igualarlo: según los Presupuestos presentados por Ayuso que han recibido ya enmiendas a la totalidad de toda la oposición, la partida recibirá 227.180 euros. En cuanto a la comida ofrecida en estos centros, tanto desde el PSOE como desde Más Madrid se ha denunciado en no pocas ocasiones que todavía se mantengan los contratos por los que la Comunidad compra cinco comidas por 4,6 euros al día. "Ayuso está ofreciendo alimentación de miseria con una mano, mientras que con la otra jamás falta al convenio con la Iglesia católica", critica Morales.
"Faltan profesionales"
Emilia Sánchez, su compañera en la Asamblea de Más Madrid, coincide en el discurso. "No me parece mal que haya asistencia religiosa, siempre y cuando los mayores tengan todas sus otras necesidades cubiertas", el problema es que eso no pasa. "Faltan profesionales sanitarios, especialistas en geriatría, etc. No hemos aprendido nada desde la pandemia, las residencias funcionan ahora igual o incluso peor", lamenta. Y hay hasta cifras. Según el Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid realizado durante casi nueve meses por Pladigmare junto a UGT y CCOO y con la colaboración de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), los geriátricos necesitan, para poder ofrecer una "vida digna", 132 gerocultoras —es decir, personal de atención directa— por cada 100 residentes. La realidad, en cambio, reduce la media nacional a 59.
"A nosotras lo que nos interesa es que también se aumente suficientemente el presupuesto de las comidas, del personal y el apoyo de la Comunidad para otras actividades también muy necesarias como la actividad física o la fisioterapia", completan desde Marea de Residencias.
Ayuso no multó a ninguna residencia por el impacto del covid pese a detectarse en algunas un 36% de muertes
En cualquier caso, todas las fuentes consultadas también coinciden en señalar que la asistencia religiosa tampoco sería un problema si se ofreciera una variedad en la misma. Pero es que tampoco ocurre. "La Iglesia debería acudir a una residencia como cualquier otro ministro de culto de cualquier otra religión si alguien lo pide y no puede salir de la residencia, pero de manera altruista. Nosotros no tenemos acceso a las residencias para explicar a residentes y familias cuáles son sus derechos, ni los Consejos de residentes y usuarios existentes en las residencias tienen un lugar para sus reuniones y actividades", añade Miguel Vázquez, de Pladigmare.
Los familiares saldrán precisamente este sábado en una nueva marcha convocada por Marea de Residencias que recorrerá Madrid desde Cibeles hasta la Puerta del Sol a las 12 horas del mediodía. El objetivo, seguir exigiendo una ley de residencias que ya pedían antes de la pandemia y con la que pretenden que se garantice "una vida digna a las personas institucionalizadas mediante una amplia dotación de recursos, tanto humanos como materiales, y unas condiciones laborales acordes a la importante labor que realiza el personal que se dedica a los cuidados". Pero no sólo eso. También homenajearan a los ancianos a los que se les negó una atención sanitaria "abocándolos a la muerte más cruel". Fueron, como publicó infoLibre, 7.291.
Desde Europa Laica también abogan por esa multiconfesionalidad, pero introduciendo un matiz. Según señala Juanjo Picó, expresidente de la organización, "los privilegios se combaten suprimiéndolos, no extendiéndolos". Es decir: no se puede prohibir que una confesión religiosa tenga presencia en una residencia de ancianos, del mismo modo que tampoco puede hacerse lo propio en una cárcel o en un hospital. Es más, esto tiene que garantizarse, pero siempre debe estar autofinanciado, valora. "La libertad religiosa es una libertad que siempre debe respetarse, pero eso no puede estar a cargo del erario público", critica. "Y también debería acabarse con la supremacía de lo religioso respecto al resto de convicciones filosóficas", sentencia.
Otros 230.000 euros. La Comunidad de Madrid ha prorrogado por cuarta ocasión consecutiva el convenio de colaboración que mantiene con los obispos de las diócesis de la región para ofrecer "asistencia religiosa católica" en las residencias públicas. Desde 2020, año de la pandemia y durante el cual fallecieron 9.470 residentes sólo entre marzo y abril, Isabel Díaz Ayuso ha dedicado 920.000 euros a esta cuestión. Dicho de otro modo: la conservadora ha gastado casi un millón de euros en garantizar la celebración de misas en los 25 geriátricos adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) desde la crisis del covid. Y seguirá asegurada por ahora, y como mínimo, hasta el 29 de diciembre de 2025.