Los datos del Gobierno Ayuso revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital

El 18 de marzo, cuando la pandemia empezaba a desbocarse en Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó un Protocolo que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Los datos oficiales del propio Gobierno madrileño, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran ahora hasta qué punto se aplicó esa orden de exclusión: 7.291 residentes fallecieron en los geriátricos sin recibir previamente atención hospitalaria en marzo y abril, lo que supone el 77% del total de decesos registrados durante esos dos meses entre los residentes madrileños.

En circunstancias normales, siempre hay un porcentaje de mayores que fallecen en los geriátricos donde viven, pero muchísimo más reducido. La derivación al hospital de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas puede crear complicaciones por el simple traslado o no tiene sentido someterles a técnicas médicas invasivas como una intubación porque no sobrevivirían. En todo caso, la decisión debe ser producto de una valoración médica individual teniendo en cuenta la situación clínica del enfermo, y no de una orden dictada por un Gobierno para su aplicación de forma generalizada tal y como ocurrió en Madrid.

En Cataluña, aunque no existió un Protocolo como el de Madrid, también se aplicó en la práctica la exclusión hospitalaria de residentes durante varias semanas. Este periódico ya desveló los datos de Cataluña: el 72% de los fallecidos (2.797 personas) en marzo y abril lo hizo en el propio centro.

Un periodista de infoLibre solicitó al Gobierno madrileño a principios de mayo, acogiéndose a la Ley de Transparencia, información sobre el número de decesos producidos en las residencias entre el 1 de marzo y el 30 de abril, desglosados por centro e indicando si la muerte se había producido en el hospital o en la propia residencia. La respuesta llegó este martes. Este periódico analizó ayer en un primer reportaje la hecatombe vivida en las residencias de la mayoría de los grandes grupos que dominan el sector residencial de Madrid, con cifras tan devastadoras como los 544 muertos en los centros de Orpea, el operador líder en la región. O el hecho de que cinco de esas empresas tuvieran una ratio de fallecidos en relación con las plazas gestionadas que supera los 15 puntos porcentuales; en concreto, un 17,6% Mensajeros de la Paz, un 17,0% Casablanca, un 16,8% Aralia, un 16,4% Vitalia Home y un 15,6% DomusVi.

La segunda entrega del análisis de los datos recibidos vía Transparencia está centrada en las derivaciones hospitalarias, objeto de una importante polémica desde finales de mayo, cuando infoLibre publicó de forma íntegra el Protocolo que establecía los criterios de exclusión. En un primer momento, la presidenta Ayuso y su consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– se inventaron que ese documento era un mero “borrador”. Este periódico desveló entonces las cuatro versiones existentes de ese Protocolo, todas ellas firmadas digitalmente por un alto cargo de Sanidad –Carlos Mur–, y también todos los datos relevantes sobre el envío de dicho texto por correo electrónico a 18 altos cargos del Gobierno regional y a los gerentes y los directores médicos de hospitales madrileños para su aplicación.

La información de hoy, basada como todas las anteriores en datos y documentos oficiales del propio Gobierno Ayuso, cierra el círculo: el Protocolo se aprobó, el Protocolo se envió a las personas que tenían que encargarse de su puesta en práctica y el Protocolo se aplicó como demuestran las cifras de fallecimientos de mayores en las residencias sin recibir atención hospitalaria.

LAS 110 residencias más críticas

En los geriátricos madrileños fallecieron en marzo y abril, los dos meses en que la pandemia los azotó con fuerza, un total de 9.470 personas. De ellas, 5.795 lo hicieron con covid-19 confirmado o con síntomas compatibles con la enfermedad y los otros 3.675 sin que la causa del fallecimiento tuviera aparente relación con el virus.

El Protocolo de exclusión de la Comunidad de Madrid se debía aplicar a todos los enfermos que cumplieran una serie de criterios, tuvieran o no coronavirus. Entre ellos figuraban padecer un determinado nivel de dependencia y un grado avanzado de deterioro cognitivo, aspectos que no están directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona, aunque sí con los medios que requiere su atención en un hospital.

