Los fondos buitre agilizan los desahucios en viviendas sociales que ahora gestionan

El caso de Fernando Encinas –un vecino del barrio madrileño de Carabanchel que logró detener in extremis su desahucio esta semana tras negociar una sustancial subida del alquiler con el fondo buitre que ahora gestiona su vivienda social– es el último que ha copado la atención mediática. Pero no es el único. Los afectados insisten en que se está cumpliendo "punto por punto" las previsiones que hizo en diciembre de 2013 la exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien advirtió de que la venta masiva de vivienda de protección pública a fondos de alto riesgo acarrearía una nueva oleada masiva de desahucios. 

Así lo certifica la activista Cristina Escribano, que trabaja de forma voluntaria prestando asesoramiento jurídico y psicológico a personas que corren el riesgo de perder lo que, en muchas ocasiones, es el último eslabón que les separa de la marginalidad y la total exclusión social: una vivienda (pública) en la que vivir. "Los casos que nos estamos encontrando ahora son de segundos o terceros intentos de desalojo o de desahucios de recuperación [ocupaciones de vivienda] porque están expirando las condiciones de refinanciación que acordaron muchas familias al inicio de la crisis, por las cuales las cuotas eran más reducidas o directamente sólo se pagaban intereses. Los fondos buitre que ahora son dueños de las viviendas se niegan a negociar", señala. 

Bajo la excusa de la asfixia financiera, el Ayuntamiento de Madrid y el Ejecutivo regional –ambos en manos del PP– pusieron a la venta en 2013 un total de 4.795 viviendas de protección pública que, hasta entonces, estaban gestionadas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), respectivamente. Estas fueron las empresas públicas que las promocionaron con el objetivo de que cumplieran un fin social. El hecho de que fueran vendidas a fondos buitre, a juicio de los activistas, pervierte su función social. "Estas empresas no dudan en utilizar el 'desahucio exprés' que puso en marcha Carme Chacón (PSOE) y que permite a un juez aprobar un desalojo tras tres meses de impago sean cuales sean las circunstancias del arrendatario. Cuando estas viviendas eran públicas había cierto margen de negociación, ahora es imposible", se queja Escribano. 

"Los adjudicatarios de estos pisos son personas de escasos recursos. La vivienda pública se supone que está pensada para vertebrar y garantizar este derecho a personas que en teoría con el libre mercado no se les puede garantizar. Creemos que la adjudicación pervierte este fin", señala Manuel San Pastor, uno de los abogados de la plataforma en Madrid. En su mayoría son inmuebles de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie por los que los inquilinos pagan entre 370 y 520 euros al mes dependiendo de sitio en el que estén ubicados y la superficie.

El problema es que muchos de ellos viven en situaciones precarias, son desempleados de larga duración y ya han agotado prestaciones y subsidios, por lo que lo tienen muy complicado para hacer frente a los alquileres de forma regular. Ante este panorama, las empresas privadas, asegura este letrado, se muestran menos proclives a la negociación. "Se están agilizando los desahucios y hay mucha incertidumbre con la renovación de contratos. Y la mayoría no tiene alternativa habitacional ni apoyo familiar", añade Cristina Escribano. Este es el caso de Fernando Encinas, que para evitar su inminente desalojo acordó pagar a su actual casero una renta mensual de 499 euros más el abono de 50 euros durante el primer año para saldar la deuda que arrastra, cantidad que subirá a 80 euros el segundo año y a 100 euros en el tercero. Para los activistas de la PAH esto es un "desahucio anunciado" porque tanto él como su pareja están en paro y tienen unos ingresos de 417 euros al mes. 

Aunque en los pliegos de condiciones de ambas licitaciones se establecía que no cambiarían las características de los contratos de arrendamiento, los afectados aseguran que las ayudas al alquiler de entre el 20% y el 90% de la renta que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad –firmadas al margen de los contratos– no están siendo renovadas. "Está habiendo problemas en este sentido porque los arrendatarios se dirigen al Ivima a pedir la subvención y allí se lavan las manos. Les dicen que hablen con las empresas y éstas no están por la labor", añade San Pastor.

Los detalle de la venta a fondos buitre 

En julio de 2013 el Consistorio vendió 18 promociones de viviendas (1.860 pisos más algunos locales y garajes) a la empresa Fidere Vivienda S.L.U., filial del fondo norteamericano Blackstone –considerado un fondo buitre por su disposición a poner dinero en activos a precio de saldo– por 125,5 millones de euros. Pero la operación que no resultó todo lo ventajosa que se esperaba. Así se deduce de una afirmación hecha por el propio consejero delegado de la EMVS en una reunión que tuvo lugar en febrero de 2014 y en la que admitió que los ingresos provenientes de esa compraventa fueron "claramente inferiores a lo previsto", tal y como se recoge en una denuncia presentada por el PSM en la que se atribuyen a los responsables de la operación los delitos de malversación de caudales públicos y sustracción de cosas a su utilidad social. Los afectados se están organizando para llevar esta adjudicación a los tribunales. 

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Por otro lado, también en el verano de 2013, el Ivima vendió al fondo de alto riesgo norteamericano Goldman Sachs y la gestora de capital privado Azora 2.939 pisos en alquiler social por 201 millones de euros. Las supuestas irregularidades cometidas en esta adjudicación están siendo investigadas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras una querella presentada por el PSM y las asociaciones de afectados que se adhirieron como acusación popular. De hecho, por este proceso está imputada la directora del Ivima, Ana Gomendio López de Asiaín, a la que los querellantes atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado los pliegos de ese concurso.

Los querellantes consideran que una de las principales irregularidades del proceso es que la firma que adquirió los edificios es EnCasaCibeles, una nueva empresa que está participada en un 98% por el fondo Goldman Sachs y un 2% por la sociedad de gestión Azora. Pues bien, según las actas de la mesa de contratación Goldman Sachs fue una de las licitadoras excluidas del procedimiento porque ella misma comunicó al órgano de contratación su voluntad de no subsanar la documentación [ver documento, aquí]. Esto supone que, de facto, la adjudicataria fue una empresa excluida del concurso. El Gobierno regional, por su parte, ha insistido desde el principio en que esta fue una "operación de éxito" porque se obtuvo un 20% más de dinero que el precio de salida del que se partía (168,9 millones). Y que su objetivo en todo caso es obtener liquidez con la que construir nuevas viviendas protegidas y acondicionar otras de las que ya gestiona y que tienen desperfectos. 

Además de esta querella, que discurre por la vía penal, decenas de afectados han presentado recursos por la vía contencioso-administrativa contra esta adjudicación. Los afectados, que recurren amparados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), alegan que esta venta también ha supuesto una importante pérdida patrimonial para la administración pública. Consideran que su futuro en estos pisos de los que son simples arrendatarios o arrendatarios con opción a compra es menos seguro bajo la administración de una empresa privada.