Las consecuencias (no inmediatas) para los expatriados de ambos países

Reino Unido ha preguntado a sus ciudadanos sobre la permanencia en la Unión Europea y éstos han decidido: Brexit. El resultado del referéndum celebrado el pasado jueves se ha cerrado con un 51,9% de británicos partidarios de la salida de la institución europea de la que el país formaba parte desde hace más de cuatro décadas.

El sufragio deja tras de sí un escenario convulso copado por el rechazo de los mercados, las instituciones europeas y los países miembros, pero también por la situación incierta de los españoles residentes en Reino Unido y de los británicos que habitan en suelo español –102.498 los primeros, y 300.439 los segundos, según el Instituto Nacional de Estadística–. 

Sin grandes cambios inmediatos

La salida de la UE por parte de Reino Unido traerá consecuencias para ambos colectivos, pero estas no serán inmediatas. Así lo ha confirmado en conversación con infoLibre el investigador en política europea del Real Instituto Elcano, Salvador Llaudes.

A muy corto plazo, el único efecto directo sobre los españoles y los británicos será el elemento económico: la caída de la Bolsa, de los mercados y la depreciación de la libra. "Esto tiene efectos, especialmente en los bolsillos de los británicos jubilados que residen en España, porque implica que estas personas tienen menos capacidad de gasto, lo que conlleva un impacto relativo en el PIB del país", explica Llaudes.

En caso de una depreciación de la libra, el experto señala que los posibles turistas británicos también tendrían menos poder adquisitivo, de modo que podría verse reducido el flujo de turistas que "genera 15 millones de euros al año, el 20% del gasto turístico", por lo que también tendría un impacto en el PIB nacional.

Más allá de las consecuencias que comienzan a golpear a la economía británica, los expatriados en ambos países no empezarían a percibir ninguna diferencia hasta dentro de, al menos, dos años. "Ahora Reino Unido debe solucionar sus problemas internos", señala Llaudes, es decir, "la dimisión de David Cameron, que se hará efectiva en octubre", y la proclamación de un nuevo líder conservador, que deberá determinar si tiene legitimidad para gobernar o si decide convocar elecciones. "Será en ese momento cuando se pida poner en marcha el artículo 50 del Tratado de Lisboa", firmado en el año 2009, y donde está recogida la posibilidad de que un país miembro decida su retirada voluntaria y unilateral de la UE, que se hará efectiva en un plazo de dos años.

Hasta el 2018, continúa Llaudes, "todavía segurán rigiendo las mismas condiciones" y además "hay que añadir que esos dos años son prorrogables", sin un máximo estipulado. Aunque, matiza el experto, "esa situación de incertidumbre no es deseable para nadie", por lo que todo apunta a que se tratará de resolver la situación con la mayor premura posible.

La embajada de España en Londres ha hecho público un comunicado aludiendo precisamente a este periodo de dos años para llamar a la calma. En el documento, garantiza que "el resultado del referéndum no supone cambio alguno para la situación legal de los ciudadanos españoles y de las compañías de nuestro país en el Reino Unido, durante un periodo de hasta dos años que puede ser prorrogado". 

La embajada añade que Reino Unido deberá ahora "notificar su intención de retirarse" y, a continuación, "la UE negociará y celebrará con el país un acuerdo que establecerá la forma de su retirada" y sus relaciones futuras. Por el contrario, la embajada británica en Madrid ha rechazado hacer declaraciones al respecto, más allá de los comentarios realizados por el primer ministro, David Cameron, tras los resultados oficiales de la votación.

Pasado el periodo de tiempo estipulado por el tratado firmado en 2009, existen dos escenarios probables: la ruptura absoluta entre el Reino Unido y la UE, o la llegada a acuerdos que permitan una convivencia normalizada entre ambas.

Acuerdo con la Unión Europea

Llegados a este punto, Reino Unido tendrá que decidir la forma de renegociar los acuerdos comerciales con la institución comunitaria. "Lo normal sería un acuerdo entre Reino Unido y la UE, tanto de salida como de nueva relación", sostiene Llaudes, quien añade que "el modelo también estaría por ver". En esta línea, el analista baraja ejemplos similares a los de Noruega, Suiza o Turquía. "Lo que es seguro es que Reino Unido buscaría un modelo ad hoc en el acceso al mercado interior sin tener que realizar aportaciones al presupuesto comunitario", considera.

