Ante la ausencia de Pedro Sánchez por su viaje a China, las primeras preguntas son para María Jesús Montero. "¿Se siente satisfecha de la desigualdad que va a generar el concierto fiscal pactado por su partido?", cuestiona Cuca Gamarra a la vicepresidenta primera. "Yo sí que me he leído el acuerdo con ERC", comienza la número dos del PP que afea al Ejecutivo que aprueben un "cupo separatista" que hasta ahora "habían rechazado". "Lo hacen todo por el poder", afirma.
"La simple formulación de su pregunta demuestra que la única estrategia del PP es la dividir y enfrentar a los ciudadanos", asegura Montero. "Este Gobierno no va a aceptar ninguna lección de igualdad de un partido que lo único que hace es generar enfrentamiento territorial, son una máquina de generar injusticia socia", concluye.
Vuelve a tomar la palabra Gamarra que critica la "demagogia del Gobierno". "Este cuponazo se financia con los profesores andaluces, el transporte de manchegos o la dependencia de los asturianos. Así financian el procès", critica.
"Como puede hablar de una progresividad fiscal, cuando perdonan 6.000 euros de promedio a la gente más rica de este país en las comunidades donde gobiernan", defiende Montero. "Hacer y practicar la justicia social es hacer una subida del SMI y crear miles de contratos indefinidos", sostiene la vicepresidenta. "Bajan los impuestos y privatizan los servicios públicos", concluye la también ministra de Trabajo.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha abogado este miércoles por avanzar en un "diálogo constructivo" y evitar una "guerra comercial" o una escalada de medidas con China.
En declaraciones en el Canal 24 horas de RTVE y cuestionado por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en China, Cuerpo ha subrayado que, desde el análisis riguroso, Europa debe tener una "respuesta propia" y ha apostado por avanzar hacía una "solución negociada" con "un diálogo constructivo".
"El objetivo es proteger a nuestra industria y hacerlo de manera que no entremos en una especie de guerra o de escalada de medidas comerciales que nos puedan afectar también en otros ámbitos", ha reflexionado.
Sánchez, de visita oficial en China, ha afirmado que el Gobierno seguirá "tendiendo puentes con China" y que las negociaciones "siguen abiertas" tras la investigación iniciada por las autoridades chinas al porcino europeo en respuesta a los aranceles europeos a los eléctricos chinos.
Dominique Pelicot, el principal acusado en el juicio por haber drogado a su mujer para que la violaran decenas de hombres, no podrá declarar al menos hasta el lunes debido al empeoramiento de su salud.
"No podremos tener al señor Pelicot como mínimo hasta el lunes", anunció este miércoles el presidente del tribunal, Roger Arata, quien añadió que ha recibido un mensaje verbal y que espera para esta noche un informe médico detallado sobre el estado del acusado.
"Su estado de salud se ha agravado, aunque no voy a entrar en los detalles", y como consecuencia "no podrá comparecer ni el jueves ni el viernes", añadió el magistrado.
La abogada del acusado, Béatrice Zavarro, lamentó que, si los problemas médicos de Pelicot se hubieran tratado desde el viernes pasado, "hoy no estaríamos así".
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha replicado este miércoles en el Congreso a las críticas de diputados del PP, Vox y UPN asegurando que el CIS no está desprestigiado como ellos dicen, y pese a que desde sus partidos lo intentan, sin éxito.
"Trabajan para que se desprestigie, pero no lo han conseguido", les ha dicho Tezanos durante su comparecencia de más de dos horas y media en la Comisión Constitucional del Congreso, e incluso les ha espetado que sus alertas son "la evidencia" de que la institución demoscópica mantiene el prestigio.
Así, les ha preguntado por qué "se excitan tanto" con cada sondeo electoral, ya que "si estuviera desprestigiado no tendrían que preocuparse", pues sería "fruta madura que caería por sí misma", pero con sus enfados "son la evidencia de que hay un intento de desprestigiarlo, pero no hay éxito en la tarea al menos de momento".
El Congreso de los Diputados ha creado una subcomisión para analizar la magnitud de los discursos de odio en España, quiénes los difunden y contra qué colectivos van dirigidos, con el objetivo de mejorar la respuesta que se da a este problema.
El Pleno de la Cámara Baja ha aprobado este miércoles por amplia mayoría -sólo con el voto en contra de Vox-, la creación de una Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, una propuesta impulsada por el PSOE y que recibió el visto bueno de la Comisión de Igualdad el pasado junio. La Subcomisión se encargará de analizar la evolución de los discursos de odio en España, los ámbitos en los que se originan y emiten, así como las personas o colectivos contra los que se dirigen, entre los que se difunden y mediante qué medios.
Entre los objetivos de este órgano también está estudiar la mejora de las estadísticas sobre los discursos de odio y sus efectos, los factores que inciden en su incremento, las repercusiones que tienen y las medidas de respuesta social y política. Se investigarán las herramientas jurídicas con las que se puede proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, las medidas de protección laboral y de sensibilización social o mecanismos para promover una justicia restaurativa.
El Tribunal Supremo revisará en los próximos meses los recursos presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP contra la "inactividad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no convocar la Conferencia de Presidentes.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la Sala de lo Contencioso Administrativo dictó el pasado 30 de julio las correspondientes diligencias de ordenación en las que daba cuenta de la admisión de los recursos, algo habitual en la Sala Tercera puesto que todos los recursos siempre son admitidos salvo que tengan errores de forma.
Por medio de este trámite, la Sala dio a finales de julio un plazo de veinte días hábiles al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que aportase el expediente relativo a la convocatoria de ese órgano, tal y como dictamina la ley cuando se interpone un recurso contencioso ante la administración. Esto es, que el Ejecutivo tiene hasta finales de mes para remitir a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso los expedientes, dado que agosto es inhábil y los días computan desde el 1 de septiembre.
