El Gobierno advierte que si no hay acuerdos no merece la pena discutir la fecha de la mesa de diálogo con Cataluña

Las comunidades autónomas de España han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 159.161 nuevos casos de covid-19, 70.803 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, según los datos del departamento liderado por Carolina Darias.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 7.930.528 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 3.156,63 puntos, frente a 3.127,91 puntos de ayer miércoles. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 1.495.774 positivos.

En el informe de este miércoles se han añadido además 112 nuevos fallecimientos. Hasta 90.620 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.

Actualmente, hay 17.269 pacientes ingresados por covid-19 en toda España (17.028 miércoles) y 2.227 en UCI (2.228 miércoles). En las últimas 24 horas se han producido 2.428 ingresos (2.466 miércoles) y 2.176 altas (2.184 miércoles). La tasa de ocupación de camas se sitúa en el 13,87% (13,71% miércoles) y en las UCI en el 23,62% (23,77 miércoles).

Las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado al Gobierno que "deje" el juego de uso partidista del debate social en torno al modelo de producción ganadera y declare de manera inmediata una moratoria de todos los proyectos de ganadería industrial e inicie una senda hasta su eliminación definitiva.

En un comunicado conjunto, las ONG ambientales instan al Gobierno a establecer una moratoria "a cualquier proyecto nuevo" o a toda ampliación de proyectos existentes; se alinee con marcos legislativos internacionales y establezca un diálogo social con el sector ganadero y la sociedad civil para diseñar una estrategia para transformar el sector y reducir de manera "paulatina" la ganadería industrial hasta su "total desaparición".

Para las ONG esta estrategia debería incorporar las externalidades negativas de la ganadería industrial en la fiscalidad. Además en la transición hacia la ganadería extensiva consideran que es posible aprovechar los fondos de la PAC y de recuperación post-covid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves a empezar a diseñar "el puente" para transitar hacia la gestión del covid-19 como una enfermedad endémica. Eso sí, ha precisado que este proceso se hará "con todo el rigor científico" y no ocurrirá "de un día para otro", después del aviso de la OMS, que todavía considera prematuro tratar al covid como endémica.

"Debemos empezar a diseñar el puente, cuando se pueda, para transitar hacia la gestión como una enfermedad endémica", ha señalado el presidente en un acto ante inversores. Así, ha añadido que este proceso no será inmediato pero es el momento para que los Gobiernos anticipen este trabajo de "diseñar el futuro".

Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró su desacuerdo con el hecho de tratar el covid-19 como endémica, tal y como propusieron algunos países, entre ellos España, ya que "no se cumplen las condiciones para ello".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado por teléfono este jueves con el primer ministro británico, Boris Johnson, con quien ha tenido ocasión de repasar además de las relaciones bilaterales y la próxima cumbre de la OTAN en Madrid otros asuntos de actualidad internacional, según han informado Moncloa y Downing Street.

La conversación telefónica se ha producido un día antes de lo previsto inicialmente, ya que Moncloa había adelantado que Sánchez hablaría con el premier este viernes.

Según ha explicado Sánchez en su Twitter, han hablado del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y los lazos económicos así como de "la importancia del vínculo transatlántico para la defensa de Europa ante la próxima Cumbre de la OTAN en Madrid".

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha congratulado de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, siga las recomendaciones que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras aprobarse la moratoria de instalación de macrogranjas en esta región hasta 2025.

Así lo ha trasladado en Twiter tras conocer que el Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado la Ley de Medidas Adminitrativas y Tributarias autonómica, popularmente conocida como Ley de acompañamiento a los Presupuestos, que incluye la moratoria de instalación de macrogranjas hasta 2025.

El propio presidente regional ha precisado este jueves que la moratoria que su Gobierno aplicará a la autorización de las llamadas macrogranjas, no implica su prohibición, sino una "pausa procesal" para abordar con "consenso y con "cabeza" esta cuestión, que genera "sensibilidad social".

El Juzgado de lo Social 1 de León ha estimado la demanda de la Seguridad Social contra la empresa de reparto Glovo y ha declarado la existencia de una relación laboral entre dicha mercantil y 142 riders, pues concluye que se trata de "trabajadores por cuenta ajena, aunque la empresa les obliga a darse de alta en el régimen de autónomos".

