De la desjudicialización de la política catalana a la judicialización de la española

El Tribunal Constitucional, convertido en Tercera Cámara. La estrategia del PP de judicializar la política española ha llegado a su punto máximo. A través de su recurso de amparo, el pasado lunes se paralizó por primera vez en la historia de las Cortes Generales una votación. Inaudito, sin precedentes. Una polémica con muchas aristas y cuya ramificación se extenderá durante meses por el Parlamento.

En el PP hay euforia, satisfacción. El plan ha dado sus frutos gracias a la interpretación hecha por un Tribunal Constitucional para frenar los apartados de la macrorreforma legal del Gobierno que incluían un cambio en el sistema de elección de miembros del propio Alto Tribunal por parte del Consejo General del Poder Judicial. Un hecho “gravísimo” para el Ejecutivo y también para las presidencias del Congreso y del Senado.

El parlamentarismo español español entra en una nueva fase con un precedente a partir de ahora para que los grupos puedan frenar votaciones. Esta advertencia lleva días en la boca de los grupos de la izquierda e incluso la señaló Meritxell Batet durante su declaración institucional. Esto puede llevar a cambiar las reglas del juego y a reformular el concepto de inviolabilidad de las Cortes.

El PP ha conseguido frenar un trámite parlamentario gracias a los jueces y no a los votos. De hecho, la reforma contó en el Congreso con una aplastante mayoría absoluta (184 de los 350 diputados). Esta es una de las denuncias que se hace desde el Gobierno y la bancada de la izquierda: el PP usa a un tribunal de corte conservador para frenar la acción del Ejecutivo y del Legislativo.

La estrategia que usó el PP en Cataluña

Todo ello en un momento en el que se está terminando el proceso de desjudicialización de la política catalana tras diez años del procés. Pedro Sánchez hizo esta arriesgada apuesta al llegar a La Moncloa, intentando alejar el conflicto de los tribunales, con medidas como los indultos, la Mesa de Diálogo y las rebajas de la sedición y de la malversación. El Ejecutivo defiende que esto ha dado sus resultados, con una Cataluña mucho mejor que en 2017. Y se contrapone con la estrategia de la administración de Mariano Rajoy, que optó por un amplio frente judicial frente al independentismo y el destierro de las vías políticas.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se optó por otro camino diferente: apostar por la política y la agenda del reencuentro frente al recurso permanente. Además, subrayan en la coalición que hoy la Generalitat cumple con la Constitución frente a la época de Mariano Rajoy (cuando se produjo la DUI y dos referéndums ilegales de independencia). No funcionó para los populares la estrategia de la conocida ‘brigada Aranzadi’.

Pero esa vía judicial ahora está siendo utilizada de lleno por parte del PP en la esfera nacional. Su intento no es ninguna novedad, pues siempre que está en la posición hay un frente amplio vía tribunales para desgastar al Gobierno. Un ejemplo muy claro fue el del propio Mariano Rajoy contra José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se lanzó incluso una campaña para recoger firmas contra el Estatut catalán. Ese sería el origen de la sentencia posterior, que acabaría mutilando algunos aspectos del texto y siendo germen de las protestas que llevarían al procés. Y, además, se llevaron al Alto Tribunal algunas de las normas clave de la agenda progresista de entonces: las leyes del matrimonio igualitario y del aborto (esta última todavía a expensas del fallo final del TC diez años después).

Con la llegada de Pablo Casado también se explotó el filón judicial, empezando por el propio bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, némesis de la crisis institucional que ha explotado en España estos días. Intentó también recoger firmas contra los indultos, pero fue un fracaso de aquella dirección del Partido Popular. Pero controlar tanto el CGPJ como el TC fue una de sus obsesiones. Algo a lo que ha sumado Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que en un primer momento intentó pactar el CGPJ. La presión de la derecha mediática y de la parte más ortodoxa de su partido le llevaron a apartarse a última hora de un pacto que estaba ya listo, sólo faltaba su firma.

El PP y Vox han convertido de facto al TC en una Tercera Cámara. Allí se están intentando frenar en estos momentos muchas leyes del Gobierno de coalición como la reforma laboral, la ley de eutanasia, la ley Rodhes, la ley ‘rider’, las medidas antidesahucios y los permisos de paternidad. Pero, además, este frente se extiende contra normas autonómicas con un marcado carácter social como la ley trans del Parlamento de Canarias y la nueva ley de vivienda de Cataluña.

Las decisiones del TC afectan de lleno a la política española. Y puede moverse con urgencia máxima como hizo para aceptar las medidas cautelarísimas del recurso del PP para frenar la votación en el Senado como puede dilatar tiempos como pasa con el recurso presentado por Alberto Rodríguez, exintegrante de Podemos, por haber sido despojado de su escaño tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

Los efectos de la decisión

La interferencia del Constitucional sobre la votación en el Senado tiene efectos en los próximos debates. De hecho, una consecuencia es que los grupos de la coalición van a presentar una proposición de ley para sacar adelante las enmiendas tumbadas y, para ello, se tiene en mente habilitar el Congreso durante el mes de enero. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene claro que todo esto tiene su origen a que el PP quiere controlar la Justicia porque así se puede intentar controlar las leyes que no puede frenar con sus votos en el Parlamento. Además, fuentes del Gobierno insisten en que no se fían de los populares y creen que podrían intentar torpedear en los tribunales la futura proposición sobre el sistema de elección del TC.

Además, causa estupor para muchos miembros del Gobierno el hecho de que los propios miembros del Constitucional Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez no se apartaran de las votaciones que decidían si seguía adelante con una ley para renovar sus dos puestos caducados. “Juez y parte”, como lamentan fuentes del Ejecutivo.

Todo ello, en esta combinación explosiva, con el Consejo General del Poder Judicial incumpliendo la ley desde el 13 de septiembre, cuando debía haber designado a sus dos miembros del Tribunal Constitucional. Desde ese momento el sector conservador se ha dedicado a bloquear la designación llevando al límite la crisis del órgano de gobierno de los jueces. Carlos Lesmes dimitió para tratar de forzar la renovación y un acuerdo entre los dos grandes partidos, pero el PP lo frustró todo.