La ofensiva del PP contra la amnistía reabrirá el debate en el TC sobre los límites de los recursos autonómicos
El PP no hará frente a la amnistía solo a través de su grupo parlamentario. También usará a los Ejecutivos autonómicos que tiene bajo su control. Así lo anunció el pasado jueves, el mismo día que el Congreso dio el visto bueno definitivo a la norma, Isabel Díaz Ayuso. "Como iniciativa política nacional, todas las comunidades del PP vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía", aseguró la presidenta madrileña. Son, en total, once las regiones controladas por la derecha. Y todo parece indicar que a ellas se sumará Castilla La-Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page. Un frente común que, con toda seguridad, derivará en un debate técnico en el seno del Tribunal Constitucional sobre la legitimación de las autonomías para recurrir una amnistía.
La Ley Fundamental establece que están legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad –que a diferencia de la cuestión de inconstitucionalidad de los jueces no paraliza el despliegue de efectos de una norma– no solo el presidente del Gobierno o medio centenar de diputados o senadores, sino también los Ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, los Parlamentos de las mismas. Ahora bien, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece, en su artículo 32.2, que el recurso puede interponerse desde el ámbito autonómico "contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley" del Estado "que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía". Ahora bien, ¿puede considerarse que una norma de amnistía afecta al "ámbito de autonomía"?
En el Tribunal Constitucional aún no se ha abierto, al menos oficialmente, ese melón. "No hay un debate propiamente dicho porque todavía no se ha presentado ningún recurso", señalan a infoLibre fuentes jurídicas. Ahora bien, algunas voces no descartan que termine produciéndose dado el carácter controvertido de dicha cuestión. Las fuentes consultadas dejan caer que el "ámbito de autonomía" al que se hace referencia en la Ley del Tribunal Constitucional no "incluye" la "legislación penal o procesal penal", lo que impediría un recurso de este tipo contra la amnistía. No obstante, continúan, han existido "tradicionalmente" magistrados en el seno del máximo intérprete de la Ley Fundamental que son "partidarios" de una "interpretación laxa" de dicha "exigencia legal".
En un principio, el Tribunal Constitucional entendió dicha restricción del artículo 32.2 en un sentido estrictamente competencial. Sin embargo, pronto comenzó una línea jurisprudencial de progresiva flexibilización que habilita a las comunidades para acudir ante el órgano constitucional, recoge una sentencia de hace más de dos décadas, "no solo en defensa de sus competencias autonómicas" respecto de las cuales se haya producido "una invasión o constricción" sino también "en protección de cualquiera de las garantías" que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía "les confieren como presupuesto y base de su propio ámbito de autonomía, ora por atribuirles determinadas facultades, ora por imponerles ciertos mandatos".
"Es cierto que se ha flexibilizado, incluyendo otras cuestiones que tengan algún vínculo de conexión con sus competencias. Hasta dónde debe llegar esa flexibilidad es lo discutible", explican las fuentes jurídicas consultadas por este diario. En este sentido, el Consejo Consultivo de Aragón cree que hay "nítida legitimación" para recurrir. "La ley de amnistía afecta a la configuración constitucional del Estado, del que las comunidades autónomas forman parte, por lo que, como mínimo, existe 'un punto de conexión material entre la ley estatal y el ámbito competencial", sostiene el órgano autonómico en un dictamen emitido a mediados de mayo, en el que hace un análisis sobre la jurisprudencia constitucional en esta materia.
Ayuso avanza un recurso de inconstitucionalidad de todas las comunidades del PP contra la ley de amnistía
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Tampoco es descartable, sostienen algunas de las fuentes jurídicas consultadas, que en todos estos recursos de inconstitucionalidad interpuestos desde los diferentes territorios se alegue, por ejemplo, que la amnistía afecta al principio de igualdad y que sus Ejecutivos tienen la obligación, tanto constitucional como emanada de sus propios estatutos de autonomía, de garantizarlo. "Esto supone clarísimamente la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles", aseveraba el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras el anunció realizado por Ayuso el pasado jueves. "Galicia seguirá defendiendo la convivencia, la igualdad y los valores de nuestra Constitución", insistía, por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Admisión a la espera de que se resuelva esta cuestión
Las voces consultadas en el seno del Tribunal Constitucional se limitan a decir que lo que llegue finalmente a la sede de Domenico Scarlatti deberá ser estudiado. Ahora bien, dejan caer que no suele ser "habitual" la inadmisión de recursos de inconstitucionalidad contra leyes.
Es más, en otros casos en los que existían dudas sobre la legitimación el criterio que se terminó acogiendo fue el de aceptar su tramitación a la espera de que en la sentencia final se resolviese "definitivamente" sobre esta cuestión. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con el recurso de inconstitucionalidad que en 2019 interpuso el Gobierno de La Rioja contra la recién aprobada ley autonómica de protección de los animales. El TC acordó admitirlo a trámite. Y unos meses más tarde, lo tumbó tras resolver que el Ejecutivo de una comunidad carece de legitimación para recurrir leyes aprobadas por su propio Parlamento.
