El control de los 'lobbies' también se le atraganta a las autonomías: sólo hay registros en el Parlament y Castilla-La Mancha

El pasado 9 de diciembre se cumplieron siete años desde que la ley de transparencia fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El texto venía a cubrir una serie de demandas de los partidos políticos y la sociedad civil que, en esencia, pasan por acercar el funcionamiento de las administraciones a los ciudadanos y levantar el secreto a determinadas informaciones y datos que se suponían que debían ser de dominio público. Negar sus avances sería faltar a la verdad. Como también sería faltar a la verdad señalar que no tiene lagunas. Una de ellas fue la de que pasó por alto la figura de los grupos de presión, de los lobbieslobbies.

Sin un marco legal común para regular esta figura, Congreso, Senado, parlamentos autonómicos y ayuntamientos han hecho intentos en los últimos años de acercarse a la regulación. Pero, como norma general, con bastante poco éxito porque los grupos políticos no se han puesto de acuerdo sobre el alcance que debe tener la medida. Si el Congreso y Senado están todavía a la espera de incorporar la regulación de los grupos de presión a sus respectivos reglamentos y la creación de registros, el panorama en las comunidades autónomas es casi simétrico. Sólo Castilla-La Mancha y Cataluña tienen registros de estos grupos. En el resto de comunidades, el debate lleva años abierto, se han dado pasos en materia de legislación. Pero no hay nada tangible. Nada cerrado.

Cuando se trata del Poder Legislativo, conocer qué actores –organizaciones, empresas o particulares– han participado o se han interesado en el proceso de elaboración de una ley es clave. Es lo que se conoce como la trazabilidad de las leyes.

infoLibre ha trasladado a todos los parlamentos autonómicos la pregunta de si tienen en vigor un registro de grupos de presión en el que tengan que darse de alta todas aquellas organizaciones o particulares interesadas en entablar contacto con los parlamentarios o con los partidos políticos. La respuesta ha sido abrumadoramente negativa, si bien en el grueso de las Cámaras legislativas destacan su compromiso con las políticas de transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos y admiten que el de regular los grupos de presión ha estado en algún momento sobre la mesa.

El caso catalán y el de Castilla-La Mancha

En el caso del Parlament, el registro de grupos de interés fue presentado en febrero de 2017. La por entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo definció como algo "pionero" en España y un "paso más hacia la calidad democrática".

A partir de ese momento, todos los grupos de interés que tienen voluntad de "influir permanentemente en tramitaciones parlamentarias" deben registrarse en el portal de transparencia de la Cámara autonómica para poder mantener reuniones con los diputados. Forcadell reivindicó un "cambio de mentalidad" para que la palabra lobby dejara de tener "connotaciones negativas", y defendió que gracias a este registro los grupos de interés iban a lograr un "mayor prestigio" por su "contribución" a la transparencia.

A día de hoy, el número de grupos registrados es de 360. La inscripción en el Registro da a los grupos de interés, entre otros, el derecho a "actuar en promoción y defensa de los intereses que representan ante los diputados, los grupos parlamentarios y los funcionarios del Parlamento que ejercen funciones de asesoramiento" y a "obtener una acreditación especial de acceso al Parlamento y a sus dependencias". 

En el caso de Castilla-La Mancha, el registro está al margen de las Cortes. El Gobierno del socialista Emiliano García Page aprobó la ley de transparencia en diciembre de 2016. Y el decreto 8/2018, de 20 de febrero, se creó y reguló el Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha.

"Se consideran Grupos de Interés las organizaciones y personas, sea cual sea su estatuto jurídico, que desarrollando sus actividades en Castilla-La Mancha, se dedican profesionalmente, como todo o parte de su actividad, a influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en las tomas de decisiones de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos y entidades públicas vinculados o dependientes, sin que ello impida el ejercicio de los derechos individuales de reunión y de acceso o petición", puede leerse en la web del citado registro. "Este Registro permite asegurar que los grupos que traten de influir en los procesos de toma de decisión sean suficientemente conocidos, ejerzan su actividad de influencia en procesos que se desarrollen con la suficiente visibilidad y que, además, en la promoción de los intereses que representan, se comprometan a asumir y respetar unas pautas éticas de conducta que aseguren la legitimidad de su intervención", añade.

A fecha de 20 de noviembre, había 34 inscritos en este registro.

Un primer paso en el Congreso: el Código de Conducta

El pasado 1 de octubre, las Mesas de Congreso y Senado sellaron un acuerdo por el que se aprobó el Código de Conducta de las Cortes Generales. En su artículo seis, el destinado a regular cuestiones como los "datos biográficos y agenda" de sus señorías, se contempla que los parlamentarios deben hacer pública su agenda institucional en el portal de la transparencia de la Cámara en cuestión "las reuniones mantenidas con los representantes del cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

¿Y esto que significa? El propio Código de Conducta señala que "en tanto no se produzca la reforma de los Reglamentos para regular el Registro y la actividad de los grupos de interés en las Cámaras, tendrán consideración de grupo de interés, lobby o lobista, aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa, indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o modificación de iniciativas legislativas".

