La pandemia, inclemente con las capas más desprotegidas, despliega consecuencias socioeconómicas que se ceban con la población gitana, más pobre, con menos empleo y de más baja calidad, peor salud, menos conexión con el medio escolar, con mayor hacinamiento y convivencia intergeneracional en la vivienda... Y más dependiente de la economía de subsistencia diaria, inviable a medida que crecen las restricciones a la movilidad. Un hachazo son las limitaciones severas a los mercadillos, principal actividad económica de los gitanos. No hay brecha que no amenace con crecer. Caso aparte son los sectores marginados entre los marginados. “Imagina vivir en una chabola, imagina confinarte ahí”, señala una trabajadora en un asentamiento en Sevilla. infoLibre pone el foco en el impacto del virus sobre el pueblo gitano.
Un punto de partida bajo
La población gitana suma entre 500.000 y un millón de personas, según la estrategia de inclusión 2012-2020 del Ministerio de Sanidad. Su punto de partida es más bajo en todas las áreas clave. Un informe de la fundación Secretariado Gitano, dirigido por la catedrática de Economía Sara de la Rica y publicado en 2019, señala que la tasa de paro alcanza el 52%, tres veces más que el conjunto de la población, con el agravante de una mayor diferencia hombre-mujer (38 puntos). Entre los desempleados, los de larga duración superan el 70%. Su posición ya había salido debilitada de la anterior crisis. En 2005 los asalariados fijos eran un 9,2%; en 2018, un 3,8%. Tan solo el 26% de los gitanos perciben rentas del trabajo, con un salario medio de 754 euros, frente a casi 60% de la población general, con 1.250, según el informe. Casi la mitad de la población gitana (46,4%) es “extremadamente pobre”, con ingresos por debajo de los 310,2 euros. Tomando como referencia la tasa Arope (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), el 92% de la población gitana está en situación de pobreza y/o exclusión social.
La población gitana arrastra un mal endémico: la precariedad de la vivienda. La segregación residencial, la guetización, es un fenómeno pendiente de resolver, según el Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana del Ministerio de Sanidad. La infravivienda abarca casi el 9% de los hogares. El chabolismo, el 2,17%, al que se suma casi un punto más de barracones, viviendas móviles y otras en edificios de uso no residencial. En casi el 9% de las viviendas hay sobreocupación o hacinamiento, una bomba en tiempo de pandemia.
Los gitanos también tienen peor salud que la media, con “mayor frecuencia de problemas dentales, visuales y auditivos y de accidentes”, según la estrategia oficial de inclusión. Destaca el menor uso de las servicios ginecólogicos. La clave de bóveda de la desigualdad está en la educación, donde se reproducen y expresan estas brechas. El 80% no supera la obligatoria [ver aquí el estudio].
Agravamiento de problemas
De modo que la población gitana ya tenía peores cartas cuando empezó la partida del coronavirus. Desde abril hay luces rojas encendidas. Una encuesta de Secretariado Gitano concluyó entonces que un 40% de los 11.000 entrevistados tenía ya problemas de acceso a la alimentación. De estos, sólo una cuarta parte recibe ayuda municipal.
"El confinamiento tiene un efecto inmediato sobre la capacidad de ganarse la vida de gran parte de estas familias gitanas, que viven muy al día y subsisten con actividades precarias, a menudo irregulares y sin protección", señala la fundación.
El 34% de los encuestados tiene dificultades para pagar la luz, el 31% el agua, el 25,6% el alquiler y el 25% el gas. Más de la mitad necesitan apoyo de los servicios sociales. De las personas que necesitarían este apoyo, un 61,2% no lo está recibiendo.
Es el panorama que dejó el primer confinamiento. Desde entonces, no hay fotografías precisas. A mejor, desde luego, no han ido las cosas. La hipótesis de un segundo confinamiento domiciliario causa terror.
El palo a los mercadillos
La palabra que más se escucha al poner el oído para entender qué está pasando no es “vivienda”, ni “educación”, ni “pobreza”. Es “mercadillo”. Sus limitaciones y cierres han sido un golpe duro. “El confinamiento ha sido brutal. Antes de que se aprobara el estado de alarma, ya antes, se estaban anunciando suspensiones de comercio ambulante, por ejemplo en La Rioja. Se puso ahí el foco, hubo un señalamiento claro de esta actividad, que es al aire libre y permite subsistir día a día a muchas familias”, explica Beatriz Carrillo, presidenta de la federación de asociaciones de mujeres gitanas Fakali.
“Nos topamos con un conjunto de medidas que a todas luces son discriminatorias [...]. Hablamos, por ejemplo, de las referidas a la venta ambulante, que de nuevo se queda atrás”, señalaba Fakali en un comunicado el 23 de octubre. Fakali ponía como ejemplo la reducción del aforo al 50% y el cierre previsto para las 22.00 horas en el comercio general, comparado con la suspensión sine die de los mercadillos, 848 en Andalucía con 41.000 puestos, medida adoptada por la Junta que finalmente ha corregido.
