La derecha mantiene viva su estrategia de acoso y derribo tras un año de Gobierno de coalición y pese a que los Presupuestos facilitan una legislatura larga

No habrá tregua. Los más optimistas en la Moncloa creían que una vez aprobados los Presupuestos y garantizada así la continuidad de la legislatura la derecha, y en particular el PP, no tendrían más remedio que modificar la estrategia de acoso y derribo contra el Gobierno de coalición que han mantenido de forma sostenida desde que Pedro Sánchez fue investido presidente. Ahora saben que se equivocaban. Los primeros compases del año demuestran que la senda marcada por Pablo Casado y Santiago Abascal al frente de sus respectivas organizaciones, el PP y Vox, no va a cambiar.

La pandemia no cede, más bien todo lo contrario, y con ella se nubla el sueño de una recuperación económica rápida. A lo largo de los próximos meses las tensiones económicas y sociales ofrecen a la derecha munición suficiente para alimentar el asedio a un Ejecutivo cuya legitimidad —a la vista de quiénes son sus socios— discuten. Es más: la dura competencia de Ciudadanos por el voto unionista a la derecha del PSOE en Cataluña amenaza con destruir definitivamente el intento de su presidenta, Inés Arrimadas, de tender puentes con el Gobierno a través de los cuales ensayar que otra política, más constructiva, es posible.

El temario favorito del PP sigue vigente en 2021. Y muestra cuáles son las prioridades del partido de Casado en el primer aniversario de la formación del Gobierno de coalición. El líder de la oposición y su equipo, primero con la portavocía de Cayetana Álvarez de Toledo y ahora con la de Cuca Gamarra, lleva doce meses empeñado en un único objetivo: romper el acuerdo PSOE-Unidas Podemos que dio lugar a la formación de Gobierno y desbloqueó la legislatura después de casi un año de estancamiento institucional. No lo ha conseguido, pero las cada vez más visibles tensiones internas, consecuencia sobre todo del diferente ritmo que Pablo Iglesias quiere dar al pacto que firmó con Pedro Sánchez y de las dificultades de encajar sus previsiones en el marco de una profunda crisis económica, han hecho que el PP siga apostando por tratar de minar la solidez del acuerdo.

Los ataques a Unidas Podemos seguirán en el centro de la estrategia de Casado, al igual que el intento de retratar a Sánchez como cómplice del independentismo catalán y de EH Bildu, a cuyos representantes el PP sigue tratando de presentar como partidarios de ETA. El líder de la oposición busca el modo de estimular la disidencia interna de los barones del ala derecha del socialismo español como Emiliano García Page, Javier Lambán o incluso Guillermo Fernández Vara agitando a los electores del PSOE en sus respectivas comunidades —Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura—, convencido de que son los que menos cómodos están con los acuerdos tejidos por el presidente con Iglesias y con el independentismo vasco y catalán.

En el corto plazo, las elecciones catalanas del 14 de febrero condicionan el escenario. Ahí Casado y su equipo —igual que Ciudadanos, Vox y la izquierda independentista— ya han señalado a Salvador Illa, todavía ministro de Sanidad, como el objetivo a batir. Privado de la posibilidad de criticar la gestión de la pandemia porque son los Gobiernos autonómicos —también los del PP— los responsables de hacerlo, el fuego dialéctico se concentra en el candidato socialista y en la hipótesis de un acuerdo con Esquerra que utilice como moneda de cambio el indulto a los dirigentes independentistas que permanecen en prisión, entre ellos el líder republicano, Oriol Junqueras. En el horizonte, la reanudación de la mesa de diálogo sobre Cataluña, interrumpida por la pandemia.

A vueltas con ETA

Sin olvidar el fantasma de ETA. Esta semana PP, Vox y Ciudadanos acusaron al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de consentir una visita de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, a una prisión gaditana donde cumplen condena algunos de los presos irreductibles de la organización terrorista. Un contacto que, según Instituciones Penitenciarias, no sólo es desde hade años una práctica habitual por parte los dirigentes de la izquierda abertzale sino que no está en su mano impedir. La visita, según la derecha, anticipa el final de la política de dispersión de los presos de ETA como supuesto pago al respaldo de EH Bildu a los Presupuestos.

En la agenda a corto plazo del PP se mezclan desde el acuerdo sobre Gibraltar y el Brexit, que los conservadores consideran lesivo para los intereses de España, a la subida récord de la tarifa de la luz, que en los últimos días ha movilizado al equipo de Casado, coincidiendo con la ola de frío, para culpar a la coalición de alza del precio.

El mes de enero es, tradicionalmente, un período en el que el Congreso trabaja al ralentí, sin sesiones plenarias y escasa actividad en comisión, lo que suele incomodar a la oposición de turno, que se ve desprovista de un escenario en el que ejercer el control del Gobierno. El PP no es una excepción, por eso Casado ha ordenado solicitar numerosas comparecencias para poner encima de la mesa —además de los ya citados— asuntos muy diversos como el estado de alarma o los fondos europeos de de recuperación.

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Los conservadores quieren insistir en el estado de alarma, a cuya declaración no se opusieron pero que tampoco respaldaron, a pesar de que ningún grupo en el Congreso apoyó su demanda de un plan B de reformas legislativas para no tener que utilizar esta herramienta constitucional para luchar contra el virus. Y volverá a la carga con los fondos europeos, una parte de los cuales —10.000 millones para para reactivar la economía y blindar los servicios públicos— asegura que se han distribuido de forma discriminatoria entre las comunidades autónomas.

Casado insistirá además en seguir levantando la sombra de la sospecha en relación con el resto del dinero que Bruselas ha ofrecido a España para financiar proyectos de recuperación económica y cuyo reparto, antes incluso de que haya comenzado, el líder del PP asegura que va a ser “clientelar”.

La estrategia de Vox en el inicio del año tampoco va a variar. Los ultras insisten en los mismos temas que el PP, enfatizando los que tienen que ver con la llegada de migrantes a las costas españolas y la inseguridad asociada a la okupación ilegal de pisos, dos materias clave del discurso ultraconservador. Para los de Santiago Abascal no hay más salida que nuevas elecciones pero, entretanto, seguirán llevando al primer plano sus aparentes fricciones con el PP como parte de la pugna que las dos organizaciones mantienen por el espacio de la derecha.