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Las finanzas del rey emérito están siendo investigadas oficialmente por la Fiscalía del Tribunal Supremo desde hace casi un año. Son diligencias secretas de las que poco se sabe, tan sólo que, por un lado, son una derivada de las pesquisas iniciadas por Anticorrupción sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación a empresas españolas de la obra del AVE a La Meca y, por otro, están relacionadas con la utilización de fondos supuestamente de terceros para gastos personales de él y su familia. El blanqueo de capitales y el fraude a la Hacienda Pública son los dos posibles delitos en los que se centran las indagaciones del Ministerio Público. Juan Carlos I está admitiendo el segundo saldando sus deudas con el fisco, con lo que podría matar dos pájaros de un tiro y esquivar una imputación por ambos ilícitos.
Hay que partir de una base, y es que hasta junio de 2014 el rey emérito era inviolable en función del privilegio que otorga la Constitución al jefe del Estado. Un posible cobro de comisiones por la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca habría tenido lugar antes de esa fecha, de modo que, según una interpretación extensiva del Título II de la Carta Magna haría imposible una imputación por cohecho. La duda está en el uso que Juan Carlos de Borbón hiciera de esos fondos después de abdicar, una utilización que podría interpretarse como un blanqueo de capitales, aparte del delito fiscal que implica no declararlos a Hacienda.
Descartado el sobreseimiento rápido
Dado que se trata de fondos en el extranjero, los casi 65 millones de euros que habrían sido depositados en una cuenta suiza de la Fundación Lucum, radicada en Panamá, y que después fueron trasferidos a otra cuenta de Corinna Larsen, la investigación requirió primero de la solicitud de documentación de las pesquisas que desde dos años antes llevaba acabo la Fiscalía del país helvético. Comisiones rogatorias cuya tramitación es lenta y que derivan en la llegada de papeles sobre los que hay que encargar traducción, según la información facilitada en su momento por el Ministerio Público.
En los meses siguientes nada se supo de esta investigación y en octubre pasado El Confidencial publicó que las diligencias serían archivadas al extenderse la inviolabilidad a todos los hechos derivados del momento en que se produjo la adquisición de esos fondos. Sin embargo, la investigación aún no ha sido archivada a pesar de que esa información lo preveía para antes de Navidad y fuentes fiscales descartaron el pasado enero un sobreseimiento rápido y así se ha confirmado hasta ahora.
Lo que no se sabía cuando la Fiscalía del Supremo asumió las diligencias sobre el AVE a La Meca es que Anticorrupción había abierto en 2019 otra línea de investigación sobre los fondos de los que dispuso Juan Carlos de Borbón gracias a donaciones de un empresario mexicano que le transfirió dinero para sus gastos a través de tarjetas de crédito a nombre de un coronel del Ejército del Aire que ejerció como ayudante de campo del monarca emérito. Al tiempo que se conoció esta información a raíz de una noticia de elDiario.es, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, revelaba unas terceras pesquisas por la posible existencia de fondos en paraísos fiscales.
En estos últimos meses, y dado que la Agencia Tributaria no había comunicado al rey emérito ninguna investigación en su contra –como se ha encargado de remarcar su abogado– a pesar de las sospechas con los que iba contando la Fiscalía y la propia revelación que hace un año hizo el propio Felipe VI sobre fondos de dudosa procedencia y sin control de Hacienda, Juan Carlos I ha optado por regularizar impuestos que había dejado de pagar a partir de la abdicación. En total, más de cinco millones de euros en tributos no abonados entre 2014 y 2018 en conceptos de donaciones e IRPF por los gastos con fondos del millonario mexicano y por pagos en especie recibidos de la Fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans.
Esto es en lo que respecta a la evasión de impuestos sin cuya regularización Juan Carlos I podría haber enfrentado una imputación por delitos fiscales por ejercicios que prescriben en junio de este año, ya que en cada año se trata de cantidades por encima de los 120.000 euros, que es el límite que establece el Código Penal (la declaración tributaria correspondiente a 2015 se lleva a cabo en 2016 y el fraude prescribe a los cinco años).
