Eduardo Ranz (Madrid, 1984) lleva casi una década dedicándose en cuerpo y alma a conseguir que las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo puedan conseguir la verdad, la justicia y la reparación que durante tantas décadas han reclamado sin descanso a un Estado que ha preferido mirar hacia otro lado. Su arma, el ordenamiento jurídico. Como abogado, se conoce al dedillo la Ley de Memoria Histórica, una norma que califica de "magnífica" pero cuyo incumplimiento ha sido continuo por parte de las administraciones públicas. Sobre todo, en lo referente a la retirada de símbolos: "El tiempo ha demostrado que era necesario haber establecido una serie de sanciones y plazos". En su defensa continua de las víctimas, el jurista no duda en reprochar una y otra vez la inacción de España a la hora de respaldar a todos aquellos que sufrieron –y siguen sufriendo todavía a día de hoy– las consecuencias de aquel régimen totalitario que sumió al país en una época de oscuridad absoluta. Y no para de recordar, una y otra vez, que apenas queda tiempo para "reparar lo ocurrido". "Los hijos de las víctimas ya tienen edades superiores a los noventa años", dice.
Ranz comenzó a centrar buena parte de su trabajo en la memoria histórica allá por 2011, cuando apenas daba sus primeros pasos en el mercado laboral tras finalizar Derecho. Tenía 26 años. Lo hizo por convicción, pero también como un reto jurídico. Le animó un reportaje sobre la exhumación de unos maquis entre València y Cuenca y una historia familiar. Desde entonces, ha interpuesto más de dos centenares de denuncias en los juzgados por la presencia de vestigios franquistas en el callejero español y en edificios de la Iglesia y ha conseguido abrir por la vía judicial una brecha para exhumar a víctimas que se encuentran inhumadas en el Valle de los Caídos. En todo este tiempo, cuenta, ha vivido algún que otro momento amargo. Como cuando le dejaron una caja de excrementos en la puerta de su despacho con un mensaje: "Lo que siembra se cosecha". Casi una década de experiencias continuas que ahora relata en su libro No matarás: memoria civil (Catarata), que presentó este jueves junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y por el que atiende a infoLibre por vía telefónica.
PREGUNTA. ¿Por qué la expresión “memoria civil” en el título del libro y no “memoria histórica” o “memoria democrática”?
RESPUESTA. Memoria civil combina memoria histórica con Guerra Civil. Es un término que representa, por ejemplo, que las víctimas, al recibir malas noticias, nunca han oído hablar mal de nadie. O que ante los insultos de un diputado de extrema derecha, la Asociación 13 Rosas de Asturias pida al juzgado de que se condene a esta persona a estar presente en trabajos de exhumación. Esta forma de hacerlo, y su contenido, es exactamente lo que quiero representar con memoria civil.
P. ¿De dónde le viene el interés jurídico por la memoria histórica? ¿Cuándo empezó a interesarse por estas cuestiones?
R. En 2011 leí un artículo en El País sobre una exhumación de unos maquis entre València y Cuenca. Fue entonces también cuando un investigador, José Ignacio Casado, me contó una historia familiar que yo desconocía: mi bisabuelo y otros tres de sus hermanos habían sido ejecutados y un quinto tuvo que exiliarse a México. En ese contexto, me ofrecí a colaborar en todos aquellos procesos judiciales relacionados con la memoria histórica. Por convicción y, también, como un reto jurídico.
Portada del libro 'No matarás', de Eduardo Ranz.
P. Ha pasado ya más de una década desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. A pesar de ello, todavía siguen existiendo menciones y simbología franquista a lo largo y ancho de la geografía española. ¿Por qué las administraciones se resisten tanto a la hora de retirarlas a pesar de que el texto les obliga a ello?
R. Por una cuestión de voluntad política. La norma es una ley humanitaria que hace un ejercicio de retirar la simbología de todos aquellos que nos traicionaron. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que con el paso del tiempo, se sigue viendo que todavía no se ha solucionado este problema. El tiempo, por tanto, ha demostrado que era necesario haber establecido una serie de sanciones y plazos que, a día de hoy, esperemos que terminen entrando en vigor para poder realizar este ejercicio de dignidad española.
