La Sección 22 de la Audiencia de Barcelona ha aplicado la ley de amnistía a dos condenados y tres procesados por las manifestaciones tras la sentencia del proceso independentista de 2019.
El primero de los autos consultados por Europa Press declara probado que el 15 de octubre de 2019, sobre las 19.30, los dos condenados participaron en la concentración ante la Delegación del Gobierno en Cataluña, donde se quemaron contenedores y se lanzaron piedras y botellas de cristal.
Uno de ellos empujó con las manos a varios agentes y, cuando uno de los policías intentó detenerlo, trató de sacarle la defensa que llevaba "retorciéndole los dedos con la intención de menoscabar su integridad corporal" y golpeó a otro en la cara. En otro momento, el otro acusado -que iba con la cara tapada- cogió una valla de seguridad y la lanzó contra un agente, "impactándole en la pierna derecha".
Por estos hechos, fueron condenados a 9 meses de cárcel y multa y a más de 2 años de prisión y multa, respectivamente, como autores de delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad. Ahora, la Audiencia de Barcelona absuelve libremente a ambos de los delitos por los que les condenaron, al quedar amparados bajo la ley de amnistía, declara extinguida la responsabilidad criminal y pide que se eliminen los antecedentes penales derivados de esta condena.
En el segundo auto, los tres procesados estaban acusados por hechos del 26 de octubre de 2019 en las inmediaciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona, donde se había montado o dispositivo policial por una manifestación no autorizada contra el encarcelamiento de varios dirigentes políticos.
La manifestación se produjo sin incidentes hasta las 20.00, cuando un gran número de personas, "movidas por la intención de alterar la paz pública e impedir el normal desarrollo de la convivencia ciudadana", se concentraron ante la Jefatura gritando proclamas contra los agentes y trataron de romper el cordón de seguridad lanzando de vallas, piedras, botellas de vidrio, latas y globos de pintura, entre otros objetos.
Entre ellos estaban los tres acusados, que según la Audiencia tiraron piedras y botellas de vidrio a los agentes, sin que conste que hiriesen a ninguno de los agentes, a excepción de uno que causó lesiones de carácter leve a un policía. El tribunal ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones respecto a los delitos por los que estaban acusados los tres procesados, extingue su responsabilidad penal y pide que se eliminen los antecedentes policiales que dieron lugar a esta causa.
La economía española crecerá un 2,4% este año y un 2,1% el siguiente, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que mantiene así sin cambios sus últimas proyecciones para España, publicadas en junio como parte del informe anual 'Artículo IV'.
De este modo, España se mantiene como la gran economía europea que mejor desempeño tendrá este año y el siguiente, superando con creces el promedio de crecimiento estimado para la eurozona del 0,9% en 2024 y del 1,5% en 2025.
Asimismo, las nuevas previsiones del FMI coinciden con la proyección de crecimiento del PIB en 2024 anunciada este martes por el Gobierno y se sitúa una décima por debajo que el 2,2% pronosticado por el Ejecutivo para 2025.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aceptado este martes la dimisión del primer ministro, Gabriel Attal, después de celebrar un consejo de ministros una semana después de rechazar su salida tras los malos resultados en las elecciones legislativas anticipadas.
"Gabriel Attal ha presentado su renuncia al Gobierno del presidente de la República, quien la ha aceptado en este día", ha indicado el Elíseo en un comunicado en el que afirma que se mantendrá en funciones "hasta el nombramiento de un nuevo gobierno".
Esto se produce después de que el presidente francés haya insistido este martes durante una reunión con su gabinete en una "coalición mayoritaria" para seguir gobernando, a medida que continúan las negociaciones, especialmente con la derecha.
Attal fue elegido el sábado portavoz del grupo parlamentario del partido Renacimiento en la nueva Asamblea Nacional francesa con 84 votos de los 98 representantes tras dimitir el pasado lunes debido a los resultados electorales. Macron no aceptó entonces su salida.
El pleno del Parlamento Europeo que este martes celebra la sesión constitutiva de su décima legislatura ha elegido a los eurodiputados españoles Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSOE) como dos de los 14 vicepresidentes de la institución para los próximos dos años y medio, primera mitad de la legislatura de cinco años.
Así lo han decido en votación secreta los eurodiputados en Estrasburgo (Francia) durante el primer día de la sesión plenaria que marca el inicio de la décima legislatura europea. El pleno comenzó con la reelección de la presidenta de la Eurocámara, la maltesa popular Roberta Metsola, también por dos años y medio.
Los vicepresidentes componen, junto a la presidencia de la institución y cinco cuestores, la Mesa del Parlamento Europeo que fija las reglas de funcionamiento de la Eurocámara. Los vicepresidentes pueden sustituir al presidente en los debates del pleno y en la representación del Parlamento en ceremonias y eventos si fuera necesario.
