El futuro de Cataluña
Mas deposita 2,2 millones en el Tribunal de Cuentas como parte de la fianza por organizar el 9N
El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha depositado este lunes 2,2 millones de euros del total de 5,25 millones que le ha reclamado el Tribunal de Cuentas como fianza por haber usado fondos públicos para la consulta independentista de noviembre de 2014, según el escrito que ha presentado su abogado y al que ha tenido acceso Europa Press.
Además, el letrado ha pedido al Tribunal de Cuentas que se amplíe en 15 días el plazo fijado para abonar el resto de la fianza, en este mismo escrito que ha enviado en nombre también del resto de afectados: los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y cinco funcionarios del Govern.
El abogado ha solicitado que se le acepte esta ampliación del plano para abonar el resto atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables" y ha añadido que con la aportación de este lunes considera que se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.
En su escrito, ha anunciado además que, como los 2,2 millones sólo cubren parcialmente el importe reclamado, "se presentarán otros medios de garantía encaminados a la cobertura de la totalidad de la liquidación".
El letrado también aclara en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.
La cifra total reclamada —5.251.948,17 euros— responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.
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Reintegro a las arcas públicas
El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre esta fianza, con el objetivo de garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados.
El tribunal fijó esta semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y de no hacerse, procederían al embargo de los bienes de los responsables del 9N.
