Los detectives ya trabajaban para el PP en 2008, el año en que estalla el ‘Palma Arena’

La agencia de detectives Cabanach, utilizada por el PP balear para, según su propia versión oficial, espiar a políticos socialistas en 2010, ya trabajaba para el partido dos años antes. Si en lo que concierne a 2010 el PP sostiene que su objetivo fueron “cargos públicos” del Gobierno socialista y no el juez José Castro ni el fiscal Pedro Horrach, que justamente ese año fueron espiados, en lo relativo a 2008 la versión oficial se presenta casi inocua: el PP pagó entonces 7.772 euros a Cabanach, dice el PP balear, por investigar los retrasos en las obras del metro palmesano y plasmar las deficiencias en un informe difundido siete meses antes de la apertura del caso Palma Arena, que se produjo en agosto de 2008.

Es ese sumario, germen también del caso Urdangarin e instruido por Castro con Horrach como fiscal, el que en abril de 2010 obligó a Jaume Matas a afrontar una fianza de tres millones de euros.

Los trabajos de 2008, remacha así la versión oficial, no guardan relación con ningún espionaje: ni a diputados socialistas –que es lo que originalmente y en referencia a los de 2010 dijo el martes a infoLibre el portavoz del PP balear, Miquel Ramis– ni al tándem jurídico que lleva años destapando la caja de Pandora de la corrupción balear.

Esa es la versión oficial, pero en su fachada hay fisuras. La primera: el informe encargado por el PP sobre el metro de Palma existió, pero fue presentado a los periodistas como elaborado por otra agencia, la madrileña SIP Detectives y no por Cabanach. Según el PP, eso se explica por el hecho de que Cabanach “subcontrató” a sus colegas madrileños.

De nuevo, los directivos de Cabanach guardaron este jueves silencio más allá de la emisión de un comunicado en el que la agencia niega rotundamente haber participado en cualquier investigación a jueces o fiscales.

La segunda fisura surge también en los papeles, pero no en los del informe sobre el metro: la contabilidad del PP no consignó el pago de un solo euro a Cabanach en 2008. Ni la del partido en Baleares ni la estatal.

El desembolso de los 7.772 euros, cuya fecha exacta y plazos de abono resultan por tanto imposibles de conocer, fue detectado gracias a Hacienda: pese a que el PP no comunicó el pago a la Agencia Tributaria, Cabanach sí incluyó el cobro en la llamada declaración anual de operaciones con terceros, que refleja el flujo dinerario entre empresas prestatarias de servicios y sus clientes. Hacienda supo así de la existencia de esa transacción y la Policía la terminó incorporando a la lista de operaciones mercantiles solicitada por el juez Pablo Ruz, que investiga los llamados papeles de Bárcenas dentro del caso Gürtel.