P. Pero el texto legal ya contemplaba la posibilidad de retirar ayudas públicas a aquellos ayuntamientos que no cumpliesen con esta obligación. ¿Cree que la Administración ha hecho la vista gorda con esta cuestión?
R. No hay precedente de ninguna Administración que haya decidido suspender las subvenciones o las ayudas por tener simbología de exaltación en un municipio. Desde luego, no es lo más deseable. Pero mucho me temo que hasta que no se den pasos en este sentido el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica les va a seguir saliendo gratis tanto a ayuntamientos como a obispos y arzobispados.
P. Desde que se puso manos a la obra, ha presentado más de dos centenares de denuncias penales sobre retirada de simbología, ha abierto vías judiciales para exhumar en el Valle de los Caídos, ha registrado escritos para convertir Cuelgamuros en un centro de memoria... ¿Ha recibido alguna vez amenazas por su trabajo?
R. Primero, yo no he venido a fastidiar la fiesta a nadie, sino a pedir el cumplimiento de una ley democrática, humanitaria, que a día de hoy no se está cumpliendo. Efectivamente, ha habido situaciones difíciles. En alguna ocasión, he tenido que poner en conocimiento de la Policía Nacional determinados episodios. He recibido insultos. De hecho, una vez una persona muy próxima a la extrema derecha tuvo a bien dejar una caja de excrementos en la puerta de mi despacho, llamar y salir corriendo. Por supuesto, siendo vista por las cámaras de seguridad. Todo por solicitar el cumplimiento de una ley en democracia. Desde luego, ahí tenemos una diferencia entre quienes solicitamos el cumplimiento de la legalidad y aquellos que frente a la democracia consideran que una caja de excrementos es lo que más les representa.
P. Además de calles, avenidas o plazas, en el libro también trata la presencia del nombre de Franco en el mundo del fútbol. ¿Hasta qué punto, a día de hoy, sigue el franquismo impregnado en la sociedad?
R. En todas partes. Tenemos clubes de fútbol dedicados a generales golpistas: el CDC Moscardó, el Villafranco CF... Además, no hay que olvidarse tampoco de la simbología que exhiben según qué grupos ultras durante los partidos de fútbol. Los clubes deberían hacer, en este sentido, un ejercicio de retirada, principalmente porque el deporte no es exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, sino una representación de valores humanos.
En cuanto a la pregunta, hace un año vimos cómo el segundo entierro de Franco se realizaba con normalidad. La única oposición vino por parte de unos nietos que son abuelos, un [Antonio] Tejero visiblemente envejecido. Poco más, eso es la realidad. Un grupo reducido de nostálgicos que todavía no asumen, cuarenta año después, que la democracia en este país es una realidad. Afortunadamente, cada vez van quedando menos. Sin embargo, creo que hace falta endurecer las penas sobre quienes buscan recuperar regímenes totalitarios, una cosa que no sucede en países como Alemania, Italia o Chile.
La semana pasada vimos cómo el prior del Valle de los Caídos, fray Santiago, falangista antes que fraile, oficiaba una misa en honor de este asesino. Tanto a él como a todos estos nostálgicos habría que decirles que lo de Lázaro fue sólo una vez y que estadísticamente es imposible que se vuelva a repetir.
P. Tal y como cuenta, el Valle de los Caídos sigue, en pleno siglo XXI, funcionando con el esquema jurídico de los años cuarenta y cincuenta. Y eso que la Ley Reguladora de Patrimonio Nacional de 1982 y un decreto impulsado un par de años más tarde obligaba al Gobierno a elaborar una propuesta sobre el régimen jurídico del complejo monumental. Tras la exhumación de Franco, todavía queda mucho trabajo por hacer...
R. El Valle de los Caídos ha visto pasar de lejos la democracia, pero la democracia todavía no ha entrado en Cuelgamuros. La sentencia de los hermanos Lapeña sería una buena oportunidad para que, por primera vez, se pudiera explicar [el complejo monumental] a través de un relato democrático. Los símbolos son importantes. Y, en mi opinión, sería fundamental que el presidente del Gobierno llevara a cabo un acto en el Valle de los Caídos honrando la memoria de todas aquellas víctimas que en su día fueron secuestradas y llevadas junto a su asesino.