Según las fuentes, los gobiernos autonómicos del PP que han recurrido son Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cantabria, la Comunidad de Madrid y Extremadura además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Sumar considera que el sistema de protección policial VioGén ha de ser revisado porque necesita "mejorar sustanciales" para afinar la detección del riesgo de las víctimas de violencia machista, por eso quiere que el Congreso de los Diputados promueva "auditorías algorítmicas externas e independientes" del sistema.
El grupo parlamentario plurinacional ha registrado este miércoles una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Igualdad y cuyo objetivo es instar al Gobierno a evaluar y mejorar VioGén.
"Para que las mujeres acudan a pedir ayuda o denunciar es necesario corregir los fallos y errores del sistema de protección de las víctimas de violencia de género. (...) Aunque este sistema es un avance significativo, los datos indican que no siempre identifica adecuadamente los casos de alto riesgo", defiende Sumar en su iniciativa.
A su juicio, este sistema policial, que intenta predecir el riesgo de reincidencia de un agresor y por tanto el riesgo al que está expuesta una víctima de sufrir una nueva agresión, "puede no estar recogiendo todos los ítems necesarios para calificar el riesgo adecuadamente".
El Congreso insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela gracias al apoyo clave del Partido Nacionalista Vasco, que se ha desmarcado del bloque de investidura y ha votado junto a PP y Vox.
Con 177 votos a favor, 164 noes y una abstención (la de José Luis Ábalos), el PP ha logrado sacar adelante una proposición no de ley que insta al Gobierno a reconocer a González como ganador de las elecciones de Venezuela del 28 de julio y exigir al régimen de Nicolás Maduro el "cese inmediato de la represión".
La iniciativa también pide, entre otras cosas, promover la "reinstauración" de sanciones a los dirigentes del régimen venezolano o apoyar la comparecencia del Centro Carter para que detalle sus conclusiones sobre los comicios.
Aunque las proposiciones no de ley no tienen efectos prácticos ni jurídicos sí los tiene a efectos de retratar el posicionamiento de la Cámara, especialmente en cuestiones que marcan el debate político como es el caso de Venezuela.
El juez que investiga el conocido como caso Koldo -sobre la adjudicación de una serie de contratos públicos de suministro de mascarillas en plena pandemia- ha rechazado citar como testigo al actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado la petición formulada por la acusación Liberum para que el titular de Transportes compareciese en calidad de testigo.
Tampoco ha aceptado el magistrado la petición del exministro José Luis Ábalos de personarse en calidad de perjudicado en un procedimiento que tiene entre sus principales investigados a su exasesor en el Ministerio, Koldo García, como presunto intermediario a favor de la empresa de la trama para la adjudicación de contratos de mascarillas en 2020.
Recientemente, el juez rechazó, a petición de otra acusación -Iustitia Europa-, solicitar al Tribunal Supremo la imputación de Ábalos al considerar que "a día de la fecha no existen motivos bastantes" para que éste resultase investigado, "sin perjuicio de lo que pudiera resultar en un futuro".
El Ministerio de Trabajo ha invitado a la patronal a hacer una "reflexión serena" para apoyar las medidas destinadas a las pequeñas y medianas empresas para la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Así lo ha afirmado este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en unas declaraciones a la prensa durante la presentación de un curso de especialización para profesionales de las Relaciones Laborales en Latinoamérica en la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo.
Pérez Rey ha declarado que espera una respuesta oficial por parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) una vez se termine de redactar el documento oficial por parte del Ministerio, aunque ha invitado a la patronal a hacer una "reflexión serena" para que esta reducción de la jornada laboral, apoyada por la mayoría de la ciudadanía y de la mayoría parlamentaria, "se lleve a cabo de la mejor manera posible".
A pesar de no contar con el apoyo inicial de la patronal, Pérez Rey ha explicado que la responsabilidad para llevar a cabo esta medida al Parlamento debe ser lo más rápido posible, y espera desde "el diálogo social" poder contar "con el respaldo" de los empresarios, aunque ha recordado que el verdadero "compromiso" del Gobierno es con la ciudadanía.
La Comisión Europea urgió este miércoles a los gobiernos que todavía no han enviado la versión final de sus planes de energía y clima, entre ellos España, que lo hagan lo antes posible, puesto que representan un "paso clave" para que el bloque pueda cumplir con su objetivo de reducción de emisiones de 2030.
Así consta en el Informe sobre el Estado de la Energía presentado por la comisaria responsable de esta cartera, Kadri Simson, quien ha recordado en una rueda de prensa que sólo diez Estados miembros han enviado la versión definitiva de dichos planes (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia).
"La Comisión urge a los restantes Estados miembros a remitir sus planes sin dilación para permitir un análisis rápido y amplio a nivel europeo, al tiempo que constituyen una plataforma sólida para abordar los obstáculos, debatir las mejores prácticas y mejorar la coordinación regional y permitir una ejecución rápida y ágil de nuestros objetivos 2030", reza el texto.
España, que envió el último borrador el pasado julio, se encuentra entre los 17 socios comunitarios que todavía no ha enviado a las autoridades comunitarias la nueva versión definitiva de su plan nacional de energía y clima (PNIEC), pero fuentes diplomáticas han asegurado a EFE que lo hará "próximamente".
En esta línea, Bruselas apunta que todos los gobiernos "deben aumentar sus esfuerzos para garantizar un nivel suficiente de ambición y asegurar que la UE está en el buen camino" para lograr sus metas climáticas.