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el magistrado considera que "se dan todos los requisitos", en especial la "dependencia" y la "ajenidad", para considerar que los trabajadores son "falsos autónomos".

En su sentencia, el juez explica que, tras el juicio y el análisis de la documentación aportada por las partes, ha quedado acreditada la existencia de la "dependencia" por cuanto "los repartidores no disponen de organización empresarial propia y autónoma, sino que prestan sus servicios insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma, pues es la empresa Glovo, que presta servicios de recadería y mensajería, quien establece  todos los aspectos relativos a la forma y precio del servicio de recogida y entrega de los pedidos.

Los Ejecutivos autonómicos de Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía, todos ellos gobernados por los conservadores, han avisado al Gobierno de Pedro Sánchez que están estudiando llevar a los tribunales el reparto "a dedo" de los fondos europeos, siguiendo así la senda marcada por la Comunidad de Madrid, que ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo por este motivo.

Así se han ido pronunciando los Gobiernos presididos por los barones del PP a lo largo de este jueves después de que se conociera que el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso presentara un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno central por el reparto de fondos europeos de forma "adicional" y "arbitraria", por la concesión de nueve millones de euros de los Next Generation para la promoción del empleo a cuatro autonomías -País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura-.

Varias comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, entre otras, se han abierto en las últimas horas a explorar un cambio en la forma de evaluar la pandemia del coronavirus dada la menor gravedad que, aparentemente, conlleva la variante ómicron, aunque la mayoría de Ejecutivos autonómicos apelan a la prudencia para empezar a tratar el covid-19 como una enfermedad endémica como puede ser la gripe.

Así se han ido pronunciando diferentes Gobiernos regionales sobre la posibilidad de empezar a cambiar la forma de medir la pandemia del covid-19, que fue debatido este mismo miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En concreto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció en la rueda de prensa posterior a este encuentro que España comenzará a cambiar el sistema de vigilancia y control del covid-19 una vez se haya superado la sexta ola, "nunca antes", ya que "la enfermedad pandémica poco a poco va adquiriendo características de endemia".

La Policía Nacional ha confiscado en el polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada) y en otro de Pinto más de 180.000 test de antígenos de origen chino que distribuían sin los permisos y la documentación oportuna entre sus compatriotas, han informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

La operación se desarrolló el día 4 cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Agencia Tributaria entró en ambos polígonos de forma simultánea tras detectar numerosos antígenos sospechosos en comercios asiáticos de Madrid, especialmente en el distrito de Usera.

Allí encontraron más de 180.000 test sin homologación, sin documentación o con albaranes diferentes.. Por ello, han confiscado y retenido estos artículos para que los técnicos de la Agencia Española del Medicamento determinen si existen irregularidades. De momento, no hay detenidos.

A finales de diciembre, agentes de la Policía Nacional ya intervinieron unos 300.000 test de antígenos de covid-19 en varias naves del polígono industrial de Cobo Calleja, en una operación similar.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido a los partidos políticos "altura de miras" para aprobar la reforma laboral, porque "no sería comprensible dejar pasar esta oportunidad" de una reforma que "recupera derechos" de los trabajadores.

Según sus palabras, las discrepancias entre distintos partidos responden a "una escenificación" de ellos para "marcar perfil político" en un proceso para el que quedan "tres semanas" y sobre el que espera que concluya en acuerdo.

Asimismo, ha argumentado que esta modificación de la legislación laboral entra dentro del "cambio de paradigma" en Europa, en el que se incluye una salida a la crisis que "se está haciendo en términos más sociales que en la anterior".

La Junta de Andalucía prorrogará la posibilidad de exigir el certificado covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa —PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado— tanto para aquellas personas que accedan tanto a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores, una vez que se ha sido ratificada la autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según la Orden de la Consejería de Salud y Familias, la exigencia del certificado covid-19 o prueba diagnóstica en usuarios que acuden a estos establecimientos facilita la prevención de infecciones y, en consecuencia, puede evitar la aparición de brotes en los mismas. Las personas sin inmunidad tienen mayor probabilidad de infectarse y de ser transmisores con mayor carga viral que las personas con inmunidad, lo que justifica que se evite el acceso de estas a los lugares considerados de alto riesgo de exposición, se indica en nota de prensa.