González Pons y López han logrado los apoyos necesarios en la primera ronda de votación durante la que han sido elegidos once vicepresidencias, entre ellas tres para el PPE, cinco para los Socialistas y Demócratas (S&D), dos para los liberales de Renovar Europa (RE) y uno para los Verdes.
La junta directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha entregado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un informe en el que apoya los términos y propuestas del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado mayoritariamente por el Parlamento europeo el pasado 13 de mayo.
La entidad ha expresado la importancia de que se asegura el libre ejercicio de la profesión periodística, rechazando cualquier intento de injerencia de los poderes públicos; se garantice el derecho a la información veraz de la ciudadanía, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española; y se salvaguarde la independencia de los medios de comunicación con una financiación estable y transparente.
La delegación de la FAPE ha destacado su posición favorable en lo relativo a la protección de periodistas, la transparencia sobre la propiedad de los medios y el reparto de la publicidad institucional para garantizar su independencia y la necesidad de incentivar la alfabetización mediática para combatir la desinformación.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de exigir al PP "un cheque en blanco" con la reforma de la ley de extranjería "mientras premia a sus socios" que, según ha recalcado, han dicho que "no acogerían a ningún inmigrante en sus comunidades". Así, ha criticado que el Ejecutivo sostenga que las comunidades del PP son "insolidarias" cuando "los insolidarios son los partidos en los que se apoya Pedro Sánchez: ERC y Junts".
Así se ha pronunciado un día después de que el PSOE, Sumar y Coalición Canaria hayan registrado en el Congreso la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería con el objetivo de repartir menores no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Estos grupos confían en, al menos, una abstención de los 'populares' para la toma en consideración que se prevé para el Pleno del 23 de julio.
Al ser preguntado si el Grupo Popular apuesta en este momento por votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso, Tellado ha recordado las "reivindicaciones" que ha puesto encima de la mesa su formación y se ha quejado de que el PP haya tenido acceso "oficialmente" al texto "después del registro en esta Cámara".
"Las demandas del PP están encima de la mesa, se las hemos explicado por activa y por pasiva al Gobierno de España", ha declarado Tellado, para destacar que Pedro Sánchez debe "convocar una Conferencia de Presidentes" para acordar con las CCAA las "condiciones para acoger a los menores no acompañados", algo que, a su juicio, "es lo mínimo".
Además, ha dicho que el Ejecutivo tiene que hacer "gestiones ante la Comisión Europea y pedir su ayuda, tal y como ya hicieron Italia o Grecia, para hacer frente a la inmigración ilegal". "Y nosotros lo que le pedimos es que hay que trabajar en los países de origen. Y ese es el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores y eso no se está haciendo", ha manifestado, para afirmar que España está "viviendo una crisis migratoria que el Gobierno se niega a reconocer".
La Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la idoneidad de los candidatos pactados por el PSOE y el PP para ocupar cuatro de las ocho plazas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reservadas para juristas de reconocido prestigio, que han logrado el aval de los dos partidos mayoritarios, Sumar y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
Tras cinco horas ininterrumpidas de sesión, y después de que siete aspirantes se sometieran a su examen (tres de ellos son vocales suplentes), la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que preside esta comisión, ha dado por concluido este trámite y ha señalado que de las intervenciones de los miembros de la Comisión se deducía "el parecer favorable mayoritario" de los presentes a dicha idoneidad.
En el momento de la consulta de Armengol a los diputados, estaban en la sala sólo representantes de PP, PSOE, Sumar -que propuso dos nombres para el nuevo CGPJ- y UPN. Y es que Vox y Junts sólo han acudido a la comisión para protestar por el pacto bipartidista y ERC, Bildu, PNV, BNG y Podemos, socios habituales del Gobierno de coalición ni siquiera han acudido a la sesión para distanciarse también del acuerdo.
Los juristas propuestos por los dos grandes partidos para ser elegidos por el Congreso para el futuro CGPJ son José Luis Costa Pillado, presidente del Consello Consultivo de Galicia; Inés Herreros Hernández, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF); Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria; y Argelia Queralt Jiménez, letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.
El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha afirmado este martes que el regreso de los dirigentes independentistas "debe ser un punto de inflexión para dar un paso adelante en la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado". "Es un conflicto sobre la soberanía. Se genera un nuevo escenario político", ha dicho en la Generalitat durante el acto de recepción a la secretaria general de ERC, Marta Rovira; al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg y al vicepresidente de Òmnium, Oleguer Serra, y estaba previsto que también intervinieran el periodista Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó, pero no han asistido.
Aragonès ha defendido que la aplicación de la ley de amnistía culmine con el archivo definitivo de todas las causas pendientes, el fin de las inhabilitaciones y el regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Ha subrayado que con esto "se genera un nuevo escenario político en que las diferentes partes, especialmente la catalana, verán recuperada la plenitud de sus derechos para poder defender su propuesta en absoluta libertad".
