El ‘'derecho a decidir' de los comunes, el inesperado elefante en el espacio de Sumar a un mes del 23J

Sumar ya empieza a cabalgar las contradicciones inherentes a toda formación política. En este caso con Cataluña como protagonista. Mientras que la vicepresidenta y candidata de la coalición, Yolanda Díaz, ha mantenido hasta ahora un calculado silencio sobre si apoya o no la celebración de un referéndum soberanista en Cataluña, la pata catalana de la coalición, los comunes, no renuncia a esta vía. Así lo ha manifestado la número uno por Sumar en Barcelona, Aina Vidal. "No hemos abandonado nada", ha asegurado en rueda de prensa este lunes, después de que la pasada semana ella misma anunciara que la consulta formará parte de su programa electoral. "En el referéndum estamos donde hemos estado siempre. Cataluña debe votar su futuro", aseguró. 

En cambio, el portavoz de campaña de Sumar —y miembro también de los comunes—, Ernest Urstasun, ha especificado que la propuesta de la coalición pasa por la ratificación del acuerdo que surja de la mesa de diálogo. Un espacio de interlocución habilitado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de la Generalitat para tratar de apaciguar el conflicto y que actualmente se encuentra en pausa, a la espera de si se renueva el actual Gobierno de coalición. Desde ERC quieren llevar el referéndum a la mesa de diálogo, pero Sánchez ha asegurado en varias ocasiones que no accederá porque no tiene cabida en el actual ordenamiento jurídico y constitucional. 

Con todo, Urtasun ha negado que la propuesta de Sumar difiera de la de los comunes. "Estamos proponiendo lo mismo", ha señalado este lunes, insistiendo en que la mesa de diálogo es un "método imprescindible" del que deberá surgir un acuerdo "que sea votado en una consulta" por los catalanes. Según Urtasun, esta propuesta es "exactamente" la misma que plantean los comunes, "refrendar un acuerdo": Ahí no hay divergencias. Estamos hablando exactamente de lo mismo", ha zanjado. Por su parte, Vidal también asume que la posición que se reflejará en el programa electoral será la que marque Díaz.

Con el procés desactivado, la propuesta del referéndum genera incomodidad en el espacio —en el que conviven una quincena de organizaciones— porque desdibuja la estrategia de Díaz, centrada en vender gestión y en lanzar medidas para "mejorar la vida de la gente" como la reducción de la jornada laboral, el bono para las hipotecas, la cesta de la compra o la subida de impuestos a los más ricos. A un mes de que se celebren los comicios generales, desde Sumar quieren evitar que el referéndum se convierta en el principal ariete de la campaña por parte de la derecha como ya lo fue la inclusión de exetarras en las listas de EH Bildu el pasado 28M.

Del referéndum a la mesa de diálogo

Esta propuesta refleja el cambio de posición dentro del espacio de la izquierda. En las primeras elecciones generales a las que se presentó En Comú Podem, se apostó de manera clara por la vía del referéndum pactado. La coalición, entonces liderada por Pablo Iglesias, asumió esa propuesta en el programa y aseguró que Podemos haría campaña para la permanencia de Cataluña en España. Una tesis también avalada por su número dos y actual líder de Más País, Íñigo Errejón e incluso por la propia Yolanda Díaz, que en el año 2017 defendió esa posición desde la tribuna del Congreso.

"La demanda del referéndum es la única salida. Será hoy, será en un año o en cinco años, pero habrá referéndum", aseguró, después de acusar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de querer "humillar" a Cataluña. "Desde Galicia les decimos: detengamos el odio como arma política, paremos el odio contra Cataluña. Dialoguem, parlem", zanjó.

Ahora el marco de referencia de Sumar y de los comunes es el programa de Unidas Podemos de las elecciones generales de 2019. Ese documento menciona la mesa de diálogo pero también la necesidad de que los catalanes decidan su futuro en una votación. "Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España", señala el punto 281 del programa. Desde Sumar insisten en que eso no significa avalar la autodeterminación, sino que ese "referéndum pactado" puede ser sobre el acuerdo de la mesa de diálogo.

En los comicios autonómicos de 2021, los comunes volvieron a abogar por la vía del referéndum pactado. Así, planteaban "acordar una ley para establecer el procedimiento, las condiciones, las mayorías calificadas y la interpretación de cualquier consulta popular por vía de referéndum sobre la modificación del estatus político de Cataluña y de las comunidades del Estado". En esa línea, solicitaban adaptar la ley de claridad de Canadá, es decir, tener "competencia para celebrar un referéndum, respeto por los principios democráticos y federales y por el Estado de derecho, normas claras para interpretar el resultado de la consulta y obligación, de ambos gobiernos, de negociar lealmente para realizar los cambios legislativos y constitucionales necesarios que permitan hacer efectiva la voluntad popular".