"Según acuerdos como los de Noruega y Suiza, en general los más avanzados, para tener acceso al mercado interior deben respetarse los cuatro principios de la UE: la libre circulación de servicios, bienes, capitales y de trabajadores", subraya el analista. Uno de los factores determinantes en la decisión tomada por los británicos ha sido el control de las fronteras y la limitación de la libre circulación de inmigrantes, por lo que "sería difícil que Reino Unido buscase un acuerdo que no limitara esta circulación, pero es muy complicado que la UE se lo concediese".

De este modo, y aunque "está bastante claro que lo más probable es que los visados no hagan falta", sí será necesario probablemente "un permiso de trabajo y de residencia para contrar los movimientos migratorios", considera Llaudes, "aunque habría que matizar muy bien los detalles".

En cuanto a las becas y ayudas, como las que recibe Reino Unido para fomentar la investigación, y de las que se benefician los españoles que acuden al país, "políticamente es verdad que la UE está bastante enfadada, y seguramente a corto plazo actúe en consecuencia", opina Llaudes, "pero la realidad es que existen implicaciones muy importantes y es probable que se llegue a algo equilibrado". 

En este sentido, los proyectos que ya están en marcha "durante el periodo en que no haya acuerdo seguirían adelante en las mismas condiciones", mientras que respecto a los nuevos que se concedan sufrirán, posiblemente, alguna dificultad añadida, pero no caerán necesariamente en un vacío. A juicio de Llaudes, es posible que se llegue a una relativa colaboración, "como ya existe con Suiza, por ejemplo, que también está en programas científicos". En cuanto a las becas Erasmus, el país podrá entrar en acuerdos bilaterales semejantes a los que se mantienen con países como Islandia, Liechtenstein y Noruega, que participan en el intercambio de alumnos pese a no formar parte de la red comunitaria.

En el caso de los países con vínculos más profundos, como es el caso de España, "si finalmente se entiende que el acuerdo con la UE no es lo suficientemente ambicioso para cumplir las demandas requeridas, posiblemente buscarían un acuerdo bilateral con Reino Unido". 

Salida sin negociaciones

Un segundo escenario sería, tal y como sostiene el experto en política europea, "más apocalíptico". Se trataría de una salida de la UE sin conversaciones con la institución para alcanzar algún tipo de acuerdo. En este supuesto, "se acabaría el tiempo de negociación, no habría acuerdo para prorrogarlo, se cerraría el acuerdo de salida y ya", relata Llaudes, "sin un acuerdo sobre la nueva relación entre ambos".

Esto supondría que las relaciones en adelante podrían volver a niveles previos a la entrada de Reino Unido en la UE, lo que dibuja "una situación bastante desconocida", en la que no habría "una libre circulación real de personas, de modo que serían necesarios visados" para que los españoles entraran en Reino Unido, y por tanto también para que los británicos atravesaran las fronteras españolas. 

Si el Reino Unido sale de la UE al margen de cualquier acuerdo con la institución, por tanto, "lo que sucederá es lo mismo que ocurre con el resto de países no comunitarios, que las condiciones que rigen pasan a ser las de la preadhesión", es decir, que "todos los beneficios de los ciudadanos comunitarios ya no se aplicarían".

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En este escenario serían necesarios, además, permisos de residencia y de trabajo, de modo que "el volumen de personas que van a un lado y a otro se vería disminuido, al menos en relación a las nuevas personas que desearan ir, no tanto en cuanto a las que ya están".

El sistema de salud británico, por tanto, no podría ser empleado en las mismas condiciones en las que es usado hoy por los españoles, quienes en la actualidad pueden acceder a él a través de la tarjeta europea, que les proporciona el derecho a gozar de las mismas condiciones que la población británica. Algo similar ocurriría con los permisos de conducir, actualmente válidos en los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo –formado por los países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega–.

Pese a las hipótesis que se puedan barajar a día de hoy, continúa Salvador Llaudes, se trata de un escenario que deja "más dudas que certidumbres". La forma en que Reino Unido resuelva su situación interna será determinante para fijar los pasos a seguir a continuación y el diálogo con la Unión Europea, que afectará no sólo a los mercados y las instituciones, sino también a los cientos de miles de expatriados que se encuentran fuera de su país.