El Congreso inicia los trámites para subir un salario mínimo a la cola de los principales países europeos

Este martes, el Congreso de los Diputados aprobó iniciar la tramitación de una proposición de ley relativa a la subida del salario mínimo interprofesional a 800 euros mensuales para el año 2018 y a 950 euros para el año 2020, contabilizando 14 pagas. La iniciativa, llevada a las Cortes por Unidos Podemos, fue apoyada por el PSOE, ERC, el PDC (la antigua Convergència), Compromís, PNV y EH Bildu –el PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo–, y reabre el debate sobre la necesidad de elevar un salario mínimo que actualmente está muy lejos de los que establecen los países punteros de Europa: 655 euros en 14 pagas.

La toma en consideración de la proposición de ley por parte del Congreso no implica la asunción definitiva de la medida, ya que ahora se iniciará su debate en la Comisión de Empleo del Congreso, donde formaciones como PSOE o ERC han anunciado que presentarán enmiendas al texto. Posteriormente, si es aprobada por el pleno del Congreso, la iniciativa pasará al Senado, donde la mayoría absoluta del PP impondría, previsiblemente, su capacidad de veto. Si eso ocurriera, dos meses después la norma volvería al Congreso para su aprobación –o su desestimación– definitiva.

Por tanto, la subida del salario mínimo que plantea la iniciativa no se producirá en el corto plazo. Pero, en cualquier caso, y toda vez que existen 1,4 millones de personas que cobran menos de 655 euros brutos al mes, la iniciativa pone el foco en la cuantía del salario mínimo interprofesional español, una cifra baja si se compara con los países de nuestro entorno. Según la exposición de motivos de la proposición de ley cuya tramitación se inició este martes, el objetivo que se persigue es que el salario mínimo en España ascienda, en 2019, a un 60% del salario medio, para cumplir con las recomendaciones de la Carta Social Europea y el Consejo de Europa.

Y es que los 655 euros mensuales –764 euros si se contabilizan únicamente 12 pagas– en los que está fijada la cuantía del salario mínimo en España no destacan en comparación con las cifras que se manejan en los países más desarrollados de Europa, si bien en términos absolutos el español es el noveno salario mínimo más elevado de los 22 países de la UE que cuentan con esta figura. Luxemburgo lidera esta clasificación con 1.922 euros mensuales, por los 1.546 euros de Irlanda y los poco más de 1.530 de Países Bajos y Bélgica.

Francia (1.466 euros), Alemania (1.440 euros) y Reino Unido (1.343 euros) también establecen un salario mínimo mensual superior al español, que es muy similar al esloveno, de 790 euros al mes. España juega, en este terreno, en la misma liga que Malta o Grecia, que establecen salarios mínimos interprofesionales de 728 y 683 euros al mes, respectivamente.

España, muy lejos de las cifras recomendadas

No obstante, si se elimina la distorsión que genera el diferente precio de la vida en cada país, las diferencias se achican, aunque España sigue teniendo un puesto discreto –el décimo– en la clasificación relativa al salario mínimo, que aún lideraría Luxemburgo con una cuantía de 1.613 euros mensuales, si vivir en todos los países de la UE costase lo mismo. España, por su parte, tendría un salario mínimo de 847 euros al mes, aplicando este método de contabilización.

Pero es al analizar el salario mínimo expresado en porcentaje del sueldo medio de cada país cuando España se desploma en la clasificación de países de la UE. Y es que, pese a que la Carta Social Europea recomienda que la cuantía de esta figura sea de al menos el 60% del salario medio de cada país, los 748 euros de salario mínimo (en 12 pagas) que tenía España en 2015  –el último año del que Eurostat recoge datos– únicamente ascendían al 34,1% del sueldo medio del país, el porcentaje más bajo de toda la UE, rivalizando con la República Checa –Grecia es el único país que no ofrece datos al respecto–.

Bien es cierto que ningún país de la UE alcanza el porcentaje recomendado por la Carta Social Europea, pero la inmensa mayoría se acerca más que España: en Eslovenia (con datos de 2016), la cuantía del salario mínimo representa el 50,8% del sueldo medio del país, por un 47,6% en Francia y Luxemburgo (con datos de 2014, los últimos disponibles), un 41,7% en Alemania o un 44,3% en Portugal (los datos, en ambos casos, son del año 2015).

Sólo 16 euros de subida en cinco años

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Desde 2010, cuando comenzó la escalada de recortes en el gasto público, las subidas del salario mínimo interprofesional en España han sido muy escasas, tras varios años de subidas durante los primeros años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El actual presidente, Mariano Rajoy, accedió al Gobierno a finales de 2011 con el salario mínimo situado en 748 euros mensuales en 12 pagas, y mantuvo esta cuantía congelada en 2012, con una subida de cuatro euros en 2013, otra subida de cuatro euros en 2015, y un aumento de ocho euros en 2016.

De esta forma, en España la cuantía del salario mínimo interprofesional ha subido 16 euros mensuales en cinco años, una cifra muy reducida si se compara con el ascenso que experimentó en la primera legislatura de Zapatero. Si bien es cierto que el punto de partida era muy bajo –en 2004, cuando el socialista entró al Gobierno, el salario mínimo era de 526 euros mensuales en 12 pagas–, Zapatero terminó sus primeros cuatro años de mandato habiendo aprobado un salario mínimo interprofesional de 700 euros al mes, aunque el ritmo de subidas se redujo con la crisis económica y, cuando el socialista abandonó la Moncloa, la cuantía se situaba en los 748 euros al mes en 12 pagas.

La subida que plantea la proposición de ley aceptada a trámite este martes supondría una subida de nada menos que 145 euros mensuales en un sólo año, aunque grupos como el PSOE ya anunciaron este martes en el Congreso que tienen intención de plantear enmiendas para modificar las cantidades y los plazos propuestos por Unidos Podemos. Por su parte, los nacionalistas catalanes y vascos, que como los socialistas apoyaron la iniciativa, anunciaron que pedirán que las administraciones autonómicas y locales puedan fijar salarios mínimos que se adecúen a los diferentes costes de la vida en cada territorio.