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Un 39,2% de los más de 140.000 millones de inversión pública que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé entre 2021 y 2026 se dedicarán a la transición ecológica. Más de 54.000 millones de euros en cinco años para lograr que España aporte su granito de arena para poner coto al cambio global que sufre el planeta –pérdida de biodiversidad, crisis climática– y para resistir ante la perspectiva de ser el país del continente más afectado por la desertización y el calentamiento global. La hoja de ruta del Gobierno para gestionar los fondos Next Generation EU permite afirmar que, con sus carencias, limitaciones y éxitos, España se toma los retos medioambientales en serio. No siempre ha sido así.
El país lleva transitando una década entre discursos cargados de buenas intenciones, promesas que se quedan en nada, inacción y retrocesos. Solo en los últimos años se ha logrado pisar el acelerador, aunque los más críticos temen que sea solo a medio gas. Y queda mucho, mucho por hacer. En 2007, el entonces líder de la oposición y presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguraba que un primo suyo, catedrático de la Universidad de Sevilla le había dicho que no era posible predecir "ni el tiempo que va a hacer mañana", por lo que "el cambio climático tampoco lo podemos convertir en el gran problema". En 2015, ya como presidente, reconoció que se había equivocado y que el fenómeno es "el mayor reto medioambiental". La siguiente vuelta de tuerca, que protagoniza el Gobierno de Pedro Sánchez, es considerar la crisis climática no solo como un reto "medioambiental", también social, económico y político. Y como una oportunidad para renovar estructuras oxidadas.
Por eso, a semejanza del Gobierno de Enmanuel Macron en Francia, decidió unir las carteras de medioambiente y energía en una con un concepto más ambicioso y transformador: transición ecológica. En 2021, con la luz a final del túnel de una pandemia que lo ha trastocado todo, España se enfrenta a una década clave para ganar o perder la partida contra los excesos del mundo desarrollado al que pertenece. Merece la pena, en este año bisagra, echarle un vistazo a cómo estábamos hace 10 años atrás, para entender no solo cuánto hemos cambiado, también todo lo que nos queda por hacer.
Emisiones: mejor que nunca, lejos del objetivo final
España se propone, si no lo modifica el Senado, reducir un 23% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 con respecto a 1990, el año base. Durante los años de expansión económica y de burbuja previos a la crisis económica de 2008, el país incrementó el CO2 que expulsaba a la atmósfera mientras el resto de Europa lo reducía. En 2011, hace una década, España estaba aún en un 123% de emisiones con respecto a los años 90. El descenso de la actividad fruto de la recesión hizo bajar los niveles tras haber alcanzado un 153% en 2007. A partir de 2013 entramos en una fase de estabilización en la que se subía o se bajaba dependiendo, fundamentalmente, de las condiciones meteorológicas.
2020, fruto del buen tiempo, del descenso de la demanda y el consumo por la pandemia, del cierre del carbón y del desarrollo de las renovables, España bajó por primera vez de los niveles de 1990. Por lo que se queda en una muy buena posición para llegar al 23%, aunque el reto está en convertir lo circunstancial por el covid-19 en estructural. Los críticos con el objetivo consensuado entre PSOE y Unidas Podemos, y apoyado por la mayoría del Congreso, argumentan que precisamente ese terreno ganado justifica una mayor ambición en la meta para la próxima década, teniendo en cuenta que es necesario llegar a un nivel mínimo de emisiones en 2050. Los partidos del Ejecutivo creen que, dado que España emitió mucho más que sus vecinos durante los últimos 20 años, el esfuerzo es mayor. En todo caso, los números muestran que el país ha avanzado en acción climática y que el Plan de Recuperación puede seguir de palanca para seguir avanzando, aunque el tiempo dirá si lo suficiente.
Renovables: años de parálisis hasta la explosión fotovoltaica
Las energías renovables, como es ampliamente sabido, constituyen una de las principales herramientas para reducir las emisiones, y son una de las culpables de una reducción de emisiones que comenzó ya en 2019 tras años de estancamiento. El cambio fundamental se ha producido, en comparación con 2011, en la energía solar fotovoltaica. Pero no fue suficiente para cumplir los objetivos a 2020 que se marcó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Teresa Ribera, ahora vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, de secretaria de Estado. Sí cumplimos los que exigía Europa, in extremis por el empujón que supuso la pandemia.
A 31 de diciembre de 2011, el 12% de la potencia instalada en centrales de generación eléctrica funcionaba con carbón, altamente contaminante y emisor de CO2. Ahora solo representa un 5,2% y solo cubrió el 2% de la demanda en 2020. La eólica ha pasado de representar el 16% a un 22% y la fotovoltaica ha duplicado su presencia en el país, de un 3% a un 6%. La instalación de nueva capacidad renovable se vio estancada desde que, primero Miguel Sebastián como ministro de Industria y posteriormente Álvaro Nadal como responsable de Energía limitaron, con carácter retroactivo, la retribución fija que el Ejecutivo de Zapatero decidió otorgarle a las empresas productoras. Ninguna compañía, ni nacional ni internacional, quiso poner ni una sola placa más en territorio español y las demandas se acumularon en las cortes de arbitraje.
