Presidenta de la Comunidad de Madrid y envuelta desde el lunes en la polémica por las dudas que suscita su alojamiento en dos apartamentos de lujo de la cadena hotelera Room Mate, Isabel Díaz Ayuso habló así este jueves ante la Asamblea de Madrid: "Decidí voluntariamente confinarme en un lugar donde pudiera a su vez un familiar ayudarme a comer porque estaba en un hotel que no estaba dando servicio, un hotel cerrado al público". A punto de cumplir 60 días de estancia, la jefa del Ejecutivo madrileño asegura que pagará de su bolsillo los 2.400 euros por mes pactados con el empresario que capitanea el grupo Room Mate, Kike Sarasola: 80 euros por día y no los 200 de la tarifa usual. Pero rebaja al margen, la contradicción estriba en que de todo ello disfruta en un hotel donde, salvo excepciones muy tasadas, nadie puede alojarse. ¿Por el precio? También, pero sobre todo porque la normativa en vigor durante el estado de alarma obliga desde marzo a suspender la actividad de los establecimientos hoteleros.
Este periódico preguntó a sus portavoces qué factor permitió a la máxima responsable del Gobierno madrileño sortear las dos órdenes ministeriales que, como anticipó este jueves El País, prohíben a cualquier hotel albergar clientes salvo aquellos que, "en el momento de declaración del estado de alarma, se hallen hospedados de manera estable y de temporada". Es decir, salvo aquellos que hubieran cruzado la puerta de entrada con sus maletas antes del 14 de marzo. Díaz Ayuso llegó dos días más tarde: el 16 de marzo según la fecha confirmada por la Comunidad de Madrid. Y se confinó en la mejor suite del edificio: la Royal Suite Skyline, en la cúspide del edificio, aunque trabaja en otro apartamento de la planta inferior que va incluido en el precio.
Una doble terraza de casi un centenar de metros cuadrados, parking, servicio de seguridad y limpieza operan como pluses para Ayuso en este hotel que no figura entre los seis cedidos por Room Mate a la Comunidad de Madrid para alojar a personal sanitario o a ancianos trasladados desde residencias.
Los socialistas creen obligado que Ayuso explique este nuevo ángulo de lo que ya parece un poliedro de preguntas. "Los ciudadanos de la Comunidad nos merecemos explicaciones claras por parte de la presidenta Díaz Ayuso", avisó por la tarde Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid. "Es llamativo –agregó– que en sede parlamentaria diga que se fue a un hotel cerrado y sin público. Nos debe explicar si el hotel estaba abierto o cerrado: si estaba abierto, ¿el hotel cumplía los requisitos para estarlo, a pesar del estado de alarma? Y si estaba cerrado, ¿cómo es que hay actividad económica y cómo va a pagar esos 80 euros al día por los dos apartamentos de lujo que ha utilizado?" En opinión de la diputada, lo que está ocurriendo se puede resumir así: "Mucho embrollo en todo lo que respecta a estos apartamentos de la presidenta".
Investigación anunciada y cese de un alto cargo heredado de Aguirre
Dos de esos seis hoteles, el Room Mate Alicia y el Room Mate Alba, saltaron al primer plano la tarde del 12 de mayo por la fugaz aparición en la plataforma de contratos de Madrid de uno de medio millón adjudicado a la empresa de Sarasola. Destinado, según su objeto, a habilitar dos hoteles para mayores usuarios de geriátricos, el contrato (565.749,58 euros) fue retirado la noche de ese mismo martes porque se trataba de "un error" según la Administración madrileña. La gestión de ambos hoteles –uno de ellos no se está usando– recae sobre la Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Reyero, de Ciudadanos.
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Lo que quedó a la vista como el único contrato real para esos dos hoteles fue uno de 240.443,57 euros, que tiene por beneficiaria a una plataforma de ONG sin ánimo de lucro. Pero lo que había pasado inadvertido, tal y como detallaVanity Fair, es que ambas adjudicaciones –la que beneficiaría a la empresa de Kike Sarasola y se borró por ser "un error" y la que se formalizó– suman, exactamente, los 806.193,45 euros que el Ejecutivo de Díaz Ayuso validó el pasado día 6 como coste para habilitar los dos establecimientos referidos. Según la Consejería de Políticas Sociales, Room Mate no ingresa "ni un euro" por ceder ambos espacios.
Este jueves y en la misma sesión parlamentaria donde admitió que vive en un hotel "cerrado al público", Ayuso anunció una investigación interna. "Ha sido –dijo– un contrato que se ha subido casualmente mal puesto, del que se ha enterado justo un periodista y en el momento en que lo ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas". Poco después de ese anuncio, el departamento de Reyero anunció el cese del alto cargo al que Reyero considera responsable de lo sucedido: Miguel Ángel Jiménez, hasta ahora secretario general técnico de Políticas Sociales.
Bajo el Gobierno de Esperanza Agurire, Jiménez fue responsable del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid hasta 2008. A partir de ahí, la mayor parte de su carrera como funcionario se cimentó sobre el cargo de secretario general técnico. Y en él se mantuvo tras el pacto PP-Ciudadanos que colocó al frente de Políticas Sociales a Reyero cuyo enfrentamiento con Ayuso por la política seguida en materia de residencias de ancianos le colocó ya en marzo al borde del precipicio político.