Cinco ONG exigen a España que no venda armas a la coalición que lidera Arabia Saudí, que sostiene la guerra en Yemen

Las organizaciones Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace, Oxfam Internacional y Save the Children se han unido este lunes para pedir al Gobierno y a los partidos políticos que se comprometan a suspender las exportaciones de armas a la coalición que lidera Arabia Saudí, que emplea en contra de Yemen, hasta que "no exista riesgo de que se puedan usar para cometer atrocidades", según informa Europa Press.

En un acto organizado esta mañana en Madrid, las cinco ONG han recordado que, según la ONU, el conflicto de Yemen es "la mayor catástrofe humanitaria actual, en la que más del 80% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir". Mediante la colocación de un contador al que han llamado 'El Contador de la vergüenza' han denunciado que, entre 2015 y junio de 2018, España autorizó exportaciones de armas a la coalición saudí que interviene en Yemen por valor de 2.071 millones de euros.

Durante el acto, los representantes de estas organizaciones han recordado que las exportaciones a la coalición saudí son "ilegales" porque "violan la legislación española e internacional", y han advertido de que España "corre el riesgo de ser cómplice de la comisión de crímenes de guerra".

Los datos del horror tras cuatro años de guerra

Según Naciones Unidas, entre marzo de 2015 y junio de 2018 hubo al menos 16.706 víctimas civiles en el conflicto de Yemen: 6.475 personas muertas y 10.231 heridas. Sin embargo, estas organizaciones indican que la cifra real de víctimas puede ser mayor. Así, Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) registró 60.223 muertes de civiles y combatientes, sin contar las víctimas del cólera y de la hambruna entre enero de 2016 y finales de noviembre de 2018.

Las ONG alertan de que los datos del conflicto son "demoledores": de una población de 29 millones de personas, 24 millones de personas, más del 80% de la población de Yemen, necesita ayuda para sobrevivir y una de cada tres personas, fundamentalmente mujeres, niñas y niños, están a un paso de la hambruna. Más de 16 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 15 millones de personas no tienen acceso a servicios sanitarios mínimos ya que los hospitales están cerrando por no tener medios.

Según Save the Children, alrededor de 85.000 menores de cinco años podrían haber muerto por hambre u otras enfermedades desde el inicio del conflicto y al menos uno de cada diez niños se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Amnistía Internacional ha documentado 36 ataques aéreos de la coalición saudí que presuntamente violaron el derecho internacional humanitario, muchos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra. Estos ataques causaron 512 muertes de civiles y 433 personas civiles heridas.

Exigen otro tipo de implicación a España 

Las ONG piden más implicación de España para aliviar el sufrimiento de la población. Desde el inicio del conflicto hasta la fecha, España ha aportado 1,8 millones de euros a Yemen, es decir, 0,01 céntimos por persona por año. Una cifra que, para estas organizaciones, está "muy lejos de los 37 millones de euros con los que debería contribuir", según los cálculos de Oxfam basados en la renta de cada país. Así, subrayan que en comparación con el valor de la venta de armas, los fondos de cooperación representan el 0,078%. Según Naciones Unidas, de 50 países que contribuyen a la crisis en Yemen, España ocupa el puesto 26, por debajo de la media.

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Tras condenar los asesinatos perpetrados contra la población civil en Yemen en un ataque de la coalición saudí contra un vehículo escolar en agosto que causó la muerte de más de 40 niños y anunciar la revisión de las ventas en trámite, el actual Gobierno español anunció en septiembre de 2018 que cancelaría la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión estadounidenses tras la firma de un contrato entre el Ministerio de Defensa español y Arabia Saudí en 2015.

Sin embargo, según recuerdan estas organizaciones, el Gobierno "se retractó de su decisión" alegando la necesidad de "honrar un contrato" tras fuertes presiones saudíes, pese a los indicios creíbles de que este tipo de bombas se han utilizado en la comisión de decenas de presuntos crímenes de guerra en Yemen. Las ONG calificaron de "decepcionante" que el Gobierno "se decantase por los intereses económicos a costa del respeto a los derechos humanos". Sin embargo, valoran que "el Gobierno ha asegurado en diferentes foros no haber vendido nada nuevo a los saudíes ni firmado nuevos contratos con Arabia Saudí, aunque no ha confirmado si ha revocado las licencias de las autorizaciones pendientes del Gobierno anterior", aseguran.