La eterna tarea pendiente...

La regulación de los lobbies en el Legislativo en la eterna asignatura pendiente. El intento más antiguo de hacerlo data de la etapa en la que se estaba redactando la Constitución. El Grupo Popular presentó una enmienda al artículo 77 de la Carta Magna en la que se señalaba que las comisiones parlamentarias podrían recibir delegaciones de grupos de interés siempre y cuando las sesiones tuviesen "carácter público". Además, se abogaba por que fuese una ley orgánica la que regulase a los lobbies. La iniciativa no reunió los apoyos suficientes.

En 1990 fue el Grupo Parlamentario Popular el que lo intentaba de nuevo a través de una proposición no de ley "relativa a la regulación de los despachos que gestionen intereses particulares confluyentes con intereses públicos". Fue aprobada. Pero no pasó de ahí. Las proposiciones no de ley no tienen efecto vinculante.

Dos años después las iniciativas partieron del Centro Democrático y Social (CDS). Corría la IV Legislatura y en el registro del Congreso hay rastro de una proposición de ley [enero de 1993], dos proposiciones no de ley –una en diciembre de 1992 y otra en enero de 1993– y una solicitud de creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Reglamento "para debatir el establecimiento de un registro público de grupos de interés y sus normas de funcionamiento" [enero de 1993]. De todas estas iniciativas, sólo se aprobó "con modificaciones" una de las dos proposiciones no de ley, concretamente la que aludía de forma escueta a la "regulación de los grupos de interés".

En abril de 2008, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds retomaba la iniciativa y presentaba dos proposiciones no de Ley, una ante el pleno y otra en Comisión, sobre la "creación de un registro de lobbies o grupos de intereses". Ambas caducaron al término de la IX Legislatura.

La X Legislatura fue muy fructífera en lo que a iniciativas de este tipo se refiere. Pero el éxito de las mismas también fue nulo. Se presentaron dos proposiciones no de ley en pleno para la creación de un registro general de grupos de presión, una de CiU y otra de la Izquierda Plural; una proposición no de ley en comisión, también de la Izquierda Plural. Y dos proposiciones de reforma del Reglamento, firmadas por CiU, sobre la regulación de la actividad de los lobbies.

En 2017, fue Alicia Sánchez-Camacho (PP), por entonces secretaria primera del Congreso de los Diputados, la que defendió a en nombre de su partido la propuesta de reforma del reglamento para la regulación de los grupos de interés.

El texto fijaba que el Congreso dispusiese de un registro público obligatorio en el que debían inscribirse los representantes de los grupos de interés que mantuviesen reuniones con diputados "y el personal adscrito a su labor parlamentaria" con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas.

La propuesta consideraba "grupo de interés" a "aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros". La iniciativa caducó en el fin de la legislatura.

El primer registro oficial, el de la CNMC

En las instituciones, la tendencia a la opacidad, a que empiece a conocerse quiénes y por qué intervienen en las decisiones que al final acaban afectando a los ciudadanos la rompió a comienzos de 2016 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la creación de un registro de grupos de interés. A día de hoy, son 429 los inscritos.

En el listado destacan las consultoras, asociaciones de empresarios de múltiples sectores, representantes de los consumidores y también de las industrias farmacéutica y de la construcción. Una de las principales quejas de la CNMC es que las grandes del Ibex dan la espalda a este registro pese a el grueso de ellas mantiene una relación constante con el superregulador.

El registro es de carácter voluntario, público y gratuito.

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Siempre que en la política se habla de este tipo de iniciativas, se pone como ejemplo el del registro de transparencia de las instituciones europeas. Creado en 2011 como sistema común por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea mediante un Acuerdo interinstitucional, se aplica a todas las organizaciones y personas independientes que trabajan por cuenta propia y que realizan actividades cuyo fin sea influir en los procesos decisorio y de ejecución de las políticas de las instituciones de la Unión Europea.

"El registro de transparencia es una base de datos en la que figuran las organizaciones que tratan de influir en el proceso legislativo y de aplicación de políticas de las instituciones de la UE. El registro hace visibles qué intereses se persiguen, quién los defiende y con qué presupuesto. De este modo, el registro hace posible el control público, dando a los ciudadanos y a otros grupos de interés la posibilidad de hacer un seguimiento de las actividades de los grupos de presión", explican desde la Comisión.

En la actualidad, el registro cuenta con casi 12.000 entidades dadas de alta. Todas ellas han firmado un código de conducta común. Es el sistema más grande de este tipo en todo el mundo.