La derrota parlamentaria confirma al Gobierno la necesidad de pactar los Presupuestos antes de llegar al Congreso

“Tenemos que aprender todos. El Gobierno tendrá que tomar nota de lo que ha ocurrido”, reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de sufrir este jueves en carne propia la primera gran derrota del Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados. No mencionó los Presupuestos de 2021, pero sí añadió que, en el futuro, habrá que “hablar con los grupos parlamentarios para garantizar la tramitación de los acuerdos que alcance con otros agentes”.

El resultado de la votación, que anula el decreto ley que regulaba la utilización de los remanentes de los ayuntamientos y que era clave para que la administración local pudiese movilizar fondos adicionales en plena recesión económica, no deja lugar a dudas sobre las dificultades del Gobierno a la hora de alcanzar acuerdos: 193 votos en contra, frente a 156 síes. O lo que es lo mismo, todos los grupos votaron contra el decreto, que sólo consiguió el respaldo de PSOE, Unidas Podemos y, por error, del único diputado de Teruel Existe, que votó favorablemente por vía telemática creyendo que se había alcanzado un acuerdo.

La forma en que el Gobierno tramitó el decreto evidencia, además, su intención de sacarlo adelante apelando apenas a otra cosa que la necesidad que tienen los ayuntamientos de dinero. Prueba de ello es que sólo in extremis Montero alcanzó, sólo horas antes de la votación, un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos, que a punto estuvieron de romper su compromiso de respaldar las medidas aprobadas por el Gobierno del que forman parte. El esfuerzo de negociación, si es que se produjo a lo largo de las últimas semanas, fue completamente baldío. El lunes, en la reunión de la Ejecutiva Federal, el propio Pedro Sánchez anticipó con resignación la derrota que finalmente se ha consumado asegurando a la dirección socialista que los grupos no tendrían más remedio que retratarse ante la propuesta del Gobierno.

Los portavoces de la oposición no ahorraron calificativos para describir la actitud de Montero. La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, habló de “improvisación” y acusó a la ministra de haber “olvidado el modo paccionado que debiera haberse utilizado para abordar este tema”. Esquerra, por boca de Joan Maragall, calificó el decreto de “chantaje”, igual que la mayoría de los representantes de la oposición. Y Ciudadanos, a través de su diputado de Miguel Gutiérrez, resumió lo ocurrido en una frase: “Cuando nadie te apoya, es que algo estás haciendo mal, pero Montero, soberbia, insiste en que la que va en la buena dirección es solo ella”. O el portavoz económico de Junts en el Congreso, Ferran Bel, que calificó de inadmisible que un Gobierno en minoría como el de Pedro Sánchez no ofrezca “un plan B” a los ayuntamientos.

La soledad del Ejecutivo, que trató de sacar adelante el decreto con el argumento de que tenía el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuando en realidad este órgano está muy dividido y sólo avaló la iniciativa aplicando el voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, quedó patente. Y aunque todos los grupos, unánimemente —también Unidas Podemos—, han pedido a Montero que rehaga el decreto, la ministra ha dado por zanjado el debate y ha trasladado toda la responsabilidad a la oposición.

El Gobierno, subrayó, no va a presentar un nuevo decreto. Tendrán que ser los partidos que han rechazado la propuesta del Ejecutivo, avalada por la FEMP, los que tendrán que elaborar y plantear una alternativa. “Es su responsabilidad”, ha dicho.

La lectura de Montero

La ministra ni siquiera ha visto en el resultado de la votación una derrota del Gobierno sino “un problema para el municipalismo”. “El Gobierno ha cumplido su tarea llegando a un acuerdo con la FEMP. Ahora corresponde a quienes no comparten el texto presentar una propuesta para ser discutida en el límite de la ley. Aquí cada uno tiene su responsabilidad, el Gobierno la suya y los grupos la suya”, remarcó.

El Ejecutivo, explicó, está abierto a estudiar cualquier propuesta que se ajuste al marco constitucional y que no fíe la solución a una reforma del artículo 135 de la Carta Magna, porque es necesaria una alternativa “para ahora”.

Montero tampoco aceptó que lo ocurrido vaya a ser un inconveniente para la futura tramitación de los Presupuestos para 2021. No obstante, fuentes socialistas consultadas por infoLibre aseguran que durante el debate los grupos que han aceptado negociar las cuentas del año que viene han enviado un mensaje muy nítido al Gobierno: no aceptarán hechos consumados y no apoyarán los presupuestos gratis una vez que lleguen al Congreso. Así que el Ejecutivo tendrá que cerrar acuerdos antes.

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Es verdad que el Gobierno ya trabajaba con la previsión de no remitir el proyecto de ley al Congreso hasta haber cerrado los apoyos parlamentarios que necesita y el traspié de este jueves no ha hecho más que incrementar la necesidad de tomar todas las precauciones. En 2018 Sánchez lo intentó sin cerrar acuerdos previamente, apelando únicamente a la responsabilidad de los grupos, y acabó derrotado y teniendo que convocar elecciones anticipadas. Ahora no quiere, bajo ningún concepto, que eso se repita.

Claro que para conseguir apoyo de otros grupos, y a pesar del desafío de Montero pidiéndoles que presenten una alternativa, todo indica que ahora va a tener que ofrecerles una solución para los remanentes de los ayuntamientos. Además de negociar con ellos sus reivindicaciones territoriales y de inversión, así como el cumplimiento de los acuerdos que el PSOE suscribió en enero con algunos de ellos a cambio de la investidura.

La negociación en realidad aún no ha comenzado. PSOE y Unidas Podemos se están poniendo de acuerdo estos días en un borrador común de Presupuestos que será la base para negociar después con el resto de grupos dispuestos a hacerlo. Empezando por lo que apoyaron la investidura —PNV (6 diputados), Más País (2), Compromís (1), BNG (1), Nueva Canarias (1) y Teruel Existe (1)—, después los que se la facilitaron con su abstención —Esquerra Republicana (13) y EH Bildu (5)— y, por último, quienes votaron en contra, si bien de este último grupo todo indica que sólo se sentarán a negociar Ciudadanos (10), el PRC (1), Coalición Canaria (1) y al menos una parte de Junts (8). PP (88) y Vox (52) no lo harán y falta por saber si la CUP (2), UPN (2), y Foro Asturias (1) aceptarán hablar con el Gobierno.