Durante la primera ola de la pandemia murieron en España más de 20.000 personas que vivían en residencias, según datos oficiales. La cifra real, que se puede deducir a partir de las estadísticas sobre exceso de fallecimientos, supera ampliamente los 30.000. Y muchas de esas muertes, sobre todo en marzo y abril de 2020, se produjeron en la propia residencia, sin que los mayores fueran derivados a un hospital para recibir un tratamiento médico adecuado.
Los Gobiernos de las comunidades más afectadas, y sus aparatos de propaganda, han intentado instalar desde entonces una idea en la opinión pública: en todos los lugares de España ocurrió lo mismo y, por tanto, no hay que buscar responsabilidades políticas o judiciales en ningún territorio concreto. infoLibre ha obtenido los datos oficiales sobre el lugar de fallecimiento de los residentes en ocho comunidades autónomas, cuyo análisis prueba la falsedad de dicha afirmación. En Madrid fallecieron sin atención hospitalaria el 77% de los residentes y en Cataluña el 72%, porcentaje que en Cantabria se quedó en el 34%.
El análisis detallado de lo que ocurrió entonces obliga a tener en cuenta también los protocolos de no derivación que se ejecutaron en algunas comunidades, el tratamiento de enfermos en centros creados ad hoc para tratar a los enfermos de covid o la medicalización de las residencias. Pero veamos antes los datos.
Los datos de las comunidades autónomas
Las competencias sobre los centros residenciales fueron siempre de las dieciséis comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas que las ejercen regularmente, situación que no cambió durante el estado de alarma.
infoLibre solicitó a las 19 Administraciones, a través de los respectivos portales de Transparencia, la información sobre el lugar donde fallecieron los residentes en marzo y abril de 2020. Este periódico dispone de los datos de diez de ellas (siete comunidades y las tres diputaciones forales vascas).
En cuanto a los Gobiernos que no han facilitado aún los datos, cuatro de ellos alegaron expresamente en sus respuestas que no disponen de dicha información: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. En otros cuatro casos no aportaron los datos, sin explicar la causa: Asturias, Baleares, Murcia y Navarra. Por último, la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año, como se solicitó a todas las comunidades precisamente para tener datos homogéneos. A 30 de octubre, habían fallecido en la Comunitat Valenciana 636 residentes, de ellos 359 en el propio centro (56,4% del total). Pero, al no coincidir la fecha con la del resto, no se ha tenido en cuenta para esta investigación.
Es importante tener en cuenta dos cuestiones. La primera, que se solicitaron los datos de marzo y abril de 2020 porque fue en esas fechas cuando en determinados territorios se negó el tratamiento hospitalario a personas que vivían en residencias. La segunda, que el 75% de las muertes se produjeron entre Madrid, Cataluña y las dos Castillas, y de esas cuatro comunidades la única de la que faltan datos es Castilla-La Mancha. Aunque el Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) sostiene que no dispone de la información solicitada por infoLibre, otros datos sobre lo ocurrido en los geriátricos de la región apuntan a que el porcentaje de fallecidos sin derivación hospitalaria fue el segundo más alto después de Madrid.
La comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP) fue, con diferencia, donde más residentes fallecieron sin atención hospitalaria: 7.291 personas, lo que supone el 77,0% del total (9.470 mayores). Hay que señalar que el Gobierno de Madrid aportó los datos de fallecimientos tanto de los residentes con covid como con otras enfermedades. Algo en todo caso coherente con lo sucedido en aquellas fechas, puesto que el protocolo de no derivación hospitalaria que aplicó el Gobierno madrileño afectaba a todos los residentes con un alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, tuvieran o no covid.
En Cataluña, presidida entonces por Quim Torra (Junts), el porcentaje de personas fallecidas en el propio centro fue del 71,8%. De los 3.896 residentes que murieron en aquellos dos meses con covid o síntomas compatibles con el virus, 2.797 no recibieron atención hospitalaria. El Gobierno catalán también aplicó un protocolo, cuyo contenido no era tan brutal como el de Madrid, pero que recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con covid. Y, por la vía de hecho, durante varias semanas muchos centros no pudieron derivar a los mayores que caían enfermos.