Las regularizaciones fiscales que ha presentado el ex jefe del Estado ante la administración tributaria tiene que ser estudiada de forma pormenorizada por los fiscales del Tribunal Supremo que le investigan desde hace seis meses. "Su espontaneidad, veracidad y completitud", en palabras del Ministerio Público, son los tres requisitos que deberá cumplir a efectos de que pueda quedar anulado el delito contra la Hacienda Pública. La fiscal general insistió en ello en una comparecencia en el Congreso el pasado 2 de marzo, cuando además dijo que la puesta al día con el fisco por parte del rey emérito "darán datos y obligarán" a los fiscales del caso a realizar "nuevas investigaciones y comprobaciones".
Comprobaciones para asegurar que la declaración cumple con los requisitos antes mencionados; investigaciones porque la regularización no evita que se indague en el origen de los fondos con los que Juan Carlos de Borbón ha saldado su deuda con Hacienda con cantidades muy por encima de lo que le habría permitido la asignación anual de casi 200.000 euros que hasta marzo de 2020 estuvo cobrando de la Casa Real. La declaración constituye un "hecho nuevo" que debe ser analizado de forma pormenorizada antes de decidir sobre el archivo o no de las diligencias de investigación.
Pero aunque los investigadores consideren que la regularización no se ha hecho en tiempo para eludir el delito, la admisión de los hechos que implica que haya saldado su deuda le evitaría una sentencia dura y con pena de cárcel incluso si llegara a ser condenado, según expertos en infracciones fiscales consultados por infoLibre. El Código Penal contempla rebajas de pena de uno o dos grados tanto en la condena de cárcel que implican los delitos fiscales como en la multa a la que tiene que hacer frente el contribuyente.
La madeja del posible blanqueo
Es, por tanto, el origen de los fondos de los que pueda disponer el rey emérito lo que centraría en todo caso las sospechas en el blanqueo de capitales. El Código Penal, en su artículo 301, sanciona como responsable del delito de blanqueo a "quien adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos".
El cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de la obra del AVE a La Meca a una UTE española podría ser el delito previo a un blanqueo de capitales, pero en este caso chocaría con el privilegio de la inviolabilidad de Juan Carlos I. Lo que queda por saber es si la Fiscalía entiende que la inviolabilidad se extendería también a los años posterores a la abdicación en lo que respecta al uso de esos fondos en concreto, si es que así lo hizo, ya que el hecho primero, el cobro de los mismos, data de cuando aún era rey. La interpretación del concepto de inviolabilidad es clave en este punto y sobre ello no hay consenso entre los juristas y expertos en Derecho Constitucional.
Garzón cree que aún no se conoce todo lo sucedido en los "muchos años de operaciones oscuras" del rey emérito
Las donaciones o pagos recibidos por el rey emérito del empresario mexicano –éste lo justificó por la amistad de tantos años que les une– y de la Fundación Zagatka –De Orleans lo relacionó con una ayuda voluntaria prestada a Juan Carlos de Borbón por la tradición de su familia de apoyar a la Casa Real– no encajarían en el delito de blanqueo si efectivamente se trata de eso, de regalos sin contraprestación a cambio. Es lo que deberá determinar la investigación de la Fiscalía.
El fraude a Hacienda ahora reconocido por el rey emérito por no declarar esas donaciones y pagos sí podría ser el delito previo al blanqueo, pero en principio no sumaría condena, ya que se trataría de un ilícito subsidiario al de fraude a la Hacienda Pública que habría conseguido evitar con las regularizaciones (si éstas se han hecho en tiempo y forma).
La tercera línea de investigación se abrió el pasado otoño por una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y el diario El Mundo publicó que se trataría de un trust en la isla de Jersey con al menos cinco millones de euros del que el ex jefe del Estado sería beneficiario, aunque él lo niega.
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