Los colectivos judiciales presionan al ministerio por mejoras laborales a las puertas de las elecciones
Y cuando ya se había logrado extinguir el incendio de los letrados, al Ministerio de Justicia le surgen nuevos focos de conflicto a las puertas del nuevo ciclo electoral. El más grave en este momento es el de los funcionarios judiciales, que en apenas unos días darán inicio a una huelga que amenaza con tensar otra vez más las costuras de unos juzgados cada vez más saturados. Pero no es el único. Jueces y fiscales también han comenzado ya a ejercer presión sobre el departamento que dirige Pilar Llop con el objetivo de arrancarle algunas mejoras laborales, sobre todo a nivel retributivo. Por el momento, están a la espera de que comiencen las negociaciones. Una suerte de calma chicha que puede culminar con movilizaciones si el ministerio incumple sus promesas.
Los cuerpos generales y especiales –médicos forenses, auxiliares judiciales o personal de gestión, entre otros– son aquellos funcionarios encargados de dar apoyo a la labor de los jueces y magistrados, fiscales o letrados judiciales. Y representan el grueso de la plantilla de la Administración de Justicia. De ahí que la huelga convocada, que arrancará el próximo lunes con paros diarios indefinidos de tres horas, pueda tener un impacto nada despreciable en el funcionamiento de los juzgados. "La parálisis sería total. No estando el personal funcionario no hay cosa que se pueda hacer", advierte al otro lado del teléfono Luis Calero, secretario general de Justicia de CCOO, que secunda la protesta junto a CSIF, STAJ y UGT.
En el sindicato son plenamente conscientes de la situación en la que se encuentran actualmente los órganos judiciales, con una saturación de base que se ha visto agravada en los dos últimos meses por una huelga de los letrados de la Administración de Justicia que suspendió más de 400.000 juicios y paralizó la entrada de casi medio millón de demandas. Y de que los grandes perjudicados por este tipo de paros son los ciudadanos. Ahora bien, no dudan en señalar al Ministerio de Justicia como el principal responsable de la situación. "Desde que anunciamos las movilizaciones no se han dignado a convocarnos. Es un poco su forma de operar: esperar a ver cómo transcurren y qué consecuencias tienen en lugar de sentarse para intentar evitarlas", explica Calero.
Desde el colectivo de funcionarios se esfuerzan en separar su protesta de la de la huelga de letrados. Dicen que hubieran convocado igual aun sin la movilización de estos últimos. Básicamente, porque ya existía desde hace meses "un problema enquistado" con el departamento que dirige Pilar Llop. Se refieren, en concreto, a la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, con la que el Gobierno pretende contribuir a "una gestión y organización más eficientes" de la justicia. A finales de 2021, el ministerio y los sindicatos acordaron negociar el anteproyecto. "Pero se envió a las Cortes sin haberlo hecho", apunta el secretario general de Justicia de CCOO. "Se nos llamó para negociar cuando el trámite de enmiendas ya estaba cerrado", completa.
Mejoras salariales
Por eso, su primera reivindicación es paralizar la tramitación parlamentaria de esa ley hasta que se alcance un acuerdo en la Mesa Sectorial, una norma que, denuncian, "pone en riesgo empleos" y permite los "movimientos forzosos" a otros puestos asignándoles "funciones" nuevas. Y luego está la parte retributiva. En este sentido, los sindicatos consideran que el hecho de acordar subidas de sueldo solo para los letrados supone tratar al resto de personal como funcionarios "de segunda". "Y eso que muchas de las competencias que tienen los letrados las hacemos finalmente nosotros. Por ejemplo, la expedición de órdenes de ingreso o devolución de dinero de las cuentas de los juzgados es algo que les compete a ellos, pero la hacen los funcionarios de gestión", explica Calero.
En este sentido, ponen sobre la mesa una propuesta de mejora salarial. Un punto de partida sobre el que, reconocen, hay que negociar. Así, plantean un incremento de 430 euros mensuales para los forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, seguido de un aumento de 400 euros en el complemento general de puesto para gestión y técnicos especialistas de laboratorio, 375 euros para tramitación y ayudantes de laboratorio y 350 euros para auxilio judicial. Además, plantean acabar con los llamados grupos de población, que implican diferentes retribuciones en función del tamaño de los municipios en los que se realizan esas funciones. "Se cobra menos en las localidades pequeñas a pesar de que el trabajo que se hace es el mismo", afirma Calero.