La norma establece que los usuarios mayores de 12 años podrán acceder al interior de estos espacios cuando acrediten la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias: que recibieron la pauta completa de una vacuna contra el covid-19 para la cual se concedió una autorización de comercialización, de conformidad con el Reglamento (CE) 726/2004; que disponen de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas, en el caso de las PCR, y 48 horas, en el caso de los test de antígenos; o las personas que se recuperaron de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos seis meses. Para ello, la persona deberá haber sido diagnosticada como caso confirmado de la Covid-19 hace 11 días o más, mediante una prueba PCR, no siendo válido otro tipo de test.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha criticado este jueves a la oposición por tratar de "boicotear" los fondos europeos, tanto a nivel nacional como internacional, y por poner en cuestión la distribución de los mismos entre las comunidades autónomas.

"Lamento que la oposición se haya instalado en el no y en la destrucción, tratando de boicotear los fondos europeos, tanto a nivel nacional como internacional", ha denunciado en declaraciones a los medios tras participar en la XII edición del Foro 'Spain Investors Day'.

Justo esta semana, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Ejecutivo central por el reparto de fondos europeos, ya que considera que se ha hecho de forma "adicional" y "arbitraria". Ante esto, la vicepresidenta le ha recordado al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso que se le han asignado a la región más de 1.300 millones de euros de los fondos, siendo la tercera comunidad que más recursos ha recibido.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha retado al Ejecutivo a fijar un precio máximo a los alquileres al igual que ha acometido en el caso de los test de antígenos. "Se puede fijar un precio máximo a los test porque son de primera necesidad. Y a los alquileres no porque..." ha escrito Twitter para enlazar una información sobre el precio de 2,94 euros a partir de este sábado, acordado en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP).

El Ejecutivo de coalición prevé llevar el anteproyecto de Ley de Vivienda en segunda vuelta al Consejo de Ministros, de cara a remitir el texto al Congreso.

Facua-Consumidores en Acción ha calificado de "absolutamente desproporcionado" el precio máximo de 2,94 euros para los test de antígenos de autodiagnóstico del covid-19 anunciado este jueves por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en su comparecencia posterior a la reunión de la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos (CIMP).

A través de un comunicado, la asociación advierte de que con esta regulación "se va a seguir permitiendo un margen de beneficio descomunal". En este sentido, Facua considera "lamentable" que el Gobierno "haya decidido no intervenir de forma contundente en el mercado para poner fin a la especulación con este producto".

"El precio máximo que va a establecer el Ejecutivo es incluso superior al que se aplica en los test de antígenos que se comercializan en establecimientos de otros Estados miembros de la Unión Europea. La decisión del Gobierno no hace más que poner como tope un importe similar al que se comercializaban los test en las farmacias antes de que estallase la sexta ola como consecuencia de la variante ómicron", señalan al respecto.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este jueves que los consumidores tienen derecho a saber "con la mayor precisión posible" de dónde procede la carne que están consumiendo, al tiempo que ha asegurado que estudiará las propuestas de UPA relacionadas con el etiquetado de los productos cárnicos.

Garzón ha mantenido una reunión este jueves con representantes de UPA que ha calificado como "fructífera y productiva" y en la que el ministro ha compartido reflexiones sobre los problemas existentes en el mundo rural y, en particular, en el sector ganadero.

En este contexto, el ministro ha defendido la ganadería extensiva, familiar y social, "que genera puestos trabajos y produce arraigo en la población", frente al modelo de las macrogranjas, es decir, "explotaciones que es necesario frenar y limitar para proteger el planeta, el mundo rural y la ganadería".

Garzón también ha reivindicado "todas las reformas que ha hecho el Gobierno de España para proteger a este sector". Por ejemplo, el real decreto de flexibilización del paquete higiénico-sanitario y que facilita la comercialización a los pequeños productores.

La Policía Nacional ha confiscado en el polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada) y en otro de Pinto más de 180.000 test de antígenos de origen chino que distribuían sin los permisos y la documentación oportuna entre sus compatriotas, han informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

La operación se desarrolló el día 4 cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Agencia Tributaria entró en el polígono fuenlabreño y en el pinteño de forma simulténea tras detectar numerosos antígenos sospechosos en comercios asiáticos de la Madrid, especialmente en el distrito de Usera.

