Las comunidades autónomas que están en fase 3 en la desescalada de la crisis del covid-19 tienen en su mano la posibilidad de solicitar al Gobierno central que sus territorios salgan del estado de alarma, una herramienta excepcional cuya última prórroga arrancó este fin de semana y, si no hay cambios significativos en las variables sanitarias, culminará el próximo 21 de junio. El Partido Popular, que se opuso en el Congreso de los Diputados con su voto en contra a las dos últimas prórrogas del estado de alarma, gobierna en tres comunidades que ahora están en esta fase: Andalucía, Galicia y Región de Murcia. Ninguna de ellas ha solicitado, hasta la fecha, ser excluidas de las condiciones del estado de alarma.
Tampoco, hasta la fecha, los conservadores han sabido explicar esta contradicción entre lo predicado en el Parlamento con su posición de voto y la postura de los gobiernos regionales en manos de barones conservadores. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, fue cuestionado por este asunto en dos ocasiones en una entrevista concedida este martes a Onda Cero.
En la primera de sus respuestas, señaló que independientemente de lo que ocurra en cada región "el estado de alarma a nivel nacional sigue estando" y que lo que su partido ha pedido al Gobierno en esos plenos en el Congreso es que aplique cuatro leyes que están en el ordenamiento jurídico "y que permiten limitar la movilidad sin necesidad del estado de alarma".
Repreguntado sobre el fondo del asunto, la contradicción entre el discuso de Pablo Casado y las actuaciones de algunos barones territoriales del partido, el número dos de los conservadores señaló que "al igual que una comunidad puede decir 'dejo el estado de alarma o no', el estado de alarma sigue estando". "Y por eso nosotros votamos en contra", añadió. Porque en el PP están convencidos de que lo que pretendía Sánchez con las prórrogas de esta herramienta es "poder hacer y deshacer a su antojo".
La posición de los barones
Más allá de la fijación de posición de la dirección nacional del PP, los presidentes regionales, los que tienen que decidir solicitar a Sanidad que se les saque del estado de alarma, se toman ahora la cuestión con mucha más cautela que cuando hace un mes pedían el fin de los estado de alarma flexibilizar las condiciones de los mismos.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, señaló este martes que espera conocer el detalle del decreto sobre la nueva normalidad y su entrada en vigor para tomar una decisión en Galicia, ya que hacerlo antes, a su juicio, "no es oportuno ni aconsejable".
El líder de los conservadores gallegos, que repetirá como candidato en las elecciones del 12 de julio, recordó que Galicia que había hecho alegaciones al borrador que presentó el Gobierno a las Comunidades Autónomas y que, por lo tanto, está a la espera de ver la redacción definitiva.
Dos semanas completas de fase 3
Fernando López Miras (PP) es el presidente de la Región de Murcia y gobierna en coalición con Ciudadanos. Este domingo, tras reunirse con Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos en la ya tradicional conferencia de presidentes descartó el levantamiento del estado de alarma en la comunidad antes de que transcurran dos semanas en este nuevo estadio de la desescalada.
"Lo lógico es esperar dos semanas antes de tomar ninguna decisión, es el tiempo que nos ha marcado siempre el servicio de Epidemiología y la Consejería de Salud para comprobar como evoluciona el índice de contagio", añadió, según informa Onda Regional de Murcia.
En principio, Juanma Moreno (PP), que gobierna la Junta de Andalucía en coalición con Ciudadanos, tampoco tienen intención de acortar la fase 3 para que la comunidad autónoma abandone antes el estado de alarma. Esta fase, ha señalado, durará al menos 14 días.
Antes de las dos últimas ocasiones en las que el PP voto en contra hubo una en la que los conservadores se abstuvieron. En la dirección nacional del partido se llegó a defender que la abstención había sido fijada después de que Pablo Casado hablase con los barones autonómicos, todos ellos muy críticos con las prórrogas. Pero el jefe de los conservadores se encontró con el problema, cuentan fuentes conocedoras del proceso, de que los mismos barones que el domingo 3 de mayo salieron de la conferencia de presidentes en contra de más prórrogas, el martes 5 cambiaron de posición asegurando que entendían que el Gobierno necesitase tiempo para buscar alternativas. "Empezó a cundir el miedo a que, con el fin del estado de alarma, las comunidades tenían toda la responsabilidad de la gestión de la crisis sin el paraguas del Gobierno central", añaliza un dirigente conservador.
La segunda contradicción: las residencias de Madrid y el mando central de Pablo Iglesias
Otra de las contradicciones en las que está incurriendo el PP en los últimos días tiene que ver con la forma en la que el partido intenta desvincular a Isabel Díaz Ayuso del drama de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid.
En la misma entrevista en Onda Cero, García Egea hizo hincapié en que durante el estado de alarma, el vicepresidente Pablo Iglesias ostenta el mando único sobre las residencias. "¿Qué ha hecho para proteger la vida de los mayores?", se preguntó.
Y en una línea similar, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, definió al dirigente morado como el "el gran desparecido respecto a las residencias de ancianos". "Ni ha ido a verlas ni ha hecho nada", sostuvo, según informa Europa Press.
Javier Maroto alabó "trabajo ímprobo" de las comunidades con estos centros de atención, especialmente la de Madrid —"digno de admiración", dijo—. "Quien debería pasar una vergüenza extrema es Pablo Iglesias, pero no tiene vergüenza. Todavía hoy, con el estado de alarma, podría tomar cartas en el asunto", insistió.
Sánchez advierte a Casado del “fracaso” de su intento de usar el virus para “intentar derrocar al Gobierno”
Ver más
Todas estas declaraciones de dirigentes del PP chocan con el fondo de la polémica. Fue la Comunidad de Madrid, en manos de Isabel Díaz Ayuso, la que trasladó a los centros de mayores el protocolo que impedía el traslado a hospitales de determinados residentes en los peores días de la pandemia.
Pero sobre todo choca con el Boletín Oficial del Estado. Una orden del 23 de marzo del Ministerio de Sanidad sobre las residencias de mayores establece lo siguiente: "Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales". También, que "los centros residenciales a los que se refiere esta 0rden quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente".
La realidad sufrida por los ancianos que enfermaron en un geriátrico madrileño en el momento crítico de la pandemia se refleja claramente en un dato desvelado por infoLibre: el 80% de los fallecidos en marzo que vivían en residencias no fueron trasladados al hospital. Un porcentaje que se incrementó de forma acelerada tras la orden de Sanidad de prohibir ciertas derivaciones: entre el 25 y el 30 de marzo murieron 1.364 residentes y sólo el 13% recibió asistencia hospitalaria.