P. Cuenta en la obra que uno de los momentos profesionales más dulces de su carrera fue cuando en 2015 elaboró junto al juez Baltasar Garzón un escrito instando al Consejo de Ministros a transformar Cuelgamuros en un Centro de Memoria. Teniendo en cuenta la enorme carga simbólica que tiene el mausoleo, ¿lo ve posible?
R. Lo que se pretendía era la creación de un Centro Histórico. Resignificar el Valle de los Caídos es imposible, y quien haya estado allí con las víctimas del franquismo lo sabe. Ahora bien, sí que se puede llevar a cabo un proceso en tres fases. La primera, que es la exhumación simbólica del dictador, ya se ha llevado a cabo. El segundo paso sería la exhumación real de las víctimas que se encuentran allí y que no requiere más que el cumplimiento de una sentencia del año 2016. Y el tercero pasaría por explicar bien qué es ese monumento, por retirar la simbología más visible y por desplazar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera a un lugar no preeminente. Para esto último, basta con una decisión del Consejo de Ministros, puesto que el fundador de la Falange no tuvo hijos, como tampoco su hermana, a la que quisieron casar con Hitler. Por tanto, no hay familiares de tercer o cuarto grado que puedan oponerse al desplazamiento.
P. ¿Considera, entonces, más sencillo dar este paso que el de la exhumación de Franco al no haber familiares tan directos de por medio? Con el dictador, se tuvieron que sortear procedimientos judiciales previamente a la apertura de la fosa… ¿Cree que podrán abrirse pleitos similares con Primo de Rivera?
R. En absoluto. No hay legitimidad legal para oponerse al desplazamiento del cuerpo de José Antonio. El decreto de la exhumación de Franco es de gran complejidad jurídica. Pero hay una cuestión, que es la palabra tiempo, y que es algo que no tenemos.
P. En todos estos años trabajando por la recuperación de la memoria, quizá uno de los momentos más complicados fue cuando trató por la vía penal de conseguir la exhumación de varias víctimas en el Valle de los Caídos, entre ellas los hermanos Lapeña. Se chocó en varias ocasiones contra el muro, tanto en España como en Estrasburgo, aunque es cierto que luego consiguió abrir una brecha por la vía civil. ¿Alguna vez ha pensado en tirar la toalla?
R. Jamás. He tenido ejemplos, como el de Carlos Slepoy, que nunca tiró la toalla. Mucho menos lo haré yo.
P. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el proceso para la exhumación de varias víctimas de la dictadura inhumadas en Cuelgamuros? Hay que recordar que han pasado ya cuatro años desde que un juez de lo civil emitiese una sentencia en la que daba luz verde a estos trabajos…
R. Lo que falta de momento es que el Gobierno de España cumpla con la sentencia y proceda a la exhumación. No estamos pidiendo ningún favor, símplemente solicitamos que se cumpla con una resolución emitida hace ya cuatro años.
P. Cuando se dictó aquel fallo, estaba en el Gobierno el PP. Ahora, sin embargo, es la izquierda la que ocupa la Moncloa. ¿Por qué no se están dando los pasos necesarios para cumplir la sentencia?
R. Han pasado dos años del PP y otros dos del PSOE. Yo mismo estuve en enero de 2019 con el equipo técnico y con las víctimas en el interior del Valle, y lo que puedo decir es que el equipo técnico me transmitió entonces que estaba deseando llevar a cabo ese trabajo. ¿Por qué no se ha producido todavía? Por desgracia, no lo sabemos. No alcanzo a entender que una posible excusa administrativa supere un ejercicio de derechos humanos como del que estamos hablando.
P. En su libro dedica un capítulo completo a la imposibilidad que tienen las víctimas de conseguir que se haga justicia. Recordemos, por ejemplo, que gran cantidad de ellas se han visto obligadas a buscar apoyo al otro lado del charco, en Argentina. Usted, sin embargo, desliza en la obra que no es partidario de derogar la Ley de Amnistía, que es el principal muro con el que se encuentran las familias. ¿Cómo solucionamos entonces esta falta de justicia sin tumbarla?
