GALICIA
La Xunta declara secreto el pacto con Altri y lo excluye de la ley de transparencia: "Tiene carácter privado"
El origen del proyecto de Altri y Greenalia para instalar en Palas de Rei (Lugo) una fábrica de celulosa soluble y fibra textil lyocell a partir de este producto está en Impulsa Galicia, la empresa fundada por la Xunta y Abanca para “apoyar la maduración" de proyectos que optasen a los fondos europeos Next Generation. Fue esa sociedad, que actualmente tiene como presidenta del consejo de administración a María Jesús Lorenzana por su condición de conselleira de Economía, la que eligió a la compañía portuguesa tras lo que anunció como "negociaciones minuciosas con cuatro grandes empresas de ámbito nacional e internacional”.
La elección se concretó con la firma de un acuerdo el 1 de octubre de 2021. Un "memorando de entendimiento" cuya existencia es pública desde el día de su rúbrica, cuando la propia compañía lo divulgó a través de un comunicado oficial al regulador del mercado de valores portugués y también en una nota informativa en su sitio web. Pero su contenido específico nunca fue revelado.
En 2024, el BNG intentó sin éxito acceder a este pacto a través del mecanismo del Parlamento que permite a los grupos políticos solicitar documentación en poder de la Xunta, pero el Gobierno gallego se negó alegando que se trataba de "documentación interna de una empresa privada", una afirmación apoyada en criterios rechazados reiteradamente por el Consello de Contas, el organismo equivalente al Tribunal de Cuentas estatal. Ahora utiliza argumentos similares para dejar el pacto con Altri también fuera de la ley de transparencia.
El pasado mes de febrero, cuando todo apuntaba a que el primer dictamen ambiental de la Xunta sobre el proyecto Altri era inminente –la declaración de impacto ambiental de la fábrica acabó firmándose el 5 de marzo– , Praza.gal presentó una solicitud ante la Consellería de Economía, al amparo de la ley de transparencia, para acceder a dicho memorando. La Consellería hizo caso omiso del plazo legal de un mes para responder y no lo hizo hasta el 31 de marzo, después de que interviniera en el asunto la Comisión da Transparencia, dependiente de la Valedora do Pobo –equivalente al Defensor del Pueblo estatal—, tras un recurso de este periódico.
En esa respuesta, firmada por el secretario general técnico del Departamento, José Ramón Pardo, la Xunta expone que el memorando con Altri fue suscrito por Impulsa Galicia, una "sociedad mercantil de participación mixta" con el 40% en manos de la Xunta, el 38% dependiente de Abanca , el 12% de Reganosa y el 10% restante de Sogama . “Teniendo en cuenta las estructuras societarias –añade–, la participación total de la Xunta, incluyendo la participación indirecta a través de Sogama, es del 48,02%.
Con estas cifras, Economía alega que el Gobierno gallego no supera el 50% de participación en la compañía "determinado por la ley" ni ostenta más de la mitad de los "derechos de voto de la compañía". Y por ello "no puede considerarse una sociedad mercantil pública autónoma" ni ser tratada como tal, por lo que queda fuera "del ámbito subjetivo de aplicación de la legislación estatal y gallega de transparencia".
La Consellería precisa que, según la ley gallega, “el concepto de información pública” se limita a “aquella elaborada o adquirida” por personas y entidades “en el ejercicio de funciones y cometidos públicos”. Pero el acuerdo entre Impulsa Galicia y Altri "es de carácter privado pues se refiere a la actividad desarrollada por una sociedad mercantil privada correspondiente a actividades realizadas en el mercado, cuando se refiere a negocios jurídicos formalizados con otra sociedad mercantil privada".
El departamento que dirige Lorenzana, en definitiva, deja el pacto con Altri fuera de la ley de transparencia como ya había hecho anteriormente desde el control parlamentario, aduciendo razones que el Consello de Contas no comparte. Para el organismo supervisor de las finanzas públicas gallegas, la Xunta "debe adoptar las medidas adecuadas para hacer transparente" la "ejecución financiera" de Impulsa Galicia y "someterla al control público". Porque para el Consello, hay que tratarlo como una sociedad con mayoría pública.
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A diferencia de la Consellería, Contas sí considera que la Xunta tiene la mitad de los votos en Impulsa Galicia. “Posee directamente el 40% y el 10% indirectamente” al “ser la entidad dominante en Sogama”, ha señalado reiteradamente en informes pasados y también en la auditoría de las entidades instrumentales autónomas publicada este 1 de abril, correspondiente a 2023.
El Consello de Contas también considera que hay otros aspectos que "apuntalan el control público" de Impulsa Galicia, como "su ubicación en equipamientos públicos" –las oficinas de Impulsa Galicia están en la sede del Instituto Galego de Promoción Económica, entidad dependiente de la propia Consellería de Economía–. Lo mismo ocurre, señala, con "su objeto social y su incorporación a acciones estratégicas de la política industrial de la Xunta de Galicia y en proyectos prioritarios receptores de fondos públicos".
En este sentido, en el informe difundido este martes, Contas insiste en que "como accionista de referencia", la Xunta "debe adoptar las medidas oportunas para transparentar la actuación financiera de esta entidad". Se trata de "estar sujeto al control, a la supervisión pública y a la rendición de cuentas".
