El CGPJ acuerda por amplia mayoría pedir al Congreso que les consulte sobre la reforma para limitar sus poderes en funciones

Un total de dieciséis de los veintiún miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han aprobado este jueves una resolución en la que solicitan al Congreso de los Diputados que les consulte antes de aprobar la propuesta de reforma presentada por el PSOE y Unidas Podemos que limita las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando su mandato ha expirado, entre ellas acometer nombramientos discrecionales en órganos judiciales.

Los vocales reconocen que son los proyectos de ley que presenta el Gobierno y no las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios los que exigen el informe del Pleno del CGPJ, si bien recuerdan la "trascendencia constitucional" que supondría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar las capacidades del organismo cuando está en funciones, lo cual "exige de interpretación conforme con el Derecho de la UE que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)".

Según la resolución del Pleno, esta jurisprudencia demanda que "toda iniciativa legislativa", cualquiera que sea su origen y que, como la de los partidos que sustentan el Ejecutivo de coalición, "delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados".

Esto incluye, subraya, al propio CGPJ y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, además de las asociaciones judiciales, de fiscales, los consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las comunidades autónomas. "También resulta de lo anterior que el propio CGPJ comunique este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) a los efectos oportunos", apunta la resolución.

Progresistas y conservadores

Este acuerdo ha sido debatido y votado a petición de seis miembros del CGPJ en el Pleno ordinario celebrado este jueves por la mañana y ha sido respaldado por el presidente Carlos Lesmes; de los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Enrique Lucas, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Unos son del llamado sector conservador, pero también los hay progresistas.

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Los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en contra de la resolución y el primero ha anunciado la formulación de un voto particular al que se adherirán los demás. Los cinco habían respaldado una enmienda alternativa en la que se proponía anunciar al Congreso y al Senado la decisión mayoritaria de los miembros del órgano de gobierno de los jueces de presentar su renuncia con efectos del 1 de enero de 2021 para así forzar que las Cámaras hicieran sus previsiones institucionales correspondientes y cumplieran con su obligación de renovar el CGPJ. Sin embargo, la enmienda ha sido rechazada con el voto de los otros dieciséis integrantes del Pleno.

El acuerdo de la mayoría resalta que la "exigencia de dar audiencia a todas las partes implicadas ha sido establecida por las instituciones europeas interpretando lo dispuesto en el art. 19.1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho, entre los que ocupa un lugar destacado la independencia judicial que, con arreglo al artículo 2 del TUE, constituyen el fundamento de la Unión". "La infracción de esta exigencia puede desencadenar el mecanismo de respuesta previsto en el artículo 7 del TUE. Así se ha expresado la Comisión Europea en sus recientes Recomendaciones 2017/1520 y 2018/103 y así se le ha recordado al Reino de España en sendas comunicaciones del portavoz de Justicia de la Comisión Europea del 15 de octubre y, más recientemente, del 4 de diciembre de 2020", apunta.

En cualquier caso, los dieciséis vocales defensores de esta postura también instan a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado a que procedan "sin mayor demora" a llevar a efecto la renovación del CGPJ, como se ha venido exigiendo desde el órgano en anteriores ocasiones desde que su mandato caducó hace ya dos años.