El presidente ha añadido que esta situación debe facilitar que el Parlament, el Govern y la ciudadanía "en los próximos tiempos puedan avanzar en la resolución del conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado". "Hoy constatamos una gran victoria de país. No es la definitiva ni la última de las victorias que conseguiremos, pero es una gran victoria de país", ha dicho Aragonès, que ha recordado que durante su legislatura se han producido los indultos a presos independentistas, la reforma de la sedición en el Código Penal (CP) y ahora la ley de amnistía.
La Sección 22 de la Audiencia de Barcelona ha aplicado la ley de amnistía a dos condenados y tres procesados por las manifestaciones tras la sentencia del proceso independentista de 2019.
El primero de los autos consultados por Europa Press declara probado que el 15 de octubre de 2019, sobre las 19.30, los dos condenados participaron en la concentración ante la Delegación del Gobierno en Cataluña, donde se quemaron contenedores y se lanzaron piedras y botellas de cristal.
Uno de ellos empujó con las manos a varios agentes y, cuando uno de los policías intentó detenerlo, trató de sacarle la defensa que llevaba "retorciéndole los dedos con la intención de menoscabar su integridad corporal" y golpeó a otro en la cara. En otro momento, el otro acusado -que iba con la cara tapada- cogió una valla de seguridad y la lanzó contra un agente, "impactándole en la pierna derecha".
Por estos hechos, fueron condenados a 9 meses de cárcel y multa y a más de 2 años de prisión y multa, respectivamente, como autores de delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad. Ahora, la Audiencia de Barcelona absuelve libremente a ambos de los delitos por los que les condenaron, al quedar amparados bajo la ley de amnistía, declara extinguida la responsabilidad criminal y pide que se eliminen los antecedentes penales derivados de esta condena.
En el segundo auto, los tres procesados estaban acusados por hechos del 26 de octubre de 2019 en las inmediaciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona, donde se había montado o dispositivo policial por una manifestación no autorizada contra el encarcelamiento de varios dirigentes políticos.
La manifestación se produjo sin incidentes hasta las 20.00, cuando un gran número de personas, "movidas por la intención de alterar la paz pública e impedir el normal desarrollo de la convivencia ciudadana", se concentraron ante la Jefatura gritando proclamas contra los agentes y trataron de romper el cordón de seguridad lanzando de vallas, piedras, botellas de vidrio, latas y globos de pintura, entre otros objetos.
Entre ellos estaban los tres acusados, que según la Audiencia tiraron piedras y botellas de vidrio a los agentes, sin que conste que hiriesen a ninguno de los agentes, a excepción de uno que causó lesiones de carácter leve a un policía. El tribunal ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones respecto a los delitos por los que estaban acusados los tres procesados, extingue su responsabilidad penal y pide que se eliminen los antecedentes policiales que dieron lugar a esta causa.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha considerado "impensable" que la forma en que saludó el jugador de la selección española Dani Carvajal al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fuera una falta de respeto y ha restado importancia al gesto, incidiendo en que lo relevante es que España ha ganado la Eurocopa.
"Yo sinceramente no puedo pensar, como alguna interpretación que he leído esta mañana, que fuese un gesto de falta de respeto, es impensable", ha comentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que Carvajal estrechara la mano a Sánchez con frialdad y sin mirarle durante la recepción que el presidente brindó en Moncloa a la selección de fútbol.
"Además sería absolutamente incompatible con los valores de respeto y educación que el deporte representa", ha acotado, incidiendo en que "lo más importante es la gesta" que ha conseguido la selección, que ha sumado la cuarta Eurocopa, y que ha trasladado "la mejor versión de España".
Precisamente, Alegría ha iniciado su intervención en la rueda de prensa semanal felicitando a la selección por su victoria frente a Inglaterra. Una selección que ha hecho "vibrar" a los españoles y les ha ilusionado y además "es el claro reflejo" de la sociedad española, "una selección plural y mestiza", ha valorado.
"Lo verdaderamente importante es quedarnos con ese triunfo", ha incidido, subrayando que España es el primer país europeo en contar con cuatro Eurocopas.
El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad desestimar el recurso de amparo que presentó el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez Contreras contra la sentencia de los ERE por la que se le condenó a tres años de cárcel y siete años y medio de inhabilitación por malversación y prevaricación.
Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha considerado que no se ha vulnerado la presunción de inocencia de Márquez Contreras en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.
Este es el segundo recurso que el tribunal desestima de todos los estudiados hasta ahora relativos a los 'ERE'. El primero fue el del exconsejero de Empleo de Andalucía José Antonio Viera, quien fue condenado a siete años de cárcel por el delito de prevaricación en concurso con malversación.