El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, no se inhibió el pasado 30 de agosto en el Consejo de Ministros en las decisiones sobre el bunkering en Gibraltar pese al posible conflicto de intereses en relación con una empresa de la que fue presidente hasta el mismo día en que fue nombrado ministro y de la que sigue siendo accionista. Para justificar su decisión, Cañete se amparó en un supuesto informe de la Abogacía del Estado. infoLibre se ha dirigido al Ministerio de Agricultura para solicitar dicho informe, pero la respuesta ha sido negativa: "Entendemos que no es necesario hacer público ese informe", indicó un portavoz de Cañete.
En la rueda de prensa del 30 de agosto, el ministro se refirió a una de las empresas de las que ha sido administrador, Petrolífera Ducar, y en la que mantiene un 2,5% de las acciones. Y sostuvo lo siguiente: "He pedido un informe a la Abogacía del Estado, en el cual ha dicho que, no siendo consejero de la empresa y siendo un simple accionista minoritario, no tengo por qué inhibirme en la materia".
Si el informe de la Abogacía del Estado se expresase en los términos explicados por Cañete, ello supondría una interpretación restrictiva de lo que establece el artículo 7 de la Ley 5/2006 de Regulación de Conflictos de Intereses: "Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos [...] en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público". Según indica su declaración de actividades, realizada cuando entró en el Gobierno, Cañete dejó de ser presidente de Petrolífera Ducar el 22 de diciembre de 2011. De acuerdo con la literalidad de la norma, el porcentaje de acciones que tenga el alto cargo es irrelevante a la hora de inhibirse, y lo que importa es que haya desempeñado labores de administración en los dos años anteriores a su toma de posesión. En el caso de Cañete y su empresa petrolífera, ocupó el cargo hasta el mismo día en que fue nombrado ministro.
El ministro sí se inhibió en 2012
Cañete mantiene que la relación de su empresa con el bunkering (el repostaje en el mar a través de gasolineras ambulantes) es "muy remota" porque Petrolífera Ducar se dedica a almacenar el petróleo en tierra. La oposición ha destacado, en cambio, que la empresa de Cañete "forma parte de la cadena" que practica el bunkering. La polémica por el posible conflicto de intereses se inició realmente el 30 de noviembre de 2012, cuando el ministro sí decidió abstenerse de participar en la decisión del Consejo de Ministros por la cual el Gobierno aprobó el Real Decreto 1620/2012, en el que declaraba como Zona de Especial Conservación (ZEC) las aguas limítrofes al Peñón y prohibía el bunkering en ellas. Ante una pregunta de la diputada del PSOE Meritxell Batet, el pasado junio el Ejecutivo aseguró que Cañete se había inhibido en la votación por una cuestión de conflicto de intereses, y la propuesta tuvo que ser elevada y defendida no por él, sino por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Sin embargo, el 30 de agosto se aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Evaluación Ambiental, que, como destacó el propio Cañete, tipifica "expresamente" el bunkering como una infracción –lo que provocará que lleve aparejada una "sanción de naturaleza administrativa", según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría–. En esta ocasión el ministro sí que participó en la votación con el argumento de que no se trataba de un real decreto, que tiene efecto directo sobre terceros, sino de un proyecto de ley, que no lo tiene: "Son las Cortes las que son soberanas y las que elaboran la ley. El Gobierno pone en marcha un proyecto, pero a partir de ese momento no tiene un efecto normativo respecto a terceros; por lo tanto, no hay un acto que pueda perjudicar a un tercero en el que me deba inhibir", defendió Cañete. Pero de acuerdo con al artículo 7 de la citada Ley 5/2006, el alto cargo tiene la obligación de "inhibirse del conocimiento de los asuntos" que afecten a las empresas en las que haya tenido intereses. Por tanto, ni establece diferencia entre normas, ni limita los asuntos en los que debe inhibirse el ministro.
Arias Cañete explica que tiene el 2,5% de Ducar, pero que la petrolífera “no hace bunkering”
Los otros intereses de Cañete
Petrolífera Ducar no era la única empresa administrada por Cañete cuando entró en el Gobierno. infoLibre ha consultado el Registro de Actividades de Altos Cargos y, según su propia declaración, el ministro de Agricultura también renunció a su cargo de consejero en la inmobiliaria Bami Newco, así como a la presidencia de Petrologis Canarias –una escisión de la ya citada Ducar– y a su puesto de abogado en el Colegio de Jerez de la Frontera. En su faceta de letrado, Cañete se dedicaba a "asesorar a compañías mercantiles en materia de derecho administrativo y tributario" y a la realización "de arbitrajes". El objeto social de Petrolífera Ducar y Petrologis Canarias, según explica el ministro, es "el almacenamiento de productos petrolíferos y el suministro de combustible a buques en los puertos de Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente.
Al ser nombrado ministro, Cañete también cesó en otras actividades complementarias: como tertuliano de los programas La atalaya de César Lumbreras (de la Cadena COPE) y El Gato al Agua (emitido en Intereconomía), con la curiosidad de que en el primer caso cobraba y en el segundo emitía sus opiniones de forma gratuita; como presidente del Patronato de la Fundación del RACE para el estudio de la historia del automóvil; como vocal de la Federación Española de Automovilismo, y como miembro del Patronato de la Fundación de Estudios Financieros. Estas últimas actividades no eran retribuidas.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, no se inhibió el pasado 30 de agosto en el Consejo de Ministros en las decisiones sobre el bunkering en Gibraltar pese al posible conflicto de intereses en relación con una empresa de la que fue presidente hasta el mismo día en que fue nombrado ministro y de la que sigue siendo accionista. Para justificar su decisión, Cañete se amparó en un supuesto informe de la Abogacía del Estado. infoLibre se ha dirigido al Ministerio de Agricultura para solicitar dicho informe, pero la respuesta ha sido negativa: "Entendemos que no es necesario hacer público ese informe", indicó un portavoz de Cañete.