"Todas las primas y el régimen especial generaron un déficit del sistema, que era la principal preocupación del Gobierno de Rajoy", asegura Pedro Fresco, analista energético. "En aquel momento, la eólica y la fotovoltaica todavía tenían que recibir ayudas". En 2017, explica, el Ejecutivo conservador se dio cuenta de que no llegaban a los objetivos europeos de 2020 y montó una subasta cuyos ganadores ya no necesitaban subvenciones para obtener rentabilidad. Aquí se produjo el principal cambio que explica el boom de la energía solar: el abaratamiento de los costes convirtió en un negocio la instalación masiva de renovables en el país con más horas de sol del continente.
La secretaría de Estado de Ribera, en sus optimistas previsiones para 2020 –calculaban casi 70.000 MW de renovables a 10 años vista, y nos quedamos en 60.000–no contaban con el conocido como hachazo a las renovables. Ahora, el desarrollo renovable va tan viento en popa, animado por una legislación y un contexto favorable, que el Ejecutivo no ha visto necesario una gran inversión para fomentarlo, a excepción de las islas. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima la principal inversión que se espera es privada. El autoconsumo sí que contará con ayudas y subvenciones procedentes de los fondos europeos, una vez retirado el impuesto al sol.
Biodiversidad, ecosistemas e infraestructuras verdes: años de daño continuado
No ha levantado demasiados titulares, pero es una política palanca –como la denomina el Gobierno de Sánchez– de relevancia: el Plan de Recuperación destina 1.642 millones de euros a la "conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad". El Gobierno pretende, a través de la negociación, la presión y las inyecciones directas de dinero a las autonomías, no solo recuperar los espacios naturales ampliamente degradados por la acción humana sino también conectar los principales ecosistemas a través de lo que llama una "infraestructura verde" mediante la cual en 2050, recuperando el antiguo dicho, una ardilla pueda cruzar la Península saltando de rama en rama.
Ya estaban las intenciones. Lo nuevo es el presupuesto. El Gobierno socialista pretende revertir una degradación que, en la última década, no ha hecho más que empeorar. Sobre todo en los espacios más simbólicos y representativos, donde el modelo productivo choca directamente con la conservación de los ecosistemas. Basta echar un vistazo a la prensa de 2011. "Se ha optado por una política muy estricta de conservación en el interior del espacio protegido pero en el entorno se ha apostado por políticas de desarrollo convencionales, que periódicamente plantean problemas que no son fácilmente resolubles", decía por entonces de Doñana el director de su Estación Biológica entre 1996 y 2000, Miguel Ferrer. En la actualidad, las marismas se encuentran en estado crítico, con los agricultores que consumen su agua en pie de guerra por el cierre de pozos ilegales.
Una situación similar se encuentra en el Mar Menor. En 2011, la principal preocupación era la plaga de medusas que se amontonaban en la laguna por el vertido de nitratos procedentes de la agricultura intensiva de los alrededores. En 2011, biólogos y ambientólogos dudan que algún día el espacio se pueda recuperar y volver a lo que fue tras décadas de descontrol. "El drenaje agrícola sigue siendo un foco de contaminación pese a los planes de las administraciones públicas para ponerle fin", se podía leer en La Verdad por entonces. El departamento de Ribera y los responsables ambientales del Ejecutivo de López Miras, presidente de la Región de Murcia, siguen de gresca para hallar una solución. 10 años después.
Bruselas bendice el plan de recuperación del Gobierno, pide unidad política en torno a él y avala la entrega de 19.000 millones
Lo único que ha cambiado en una década es que ahora hay –mucho– dinero sobre la mesa. Aunque el ambientólogo y divulgador climático Andreu Escrivá es muy, muy escéptico. "La gente piensa que transición ecológica es transición energética. La estamos despojando del 80% de lo que es y lo que significa. Si queremos transicionar como país no podemos hacerlo solo como un tendido de cables y enchufes. Veo con mucha preocupación cómo los asuntos relativos a la biodiversidad están siendo insuficientemente tratados y se están olvidando en el debate público".
Escrivá agradece las intenciones del Plan de Recuperación y la obvia mejora en estos temas que ha protagonizado el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera en comparación a su antecesora, Isabel García Tejerina. Pero cree que, tanto con este tema como con otros, el Gobierno ha renunciado a canalizar de verdad el cambio cultural que el país ha disfrutado con respecto a estos temas en los últimos años. Vimos movilizaciones climáticas durante 2019 que muchos activistas daban por imposibles. ¿Está el esfuerzo a la altura de la reivindicación? "Me da la impresión de que estamos reconduciendo ese causal de exigencia ciudadana para hacer lo de siempre, pero con un fantástico filtro verde".
El ambientólogo es muy crítico con la primacía del coche eléctrico en la gestión de los fondos europeos que pretende Sánchez o con la cacareada "colaboración público-privada" para abordar, por ejemplo, estrategias de desarrollo del hidrógeno verde, de mano con las petroleras, en vez de abordar una profunda y radical revolución en todos los ámbitos, a pesar de los límites con los que se encuentra un Gobierno socialdemócrata en una economía de mercado. "Sí, bajaremos las emisiones, evidentemente: pero yo de momento lo que veo es mucha proclama y pocos cimientos para la transformación que requiere el país". Se ha avanzado mucho, pero aún quedan muchos caminos que transitar.
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