“Tras los meses del confinamiento, la reanudación de la venta ambulante en toda España se dilató hasta un mes más que el resto del comercio. Reabrieron centros comerciales y grandes superficies mientras que los mercadillos lo hicieron de manera escalonada y con disminución de sus puestos. Y sin ningún plan de ayudas”, señala Fakali. Su presidenta, Beatriz Carrillo, explica que hay un maremágnum de normativas dispersas sobre mercadillos a nivel local, que han generado lío entre vendedores que trabajan en distintos municipios. El mensaje final que está llegando es que los mercadillos están parados.
Incluso allí donde están permitidos al 50% y con restricciones, la actividad es mínima, coinciden todos los consultados. “La situación de estas familias es ya límite. No puede ser siempre la venta ambulante el chivo expiatorio”, señala Fakali. “Durante el confinamiento, el problema de los mercadillos fue dramático. Hay mucho miedo a que se repita. Los eslabones más débiles son los que antes se parten”, señala Carrillo.
No debe sorprender este énfasis en los mercadillos. “El 47% de las personas gitanas ocupadas son autónomos, fundamentalmente en la venta ambulante, en los mercadillos. Hablamos de unas 30.500 personas, de un total de 40.000 titulares entre personas gitanas y no gitanas en unos 3.500 mercadillos”, señala Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de Secretariado Gitano, que anima “ampliar horarios o buscar espacios distintos”.
El informe de Sara de la Rica calcula en un 50% la cifra de ocupados en la población gitana dedicados a actividad, que supone un negocio aproximado de 2.100 millones al año. Secretariado Gitano no se atreve con una estimación del retroceso que la pandemia puede suponer, pero ninguna aproximación parece suficientemente pesimista. El Consejo Regional del Pueblo Gitano de Castilla La Mancha afirma que el cierre de mercadillos deja sin ingresos al 90% de familias. El mensaje es siempre el mismo: los ayuntamientos y las comunidades, que manejan el grifo de las restricciones que más directamente les afectan, deben tener en cuenta que los mercadillos son el sustento mayoritario de una comunidad con problemas históricos.
Si hubiera que llegar al confinamiento domiciliario otra vez, sería harina de otro costal. Entonces lo de ahora parecería bueno. “Sería muy duro. El primer confinamiento ya lo fue. Una mayoría empobrecida sobrevive en base a trabajo precario o informal. En el mejor de los casos, son autónomos muy afectados por restricciones. Muchas familias viven de los mercadillos. Pero con los cierres y las limitaciones están invalidados en la práctica, cuando no prohibidos”, señala Óscar Mitillo, coordinador del área de marginación de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). Las restricciones a la movilidad en general, y el confinamiento domiciliario en particular, son ataques directos a la base no sólo de los mercadillos, sino de otras actividades extendidas entre la población gitana, como la recogida de chatarra y muebles, indica Mitillo.
Déficit de vivienda
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya advirtió en marzo de la que se podía venir encima. “Buena parte de estas familias [en referencia a las gitanas en situación de pobreza] tiene en la venta ambulante, la agricultura o la venta de chatarra su fuente básica de ingresos, ya de por sí precaria. La imposibilidad de desarrollar su actividad económica en las calles, debido al confinamiento, está comenzando a generar desamparo”, señalaba el informe. El ministerio ponía ya entonces el foco en la vivienda. Cifraba en 953 los barrios "en situación de vulnerabilidad alta o muy alta", repartidos por 440 municipios: "En el caso de la población gitana, un 8,59% de sus viviendas se consideran infraviviendas. Hablamos de que esta situación afecta a más de 47.000 personas. La población que habita estos entornos parte de una situación previa con gran incidencia de la pobreza: el 86% están por debajo de ese umbral, con un 46% en situación de pobreza extrema, y una tasa de pobreza infantil del 89%".
Macarena Olid, educadora de la Federación Liberación, realiza parte de su trabajo en el asentamiento chabolista de El Vacie, en Sevilla. “Los efectos de la pandemia en la población excluida son devastadores. Han llevado la resistencia de la gente al límite. Imagina vivir en una chabola, imagina confinarte ahí. ¿Te lo imaginas? Pues ya está. Son viviendas totalmente indignas, sometidas a inclemencias del tiempo”, señala Olid, que insta a las administraciones a tomar conciencia de la gravedad de un problema que supone una vulneración del derecho a la vivienda justo en un momento en que animar a la gente a quedarse en casa es parte de la estrategia básica de salud pública.