De esos 9.470 residentes fallecidos, 7.291 perdieron la vida en el propio centro (77%) y 2.179 recibieron atención hospitalaria (23%). Hay que tener en cuenta que estas cifras abarcan los dos meses completos, pero el momento crítico en el sistema sanitario madrileño se vivió entre el 15 de marzo y el 15 de abril aproximadamente. Ahí fue cuando, según decenas de testimonios de familiares de residentes, se cerró casi por completo la posibilidad de los traslados. En otras palabras: en esas cuatro semanas el porcentaje estuvo necesariamente por encima del 77%, porque este dato incluye una primera quincena de marzo en la que no había colapso en los hospitales.

En Madrid están autorizadas para funcionar 475 residencias de mayores, aunque durante la pandemia estuvieron operativas 472. En esta información se analizan los 267 centros en los que se registraron como mínimo diez decesos. Pues bien, sólo en 17 el número de fallecidos en la residencia se quedó por debajo del 50%. En los otros 250 casos, fueron mayoría quienes murieron en el propio centro residencial.

En siete geriátricos, que sumaron 138 decesos, todos se produjeron sin traslado previo. En otros 33, el 90% o más de los residentes perdieron la vida sin llegar al hospital, situación que afectó a 1.205 mayores. En 70 más, esa cifra superó el 80% y los muertos sin atención hospitalaria fueron 2.414.

Las cifras no dejan lugar a dudas. En 110 geriátricos, casi uno de cada cuatro de toda la red, se cumplió una doble condición: fallecieron diez o más personas –el máximo son los 113 del centro Doctor González Bueno– y entre un 80 y un 100% de esos decesos se produjeron en la propia residencia.

A continuación, infoLibre publica un listado con los nombres y datos de esos 110 geriátricos.

Los datos de los grandes grupos

Las cifras son todas llamativas, teniendo en cuenta que estamos hablando de la pérdida de vidas humanas y en muchos casos de personas especialmente vulnerables, pero hay algún dato especialmente impactante: hay hasta nueve geriáticos en cuyas instalaciones fallecieron más de 70 mayores. Cinco de ellas son públicas y están gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS): Doctor González Bueno (95 decesos en el propio centro), Reina Sofía (87), Francisco de Vitoria (84), Nuestra Señora del Carmen (76) y Adolfo Suárez (71). Los otros cuatro son las residencias de Ballesol en Alcalá de Henares (84), la de Los Nogales en Hortaleza (81), la que gestiona Sanitas en Carabanchel (75) y la de Amavir en Valdebernardo (71).

En Madrid, como en el resto de comunidades, conviven geriátricos de tipología muy diversa. Hay 141 que tienen menos de 50 plazas autorizadas y 30 que cuentan con más de 250 camas, once de ellas públicas gestionadas por el AMAS. Un virus con la enorme capacidad de transmisión del covid-19 convirtió en verdaderas trampas mortales a esos macrocentros residenciales.

El análisis de los datos de derivaciones hospitalarias por grupos empresariales o entidades demuestra que en este tema las diferencias han sido pequeñas. En el caso de los 25 centros públicos que gestiona el AMAS, el 80,0% de los 992 fallecidos lo hicieron en sus propias instalaciones.

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En cuanto a los doce principales grupos del sector, que cuentan con 136 geriátricos y 22.665 camas (el 43,3% del total), Casablanca es el que menos derivaciones realizó. El 87% de los 219 fallecidos en sus centros se quedó sin atención hospitalaria. Luego vienen otros siete grupos con porcentajes prácticamente idénticos: Aralia (80,6% de los 191 decesos sin derivación), Vitalia Home (80,1% de 196), Los Nogales (79,8% de 397), Sanitas (79,0% de 462), Mensajeros de la Paz (79,0% de 238), Orpea (78,9% de 930) y Amavir (78,7% de 828). 

Algo por detrás, aunque con diferencias mínimas se sitúan Ballesol (77,6% de las 371 muertes sin traslado hospitalario) y DomusVi ( 76,7% de 615). Cierran esta clasificación Albertia (72,1% de 201) y Caser (71,0% de 124).

En definitiva, en ninguno de los grandes grupos del sector la media bajó del 70% de fallecimientos en la propia residencia. Un fiel reflejo del colapso hospitalario y de la aplicación del Protocolo de exclusión de mayores aprobado, dictado y aplicado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.