Jueces y fiscales presionan para que se cumpla la ley
Pero el descontento dentro del ámbito de la justicia no se queda exclusivamente en los funcionarios. También se extiende a jueces y fiscales. Por el momento, estos colectivos no han convocado acciones de protesta. Sin embargo, no descartan hacerlo si es necesario. Y así lo han hecho saber tanto colectivos judiciales como fiscales en sendos comunicados emitidos tras reunirse con los representantes del Ministerio de Justicia, unos encuentros que calificaron de decepcionantes o desalentadores. "A la vista de los precedentes y ante la falta de propuestas concretas, las asociaciones firmantes comenzamos a confeccionar, desde este momento, un calendario de medidas de presión", dejan claro las asociaciones en las notas lanzadas a finales de marzo y comienzos de abril.
"Ahora mismo, la cuestión más intensa es la que tiene que ver con las retribuciones", explica en conversación con infoLibre Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Los salarios de ambos colectivos se guían por la Ley 15/2003, que en su disposición adicional primera establece la obligación de reunir cada cinco años una comisión formada por representantes de las asociaciones y miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los ministerios de Hacienda y Justicia para elevar al Gobierno "propuestas de revisión de las retribuciones". "El problema es que dicho órgano lleva sin convocarse más de una década", resalta Fernández Vaquero al otro lado del teléfono.
El esquema retributivo es uno de los puntos en los que trabajaron los colectivos judiciales durante el encuentro interasociativo que mantuvieron hace justo un año. Y, sobre esa base, comenzó un proceso de negociación con el departamento que dirige Pilar Llop. En ese contexto, se llegó a fijar incluso para finales de octubre la tan ansiada reunión de la Mesa de Retribuciones. Pero cuando quedaban pocos días para el encuentro, fue desconvocada de golpe y porrazo. Ahora, casi medio año después, Justicia se ha comprometido de nuevo a reunir dicho órgano antes del 10 de mayo. Los colectivos judiciales y fiscales se mantienen a la espera. Pero con los precedentes, se fían más bien poco: "No estamos en el primer minuto de las negociaciones, sino en el día 365. Y estamos hartos".
"Si no cumplen habrá que ir pensando en movilizaciones", deja caer también Víctor Castells, vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales. A nivel retributivo, este colectivo de miembros del Ministerio Público pone el acento en varias cuestiones. Plantean, por ejemplo, llevar a cabo una "revisión" del "régimen de retribuciones de las guardias", sobre todo las semanales: "En ocasiones es ridículo, unos 150 o 170 euros brutos por los ocho días de guardia". Y también proponen eliminar los grupos poblacionales más bajos, lo que supondrá un incremento salarial para aquellos compañeros que trabajan en destinos de menor población y, por tanto, peor remunerados.
Cargas de trabajo y envejecimiento de la plantilla
La resolución del conflicto con los letrados de la Administración de Justicia les ha dado, además, munición para las futuras negociaciones. "Siempre nos han dicho que una subida lineal para todo el personal no estaba permitida, pero ahora hemos visto que sí puede hacerse", asevera Castells. Algo en lo que también insiste Fernández Vaquero. En el caso de los letrados judiciales, los dos meses de huelga concluyeron con un acuerdo para una subida salarial de hasta 450 euros mensuales.
Pero aunque ahora mismo estén centrados en ese, el retributivo no es el único gran problema para los colectivos de jueces. Abierto está también desde hace tiempo el frente para que se fijen unas cargas máximas de trabajo como medida de control de los riesgos psicofísicos de estos profesionales, un asunto sobre el que, según sostiene el portavoz de la AJFV, "no se ha avanzado en nada". O el relativo a la insuficiencia de jueces, un problema que se verá agravado con el continuo incremento de las jubilaciones en una carrera envejecida. "Es necesario hacer una proyección para ver cuántos jueces van a ser necesarios de cara al futuro", dice Fernández Vaquero.
Según los últimos datos del Consejo de Europa, nuestro país contaba en 2020 con 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 17,6 de media en los Estados miembro. Y algo similar sucede con los fiscales. Aquel año, España contaba con 5,4 miembros del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes, frente a los 11,1 de la media europea.