Precisamente durante la crisis sanitaria ha habido barrios, con significativa presencia de población gitana, que han dado la voz de alarma. Así describían las viviendas habituales dos plataformas vecinales de Sevilla en los días más duros del confinamiento: “Familias encerradas en pisos de 45 metros cuadrados y sin recursos básicos". "Muchas de estas familias tienen una composición extensa. Las condiciones de las viviendas, la mayoría con menos de 50 metros construidos, con ventanucos estrechos, sin ascensor, con problemas de habitabilidad por falta de mantenimiento, muchas en estado casi ruinoso, hacen aún más insoportables las incomodidades en una situación de hacinamiento familiar con ancianos y menores".
Brechas que se ensanchan
Una de las brechas que más pueden abrirse es la educativa. Está demostrado que la pandemia la ha ensanchado [ver aquí y aquí]. Los que estaban abajo quedan a mayor distancia de los que estaban arriba. “El confinamiento supuso mucho desenganche con la escuela. Hay mucho riesgo. Muchas veces las familias no saben cómo seguir en contacto con el colegio”, señala Carolina Fernández, de Secretariado Gitano.
Hay problemas materiales conectados con los escolares, en círculo vicioso. “No sólo se trata de dar iPads a los alumnos, también debe haber competencia tecnológica en las familias”, añade. “Se observa una clara desventaja tecnológica”, observa Óscar Mitillo, de Apdha. El hacinamiento y la sobreocupación, allí donde se dan, dificultan que los escolares dispongan de lugares adecuados para realizar las tareas escolares o estudiar. La convivencia de varias generaciones ha acentuado además el temor al regreso a las aulas, cuando estaba extendida la idea de que sería foco de contagio. Eldiario.es detectó en septiembre un descenso de asistencia en los centros con más alumnado gitano.
El 63% de los jóvenes gitanos entre 16 y 29 años no están estudiando y tampoco trabajando, según el informe de 2019 Secretariado Gitano. Existe temor a que el coronavirus agrave estas estadísticas. Es la tónica general de las previsiones. Nadie espera milagros ahora, pero sí reclama medidas para evitar empeoramientos.
El juicio se vuelve muy crítico contra la estigmatización. Sentó mal en las comunidades gitanas que en septiembre, cuando aún no estaba abierto el debate de los confinamientos, ni la Junta ofrecía resultados de covid-19 por zonas, el Comisionado del Polígono Sur sugiriese su cierre, tras lo que fue fulminantemente desacreditado por el Gobierno andaluz. Fakali ha alertado sobre la propagación de bulos “antigitanos”, que vinculaban la expansión del virus con la "cultura gitana".
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Pero las mayores preocupaciones apuntan hacia el futuro. “La situación en abril ya era alarmante. Ahora tememos vaya a más. Hay que tomar medidas urgentes”, afirma Carolina Fernández. Óscar Mitillo (Apdha) es testigo diario de las dificultades crecientes en el acceso a ayudas en una población con escasas competencias tecnológicas. Todos los factores conspiran. Cáritas, en un informe no específico sobre población gitana, ha apuntado: "El impacto sucesivo, en apenas 12 años, de dos crisis devastadoras va a tener consecuencias determinantes en la perpetuación de la transmisión intergeneracional de la pobreza".
Beatriz Carrillo, que además de presidenta de Fakali es diputada en el Congreso por el PSOE, observa sobre todo “temor a un nuevo confinamiento”. “Hace falta un plan específico que recoja la situación de la venta ambulante, con ayudas directas”, afirma. Los datos de Secretariado Gitano desmontan la idea de una población fuertemente dependiente de ayudas. “Sólo el 31% de los hogares en pobreza extrema y el 33% de los que están en pobreza severa perciben ayudas sociales”, señala su informe, según el cual “el coste necesario para erradicar el riesgo de pobreza de la población gitana alcanzaría los 201,8 millones de euros”.
¿Habrá dinero? Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Gobierno, se muestra consciente al detalle del abanico de problemas que aquejan a la población gitana: vivienda, mercadillos, brechas, educación.... Destaca el esfuerzo presupuestario en partidas sociales en las cuentas de 2021, pendientes de aprobación, así como el alineamiento del Ejecutivo con el plan europeo de igualdad gitana. Pero es realista sobre la dificultad del momento. “No se van a producir cambios a cortísimo plazo, pero trabajamos en líneas que pueden provocar cambios estructurales”, señala. Necesitan tiempo. No hay soluciones mágicas. Bezunartea prevé un reenfoque de las directrices del Gobierno para los servicios sociales. Si en marzo el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 alertaba de la dificultad de que la población más necesitada cumpliese las medidas de confinamiento, ahora está ya asumido que el peor lugar para protegerse del virus puede ser una casa sobreocupada y mal ventilada. Si ese segundo confinamiento llega, no hay guión claro. Ni fuerzas.