En tercer lugar se sitúa Castilla y León. En una nota publicada por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) en aquellas fechas se indicaba que, a 30 de abril de 2020, habían perdido la vida 2.337 residentes con covid o síntomas compatibles, de los que 1.608 murieron en el propio centro, lo que equivale al 68,8% del total.
En La Rioja y en el País Vasco se registraron niveles similares. En la primera, cuya tasa de mortalidad en las residencias fue la quinta más alta de España, un 63,2% de los decesos se produjo en el propio centro (129 de los 204 fallecimientos totales con covid o síntomas compatibles). En la segunda, no se produjo una derivación hospitalaria en el 62,5% de las muertes de residentes (408 mayores de los 653 que perdieron la vida).
Hay que señalar que esa cifra fue casi la misma en los tres territorios forales. En Álava se situó en el 63,7% (114 decesos sin derivación de los 179 fallecidos totales), en Gipuzkoa llegó al 62,4% (108 muertes sin traslado de 173) y en Bizkaia fue del 61,8% (186 fallecidos sin derivación de 301).
En Galicia murieron 275 residentes con covid o síntomas compatibles aquellos dos meses. De ellos, 17 perdieron la vida tras ser trasladados a centros intermedios creados ad hoc para luchar contra la pandemia. En cuanto a los 258 decesos restantes, 138 se produjeron en la residencia donde vivía la persona mayor y 120 en el hospital. Por tanto, el 53,5% del total de decesos se produjo en el propio centro. Si el cálculo se realiza sobre los 275 fallecimientos totales, el porcentaje se sitúa en el 50,2%.
En Cantabria, el número de personas fallecidas en el centro residencial fue de 43, lo que equivale al 37,4% de los 115 decesos producidos. Una cifra muy alejada de la que vivieron las comunidades más afectadas. Al igual que en Galicia, también en Cantabria se creó un centro intermedio –CAD San Miguel–, al que se derivaron personas con covid de otras residencias que no podían mantenerlas adecuadamente aisladas. Una vez superada la enfermedad los mayores volvían a sus centros de referencia. En el CAD San Miguel no falleció nadie en marzo y abril de 2020.
En Canarias, por último, el porcentaje de fallecidos en la residencia se situó en el 5,9%. Hay que destacar, no obstante, que en el caso de las islas la pandemia prácticamente no impactó en las residencias durante la primera ola. La tasa de mortalidad –mayores fallecidos sobre el total de residentes– se quedó en el 0,2% y fue, con diferencia, la más baja de España. En aquellos dos meses murieron con covid o síntomas compatibles 20 personas, de las que 16 perdieron la vida en un hospital y solo una en el propio centro (en tres casos no consta el lugar de fallecimiento). Son datos, desde un punto de vista estadístico, poco significativos.
Otros factores a tener en cuenta
Para entender y contextualizar correctamente el dato de residentes fallecidos sin derivación hospitalaria hay que tener en cuenta al menos otros cuatro factores: qué ocurría antes de la pandemia, si las residencias estaban medicalizadas, si se aprobaron protocolos de no derivación y si se utilizaron centros alternativos para tratar a los pacientes enfermos.
En situación de normalidad sanitaria siempre hay un número de personas que fallecen en la propia residencia. Se trata habitualmente de personas mayores que se encuentran en estado terminal y cuyo traslado al hospital no tendría ningún sentido desde un punto de vista médico. En esos casos, la dirección del centro habla con los familiares del residente y, si éstos están de acuerdo, el mayor no es derivado. ¿Cuántas personas fallecían en los centros antes de la pandemia? No hay estadísticas detalladas, pero diferentes gestores de centros residenciales con los que habló infoLibre coinciden en que esa cifra en ningún caso llegaba al 20%.