La ley de claridad y la vía canadiense

La ley de claridad, también defendida por ERC, establece que una región se puede separar siempre y cuando el resultado del referéndum sea "de una mayoría clara y contundente". Sin embargo, en la vía canadiense esta consulta no es vinculante. Es decir, no otorga la independencia. Lo que hace es obligar al Gobierno a negociar, a partir de lo cual resultaría una negociación multilateral que previsiblemente concluiría con un proceso de reforma constitucional, que tiene que ser avalado por tres quintas partes del Congreso.

Si en España se siguiera esta vía, el Congreso tendría que dar el sí a la pregunta, que no podría ser equívoca. El padre de la ley de claridad canadiense, Stéphane Dion, se ha pronunciado frecuentemente de forma crítica sobre los procedimientos del independentismo catalán en este punto. En cuanto a las mayorías, habría que establecer un mínimo de participación para validar el resultado, así como una diferencia para ganar que no podría ser de 51%-49%.

El Tribunal Constitucional aludió a la vía canadiense en una sentencia de marzo de 2014 que anuló la declaración soberanista del Parlament de enero de 2013, con Artur Mas como president, que reconocía al "pueblo de Cataluña" como "sujeto político jurídico y soberano" y acordaba "iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir". La sentencia del TC no avala esta vía para el caso catalán, pero utiliza el fallo canadiense de 1998 para apuntalar su argumentación contra la "soberanía del pueblo de Cataluña".

La propuesta de Sumar: un "nuevo contrato territorial"

Uno de los grupos de trabajo de Sumar que elaboraron las conclusiones del proceso de escucha fue el de 'modelo territorial'. Aunque en las 16 páginas del documento no se aborda ninguna reforma específica y ni tan solo hace mención a Cataluña, defienden dotar a España de "un carácter federal" en el que inscribir la gestión, las políticas públicas y las instituciones. También defiende la necesidad de "alcanzar un nuevo contrato territorial" que "articule la complejidad del país" y que "comprenda su pluralidad política, tanto la voluntad de autogobierno de cada comunidad, como la voluntad de gobierno compartido del conjunto".

La persona encargada de coordinar este grupo es Ramón Máiz Suárez, catedrático de Ciencias Políticas y Administración en la Universidad de Santiago de Compostela. Máiz es un firme defensor del "federalismo plurinacional" y lo contrapone con las tesis nacionalistas. "Esta concepción se fundamenta en una idea de nación como proceso abierto y plural de construcción política, así como en una perspectiva de gobierno multinivel de soberanías compartidas", explica el catedrático en un artículo de la Revista idees.

Máiz aboga por una reforma constitucional como el modo "más idóneo" para "tratar de salir del actual bloqueo". Una reforma que permita "un cambio profundo tanto de las instituciones (Consejos de Gobierno autonómicos, gobiernos locales...), como de la estructura competencial y las fuentes del derecho". "El marco del federalismo plurinacional no constituye ninguna panacea, pero muestra un innegable potencial estratégico como espacio de deliberación y coordinación política, abierto a posiciones varias de socialismo democrático, nuevo municipalismo, republicanismo y nacionalismos pluralista", mantiene el experto.

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Este cambio constitucional como respuesta al conflicto catalán ha sido planteado también por otras formaciones como el PSC. El objetivo principal es ofrecer una España más atractiva, si no para los independentistas convencidos, sí para esa parte de la sociedad desencantada que se ha aproximado circunstancialmente al independentismo pero podría mirar las reformas con agrado. "Existe en Cataluña, de modo empíricamente contrastable, un espacio compartido y muy plural de demandas y emociones, en buena parte de la ciudadanía, que permite su eventual articulación política desde los supuestos del federalismo plurinacional, compitiendo con solvencia tanto con la defensa del statu quo autonomista, cuanto con el secesionismo", sostiene Máiz.

El abanico para esta reforma es amplio: reconocimiento de Cataluña como nación o de la plurinacionalidad del Estado, ampliación competencial de las comunidades, reforzamiento de las atribuciones en educación de las autonomías con lengua propia, federalización del Estado y establecimiento de mecanismos de decisión de las autonomías en los asuntos generales, reconocimiento —por ejemplo, en disposición adicional— de un estatus económico-fiscal diferente para Cataluña, reforma de instituciones con marchamo centralista como el Senado o el Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta segunda siempre ha mantenido que Cataluña es "imprescindible" para "ganar el país" y ha defendido su modelo "plurinacional y plurilingüe". Fuentes próximas a Díaz aseguran que quiere "mejorar" el modelo plurinacional en todo el territorio. Es más, la titular de Trabajo siempre defiende que España es plurinacional también en demandas laborales y especificidades territoriales.