Desde que comenzó la legislatura, Junts ha hecho valer sus siete votos en el Congreso. Las negociaciones para investir a Pedro Sánchez, que se saldaron con el compromiso de sacar adelante la ley de amnistía, dejaron meridianamente claro que los posconvergentes no se rigen por los mismos criterios que otras formaciones a la hora de decantar la balanza hacia un lado u otro y que no les preocupan las consecuencias que tenga para la gobernabilidad del Estado.
Prueba de ello es que hace solo unas semanas, en el último pleno antes del parón del verano, unieron sus votos a los del Partido Popular y Vox para tumbar los objetivos de déficit del Ejecutivo, lo que supuso un frenazo ya en el arranque de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, con los que el Gobierno quiere dar estabilidad a la legislatura. A finales de enero, llegaron a votar también en contra de la ley de amnistía después de que el PSOE no aceptara sus enmiendas y el texto tuvo que volver a la Comisión de Justicia.
Ambas negativas —y el amago de tumbar también dos reales decretos del Gobierno— se produjeron antes de la investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat, lo que ha supuesto un cambio de ciclo político en Cataluña tras una derrota del independentismo en su conjunto, que no alcanzó los escaños suficientes para gobernar. El día de la investidura de Illa, el líder de Junts, Carles Puigdemont, protagonizó una fugaz aparición en Barcelona pero que no sirvió para torpedear la votación del socialista, que acabó siendo elegido gracias a los votos de su formación, de En Comú Podem y de Esquerra Republicana.
En este contexto, esta semana la plana mayor de Junts se reunió para anunciar que va a celebrar su congreso tras el verano —por reglamento correspondía celebrarlo en el 2026— en el que se redefinirá su estrategia y también sus pactos con el PSOE en Madrid. El secretario general, Jordi Turull, aseguró que su objetivo es "relanzar al independentismo" y que podría afectar a "todas las decisiones en todos los ámbitos”: "Lo que no haremos será decidir cosas en función de cómo queramos que vaya en Madrid", subrayó Turull.
El complicado calendario de los Presupuestos Generales de 2025
El cónclave de Junts complica, así, los planes al Gobierno de Pedro Sánchez para negociar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Desde el Ejecutivo confiaban en retomar las negociaciones a la vuelta del verano y aseguraban que la negativa de Junts a los objetivos de déficit no afectaban al calendario escrupuloso que tenía previsto Sánchez con la aprobación del proyecto definitivo antes de que finalice el año.
Un optimismo que, a priori, parece que no encaja con los planes de los posconvergentes, que buscan situarse como la referencia del independentismo que se afrenta abiertamente al Estado español, por lo que sería difícil de explicar su 'sí' a las cuentas públicas.Aunque el partido de Puigdemont, en boca de su portavoz adjunto en la Cámara Baja, Josep Maria Cruset, argumentó que su rechazo se debía a la “baja ejecución presupuestaria” en Cataluña, no ha mostrado ningún interés en retomar las negociaciones con el PSOE.
Lo cierto es que los presupuestos, desde el nacimiento de la legislatura, han sido un camino plagado de espinas para el Ejecutivo La primera orden que dio la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, al reeditarse la coalición fue que todos los departamentos enviasen sus planes. Y, de manera discreta, iniciar las negociaciones con el resto de formaciones que apoyaron la investidura para ir tejiendo los futuros apoyos a las cuentas anuales. Sin embargo, el adelanto electoral en Cataluña forzó al Gobierno a cambiar sus planes.
Del plan de regeneración a la reforma de la Ley de Extranjería: otras cinco normas pendientes del 'sí' de Junts
A esto se le suma que los posconvergentes también advirtieron de que vetarían todas las leyes en el Congreso que invadieran las competencias de la Generalitat y que no incluyeran, por tanto, lo que la formación bautizó como la "enmienda Cataluña". Se trata del mismo argumento que esgrimían ya la pasada legislatura para justificar su rechazo a algunas medidas económicas como la reforma laboral, a la que Miriam Nogueras llegó a calificar de "parche" acordado entre la CEOE y los sindicatos españoles, pero que "excluía al 99,8% del tejido empresarial catalán". De manera similar, Junts también votó en contra de la Ley de Vivienda por su supuesta invasión de las competencias autonómicas.
Junts se revuelve contra el Govern de Illa y complica más la legislatura a Sánchez
Ahora, tampoco está claro el voto de los juntaires para dar vía libre a las medidas que Sánchez defendió hace solo un mes como parte del plan de regeneración democrática y que anunció que se empezaría a negociar también a partir de septiembre. Entre ellas, que los medios informen sobre sus propietarios y reformar la publicidad institucional para limitar la financiación de administraciones a lo que califica como “pseudomedios", la reforma parcial de la ley mordaza o la obligatoriedad para celebrar debates electorales. Tampoco está claro qué votarán los de Puigdemont a propósito de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que el Gobierno quiere reformar y que estuvo sobre la mesa durante las negociaciones con Junts para la ley de amnistía.
En el balance de legislatura celebrado a finales de julio, Sánchez marcó como prioridad legislativa la vivienda y anunció una conferencia de presidentes, prevista para septiembre, para tratar de llegar un acuerdo nacional de promoción y acceso a la vivienda pero se trata de un asunto en el que PP y PSOE tienen posiciones encontrados y resulta complicado que haya un punto de acuerdo entre ambos, por lo que el Gobierno se vería obligado a buscar mayorías alternativas. También hay medidas como la modificación del Estatuto de los Trabajadores o la ampliación por ley del nivel asistencial de la protección por desempleo. Ambas cuestiones entroncan con lo que Junts considera una "invasión" competencial, por lo que su voto no se puede dar por descontado.
El mismo día que los siete diputados de Junts tumbaron los objetivos de déficit, también rechazaron la reforma de la Ley de Extranjería que presentó el Gobierno para sistematizar y hacer obligatorio el sistema de solidaridad entre comunidades autónomas para la acogida de menores migrantes. "Si no hay una exclusión de Catalunya de esta ley, y por tanto del reparto de menores migrantes, nosotros no podemos votar a favor de una ley que todavía tensiona más ", argumentó su portavoz en la Cámara Baja, Miriam Nogueras. De nuevo, unieron sus votos a los de PP y Vox para oponerse a una norma a la que el Gobierno ha dado máxima prioridad en los últimos meses por la situación que están viviendo autonomías como Canarias. Sobre materia de inmigración también estaría en el aire el voto de los siete diputados independentistas a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes. Aunque votaron que sí a la toma en consideración, el diputado Josep María Cervera no quiso entrar "en el fondo de la iniciativa".
Desde que comenzó la legislatura, Junts ha hecho valer sus siete votos en el Congreso. Las negociaciones para investir a Pedro Sánchez, que se saldaron con el compromiso de sacar adelante la ley de amnistía, dejaron meridianamente claro que los posconvergentes no se rigen por los mismos criterios que otras formaciones a la hora de decantar la balanza hacia un lado u otro y que no les preocupan las consecuencias que tenga para la gobernabilidad del Estado.