Por otro lado, hay que destacar que en los fallecimientos producidos durante la pandemia, en muchísimos casos los familiares no solo no otorgaron su consentimiento para que la persona quedase en el centro, sino que pelearon sin éxito para lograr la derivación.
La segunda cuestión afecta a la medicalización de las residencias. Si se comparan las cifras sobre lugar de fallecimiento de los residentes en España y en otros países durante la pandemia, hay territorios donde el porcentaje de no derivación también es muy alto. Pero hay una diferencia fundamental: en esos países las residencias estaban medicalizadas.
El problema de las derivaciones hospitalarias no es el lugar de fallecimiento, sino el hecho de que la persona enferma reciba o no asistencia médica adecuada. En España, salvo alguna rara excepción, los centros residenciales no están medicalizados. Y la situación empeoró además durante los primeros meses de pandemia, por las bajas del personal y porque en varios lugares se reclutó desde los hospitales a médicos y enfermeras que trabajaban en residencias. Si los mayores hubiesen recibido tratamiento médico adecuado en su centro, no se habría producido ningún escándalo. Pero la realidad es que, en las comunidades más golpeadas, muchos mayores murieron solos, asfixiados, sin ningún tipo de atención médica.
Este hecho es el que resumió el entonces consejero de Políticas Sociales de Madrid, Alberto Reyero, en una intervención en la Asamblea regional en junio de 2020: "Considero que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo y para que se me entienda: o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia". Una intervención que suponía una completa desautorización de la política impuesta por Ayuso y por su consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero–, en contra del criterio de Reyero.
Los datos del Gobierno Ayuso revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital
El tercer factor relevante es saber si se aplicaron protocolos de exclusión de las personas mayores. En Madrid se aprobó uno el 18 de marzo de 2020 –actualizado los días 20, 24 y 25 del mismo mes– con criterios para no trasladar a los hospitales a los residentes más débiles: aquellos que tenían un alto nivel de deterioro cognitivo o un importante nivel de dependencia física. Y ello con independencia de que tuvieran covid o no. El protocolo no sólo se aprobó, sino que se ejecutó de forma sistemática, tal y como desveló infoLibre. En cuanto a Cataluña, existió un protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) en el que se recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus. Y hay testimonios de directores de centros y de muchos familiares que confirman que, en la práctica, las derivaciones estuvieron casi paralizadas durante varias semanas en Cataluña.
En cuarto y último lugar, es importante saber si la Administración que debía velar por la salud de los residentes creó centros ad hoc para tratarlos cuando se inició la pandemia, como alternativa al posible colapso hospitalario o como medida para reducir contagios. En varios territorios se crearon este tipo de centros –entre ellos Galicia, Cantabria o Gipuzkoa–, adonde se trasladaban mayores con covid o síntomas compatibles, para poder cuidarlos allí con recursos médicos similares a los de un hospital y evitar así además que pudieran contagiar a sus compañeros de residencia.
También en este aspecto, Madrid vuelve a destacar por el lado negativo. Y no por falta de recursos. La Comunidad puso en marcha un hospital de campaña en Ifema y el Gobierno de Ayuso dictó una orden creando un mando único para gestionar desde Sanidad a los hospitales públicos y privados. Pues bien, a Ifema se trasladaron solo 23 mayores que vivían en residencias y que tenían síntomas leves. Y a los hospitales privados no se trasladó a ninguno, salvo aquellos que tenían seguro médico privado. ¿Por qué no se utilizaron esos recursos alternativos para atender a las miles de personas mayores que morían en las residencias madrileñas sin atención médica? Es una pregunta que, dos años y medio después, ni Ayuso ni nadie de su Gobierno ha respondido.
Durante la primera ola de la pandemia murieron en España más de 20.000 personas que vivían en residencias, según datos oficiales. La cifra real, que se puede deducir a partir de las estadísticas sobre exceso de fallecimientos, supera ampliamente los 30.000. Y muchas de esas muertes, sobre todo en marzo y abril de 2020, se produjeron en la propia residencia, sin que los mayores fueran derivados a un hospital para recibir un tratamiento médico adecuado.