El órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas, ha empezado a investigar de forma específica la venta de 4.795 viviendas públicas más algunos locales y garajes a empresas privadas llevadas a cabo tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento de Madrid durante 2013, tal y como han confirmado a infoLibre fuentes de la investigación.
El Consejo de este organismo aprobó el pasado 17 de diciembre de 2014 incluir en su programa de fiscalizaciones para 2015 la investigación de las operaciones de enajenación del patrimonio inmobiliario tanto del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que depende de la Comunidad, como de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS), que depende del Consistorio, así como los "controles" realizados al respecto por las "instituciones competentes". Con el resultado de las pesquisas, los auditores elaborarán un informe detallando las irregularidades, en el caso de que se detecten.
Estas adjudicaciones han generado alarma e indignación entre los arrendatarios. Aunque en los pliegos de condiciones de ambas licitaciones se establecía que no cambiarían las características de los contratos de arrendamiento, los afectados aseguran que las ayudas al alquiler que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad –firmadas al margen de los contratos y que son de entre el 20% y el 90% de la renta– no están siendo renovadas. Esto, denuncian, está provocando aumentos en las mensualidades y aligerando los desahucios para quienes no pueden hacer frente a los pagos.
98 millones de pérdidas
A falta de que se conozcan los detalles de ambos informes, la cuenta general de 2013 –que es la fiscalización que hace la Cámara de Cuentas de la liquidación del presupuesto de toda la Administración regional, incluidos los entes públicos y los organismos autónomos– ya incluía algunos detalles sobre la venta de los 2.935 inmuebles del Ivima. En concreto, el documento precisa que esa operación dio lugar a la "contabilización como pérdidas" de 98,1 millones de euros "por la diferencia entre el valor neto contable de los elementos enajenados y el precio de venta de los inmuebles".
A preguntas de este periódico, en la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda no dieron ninguna explicación al hecho de que haya una diferencia de más de 98 millones de euros entre el valor contable que tenían estos pisos, es decir, lo que figuraba registrado en los libros de contabilidad, y el precio al que finalmente se vendieron a las adjudicatarias, que fueron la sociedad de gestión Azora y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación. Se limitaron a insistir en que esta venta "no produjo ningún tipo de pérdida patrimonial". "Al revés, una tasadora independiente tasó los inmuebles en 168,9 millones de euros y se adjudicaron en subasta pública por 201 millones de euros, un 20% más que el precio de salida", añadieron.
En el mismo informe, la Cámara de Cuentas detallaba que en el ejercicio de 2013 –en el que se produjo esta venta– se registraron gastos "vinculados a la tramitación de dicha operación por el importe de, al menos, 202.000 euros". Es decir, que el Ivima gastó, al menos, 202.000 euros en tramitar esta venta. En la consejería solo explicaron que este dinero se utilizó para sufragar los gastos que surgen en un "proceso administrativo" como este. Un portavoz autorizado de este departamento aludió al informe de tasación –que elaboró la sociedad de tasación Tinsa, según aparece en la querella que contra este proceso presentó el PSM– o las visitas a los inmuebles, pero, a pesar de las preguntas de infoLibre, no dio más detalles sobre el gasto de ese dinero ni sobre las empresas que lo recibieron.
La venta del Ivima, en los tribunales
La venta de estas 2.935 viviendas de protección pública del Ivima es objeto de una investigación por parte del Juzgado de Instrucción 48 de Madrid iniciada tras la querella contra esta licitación presentada por el PSM y a la que se adhirieron las asociaciones de afectados como acusación popular. De hecho, según informó infoLibre este jueves, el juez ha pedido a la Guardia Civil que investigue "la posible interrelación" entre las empresas que compraron estos pisos para determinar si "los responsables del organismo adjudicador [el Instituto de la Vivienda de Madrid] o de la consejería de la que dependa" se enriquecieron de forma ilícita con esta operación.
Las compañías implicadas en esta venta –realizada a través de subasta pública– son tres: la sociedad de gestión Azora; el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación; y Encasa Cibeles, participada por ambas y constituida en septiembre de 2013, y que ejerce ahora como gestora del parque de viviendas. El consejero de Vivienda, Pablo Cavero, tiene el 16,6% de una sicav con 6,1 millones gestionada por Goldman Sachs, la misma entidad que fue una de las beneficiadas por la adjudicación de 2.935 viviendas públicas. En la consejería aseguraron, a preguntas de infoLibre, que "no hay incompatibilidad porque la sicav no es propietaria de acciones de Goldman Sachs, sino su cliente".
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La venta de la EMVS
El PSM también llevó ante la justicia la venta de vivienda pública por parte del Ayuntamiento de Madrid al estimar que la operación se hizo con un fin "especulativo" y a un precio "irrisorio" y que, por tanto, los responsables de la misma pudieron cometer los delitos de malversación de caudales públicos y sustracción de cosas a su utilidad social. Sin embargo, la querella fue archivada el pasado enero.
En julio de 2013 el Consistorio vendió 18 promociones de viviendas (1.860 pisos más algunos locales y garajes) a la empresa Fidere Vivienda S.L.U., filial del fondo norteamericano Blackstone por 125,5 millones de euros. Pero la operación no resultó todo lo ventajosa que se esperaba, según se deduce de varias actas –incluidas por el PSM en su querella– de reuniones del consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que gestiona este patrimonio, y en las que el propio consejero delegado admitía que los ingresos provenientes de esa compraventa fueron "claramente inferiores a lo previsto".
El órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas, ha empezado a investigar de forma específica la venta de 4.795 viviendas públicas más algunos locales y garajes a empresas privadas llevadas a cabo tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento de Madrid durante 2013, tal y como han confirmado a infoLibre fuentes de la investigación.