Allí encontraron más de 180.000 test son homologación, sin documentación o con albaranes diferentes a lo encontrado. Por ello, han confiscado y retenido estos artículos para que los técnicos de la Agencia Española del Medicamento determinen si existen irregularidades. De momento, no hay detenidos.

A finales de diciembre, agentes de la Policía Nacional ya intervinieron unos 300.000 test de antígenos de la Covid-19 en varias naves de el polígono industrial de Cobo Calleja, en una operación similar pero anterior.

El ministro de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, ha anunciado este jueves una reducción del período de aislamiento por un positivo en covid-19 en Inglaterra, que pasará de siete a cinco días "completos", en el marco del repunte de casos en el país europeo.

En una intervención en la Cámara de los Comunes, Javid ha precisado que la medida entrará en vigor este lunes. Actualmente, los ingleses tienen que confinarse durante al menos siete días tras dar positivo por la enfermedad. Pueden salir del aislamiento si obtienen resultados negativos en test realizados en los días seis y siete.

Así, desde este lunes, las personas podrán desconfinarse si dan negativo en dos pruebas diagnósticas al comienzo del día seis de aislamiento, según ha recogido la BBC.

La organización de consumidores facua reclama al Gobierno que aclare si "sigue apostando" por la ganadería extensiva frente a la intensiva tal y como apoyó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en 2019.

La asociación critica las declaraciones "incoherentes" de Sánchez y también del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, porque considera que "siembran dudas" sobre el cumplimiento de sus compromisos contra el cambio climático y el maltrato animal.

Este miércoles, Sánchez lamentó las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico "The Guardian" y Planas criticó el martes a su compañero del Consejo de ministros por no llamarle para hablar de alimentación, que es un tema de su competencia. Facua defiende, sin embargo, que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición depende del Ministerio de Consumo, competencia de Garzón.

La Policía Local de Palma ha tenido que intervenir en los últimos días en la zona de la playa de Can Pere Antoni por la presencia de un grupo que había instalado una mesa con comida, bebida y carteles antivacunas en la calle. Según ha informado este jueves la Policía, el pasado sábado por la tarde, sobre las 17.45 horas, recibieron un aviso por un supuesto acto de reivindicación contra las medidas sanitarias por el covid.

Al llegar, los agentes encontraron a un grupo de unas 18 personas sin mascarilla, que se estaban sacando una fotografía junto a la mesa, en la que servían comida y bebida y se observaban numerosos carteles contra la vacunación, el uso de mascarilla y el certificado covid.

Los agentes preguntaron quién era el responsable del acto y uno de los presentes se identificó. Afirmó que se estaban manifestando porque no se les permitía entrar en los locales de restauración sin certificado covid o sin mascarilla. Los policías informaron al grupo de que para realizar este tipo de actos, ocupando la vía pública, es obligatorio pedir autorización; y también de que debían cumplir la normativa covid llevando mascarilla y respetando la distancia de seguridad entre personas.

El grupo accedió a retirar la mesa y abandonar el lugar. La Policía ha elaborado un informe dando cuenta de presuntas infracciones de las medidas sanitarias y de la normativa de ocupación de la vía pública.

Sin embargo, este miércoles la Policía recibió un nuevo aviso informando de que el grupo había vuelto a instalar la mesa, aunque cuando llegaron los agentes, ya se habían marchado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han coincidido en la necesidad de avanzar en la consecución de un Pacto de Migración y Asilo en la UE, una de las prioridades que se ha marcado Francia durante su semestre al frente del bloque.

Los dos mandatarios han mantenido este jueves una conversación telefónica que se ha prolongado durante 45 minutos en la que han tenido ocasión de abordar tanto la Presidencia de turno de la UE, que actualmente ostenta Francia, como la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid en junio, según han informado fuentes de Moncloa.

Sánchez ha reiterado una vez más a Macron el apoyo de España durante este semestre, y en particular su voluntad de "seguir trabajando en potenciar la política común de seguridad y defensa" y de impulsar la Brújula Estratégica de la UE.