El decano electo de los abogados de Madrid busca desmarcarse del presunto agresor de su antecesora

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que con 77.000 miembros es la institución colegial más importante de España, eligió el pasado miércoles a su nuevo decano: José María Alonso. Pero su aterrizaje en primera línea del organismo ha sido todo menos suave. La jornada electoral quedó marcada por una agresión contra la decana saliente, Sonia Gumpert. La abogada denunció aquella misma noche haber sido víctima de una agresión física y verbal por parte de Alejandro Pintó Sala, fundador del Instituto Superior de Derecho y Economía (Isde), una entidad de carácter privada dedicada a la formación jurídica que se volcó en apoyo a la candidatura de Alonso.

Tras la agresión física y verbal, Sonia Gumpert y las dos personas que se encontraban con ella –José Ramón Antón, responsable de la sección de derechos humanos del Colegio, y Antonio Albanés, miembro de la candidatura de Javier Íscar, que quedó en segundo lugar y que contaba con el apoyo de Gumpert–, presentaron una denuncia judicial en los juzgados de Plaza de Castilla. La decana acudió inmediatamente después al hospital La Paz, donde un parte médico de lesiones confirmó las secuelas producto de la agresión. Dos días después se convocó una vista previa sobre la orden de alejamiento que había solicitado la decana y que finalmente fue desestimada por no advertir la jueza riesgo de encuentro entre las partes. El viernes ya realizaron una primera declaración judicial Alejandro Pintó Sala y su hijo, Alejandro Pintó Coma, que están siendo investigados por un delito de atentado contra la autoridad, otro de lesiones y uno de amenazas. El padre es el supuesto autor de la agresión física, mientras que a su hijo se le atribuyen amenazas verbales. Ambos negaron de forma tajante cualquier tipo de ataque.

El nuevo decano se encuentra ante una disyuntiva complicada: abrir expediente disciplinario que puede derivar en la expulsión como colegiado de Pintó Sala –su hijo no está colegiado– y hacer que el ICAM se presente como acusación en la causa judicial, enfrentándose así a uno de los más firmes aliados que ha tenido para ganar las elecciones, o no adoptar ninguna de las dos medidas y ver emborronada su imagen ante buena parte de los abogados a los que debe representar. Este lunes 18 estaba convocada una reunión extraordinaria de la Junta Directiva en funciones del Colegio para decidir sobre las dos cuestiones, pero finalmente fue desconvocada después de que Begoña Castro –que forma parte tanto del equipo saliente como del entrante– advirtiese por correo al resto de miembros de que la actual Junta no tiene capacidad para decidir más allá de cuestiones de trámite.

La cancelación de la reunión a instancias de una persona destacada del equipo de José María Alonso no implica, sin embargo, que el ICAM no vaya a tomar acciones. Así al menos lo ha aseverado en declaraciones a infoLibre un portavoz autorizado del propio decano electo, quien señaló literalmente que "es firme la voluntad de la Junta de Gobierno de José María Alonso de afrontar de manera inmediata los hechos producidos, que son graves y trascendentes y que afectan negativamente al Colegio como institución y a la abogacía en su conjunto". El portavoz aseguró, asimismo, que Alonso tiene claro que hay que actuar pero matiza que no es el momento. Como decano, añade, actuará con "máxima firmeza y celeridad".

El Reglamento obliga a abrir expediente

El Reglamento de procedimiento disciplinario de la Abogacía, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía el día 27 de febrero de 2009, establece la obligación de abrir un expediente disciplinario de oficio ante hechos que puedan ser sancionables aunque exista una investigación penal en marcha. En concreto, en el artículo 2 se afirma que "cuando se tenga conocimiento de que se está tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a este Reglamento sea racionalmente imposible, el procedimiento será iniciado obligatoriamente y suspendido en su tramitación, sin perjuicio de las medidas de carácter provisional que proceda adoptar en virtud de lo previsto en el artículo". Las mismas fuentes próximas a Alonso declaran, al respecto, que aún no es decano y no puede tomar decisiones como tal.

El pasado viernes, Alonso emitió un comunicado a través del que condenaba los "desgraciados hechos denunciados la noche electoral" y que fueron "enteramente ajenos al limpio desarrollo del mismo". El decano electo señalaba, asimismo, que "habida cuenta de que se ha anunciado por las partes implicadas que el mencionado incidente se va dirimir en los órganos jurisdiccionales, la Junta de Gobierno entrante no puede sino quedar a expensas de lo que decidan las autoridades judiciales competentes para investigar y resolver sobre los desgraciados hechos denunciados". Un planteamiento que, a priori, choca con lo que establece el Reglamento disciplinario.

Los vídeos de la agresión que denunció Gumpert

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Tampoco se ha decidido sobre la personación particular del ICAM, aunque sí es cierto que de momento el Consejo General de la Abogacía ha comunicado en palabras de su presidenta, Victoria Ortega, que está dispuesto a ponerse "a disposición" de Sonia Gumpert para el "apoyo y colaboración que estime conveniente en el ejercicio de las acciones que considere oportuno plantear". También Nicolás González-Cuéllar, otro de los candidatos a las elecciones, solicitó personarse como acusación popular, como representante de Movimiento 24DOS. La personación del Consejo General de la Abogacía añadiría más presión sobre Alonso, ya que resultaría extraño que dicho órgano apoyase a Gumpert y no lo hiciese la institución de la que fue decana.

Isde apoyó hace cinco años la candidatura de Gumpert, pero la relación se rompió enseguida. Los representantes del Instituto trataron –según denuncia el equipo de la aún decana–, de imponer una lista de 50 personas que Gumpert debía despedir y sugirieron otros 38 nombres que debían ser contratados por el Colegio. Pero Gumpert no accedió, y un año después de ser elegida decana Alejandro Pintó la demandó por incumplir un convenio por el que Gumpert se comprometía al cumplimiento de un programa a cambio del apoyo de Isde. El fundador del Instituto, no obstante, perdió la demanda.

Isde emitió un comunicado el pasado jueves en el que niega "rotundamente las acusaciones falsas vertidas por Dña. Sonia Gumpert Melgosa contra D. Alejandro Pintó Sala y esta institución" y anuncia "la interposición de las correspondientes acciones legales ante los Tribunales de Justicia".