R. El mayor éxito de la querella argentina fue la exhumación de Timoteo Mendieta en Guadalajara. Y, con él, su traslado al cementerio civil de la Almudena, en Madrid. Su hija, Ascensión Mendieta, salió de Barajas con 87 años y llegó a Buenos Aires con 88 años. Murió hace no mucho y pudo ser enterrada junto a su padre. En ese proceso, la Ley de Amnistía no tuvo nada que ver. Creo que estaba norma está pensada para que los exiliados y quienes estaban en prisión pudieran volver a casa, pero en ningún caso como una excusa para ser el paraguas judicial de los supuestos torturadores. En mi opinión, no es necesario derogarla. Como mucho, una modificación que la interprete correctamente y que se retomen los argumentos en derecho internacional que fijan que crímenes como estos deben ser investigados. La sociedad democrática no puede mirar al futuro si no mitiga mínimamente el daño causado.
P. También destaca la falta de colaboración del Estado en la búsqueda y exhumación de víctimas, algo que ha reprochado a España el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU en varias ocasiones. El anteproyecto de ley de Memoria Democrática asume ahora como “una responsabilidad de Estado” la búsqueda de estos desaparecidos. ¿Por qué es un paso importante?
R. Las víctimas sufren una triple victimización. La primera, cuando ocurrieron los hechos, la ejecución; la segunda, la infinidad de trabas legales, administrativas y judiciales; y la tercera, que cuando superan aquellas trabas nada sencillas no logran reencontrarse con sus seres queridos. Las víctimas no pueden volver a ser víctimas. Y el Estado debe asumir este papel. Principalmente, porque es el responsable de lo que ocurrió. Y no tenemos tiempo.
P. A lo largo de la obra, desgrana los continuos incumplimientos que durante más de una década se han hecho de la norma impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Fue aquella ley demasiado laxa? Hay que recordar, por ejemplo, que no contemplaba un catálogo de sanciones bien definido.
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R. Creo que la Ley de Memoria del año 2007 es una norma magnífica. Empezando por su exposición de motivos, que sería recomendable leer en las universidades. Pero como toda ley humanitaria, no prevé sanciones. Pero el tiempo ha demostrado que estas sanciones eran necesarias. Durante el Gobierno del PP, esta norma no se desarrolló, y tuvieron que ser los ejecutivos autonómicos los que fuesen progresando en este sentido. Por desgracia, no queda otra que regular sobre plazos y sanciones que esperemos que algún día se lleven a cabo.
P. Desde la muerte del dictador, tuvieron que pasar más de tres décadas para que la cuestión de la memoria histórica se pusiera sobre la mesa. Todavía hay miles de fosas comunes esparcidas por toda España. El tiempo corre y los testigos directos de aquellas atrocidades cometidas van muriendo poco a poco. ¿Ha llegado tarde España en su respaldo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura?
R. España ha comprendido hace muy poco su deber en materia de derechos humanos. No fue hasta la llegada del presidente Zapatero cuando hubo un interés en esta materia en el Consejo de Ministros. Nos queda un año, o dos como mucho, para reparar a España de lo ocurrido. Los hijos de las víctimas ya tienen edades superiores a los noventa años. Y la de los nietos es una generación que ya empieza a estar tocada. Es un problema que hay que vencer. No se puede dejar que trabas administrativas dejen morir el problema de viejo. Tenemos que hacer todo lo posible para proceder a la reparación, exhumación y reinhumación con dignidad. Desde luego, no podemos olvidarnos de nuestros seres queridos ni dejar de honrar a nuestros muertos.
Eduardo Ranz (Madrid, 1984) lleva casi una década dedicándose en cuerpo y alma a conseguir que las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo puedan conseguir la verdad, la justicia y la reparación que durante tantas décadas han reclamado sin descanso a un Estado que ha preferido mirar hacia otro lado. Su arma, el ordenamiento jurídico. Como abogado, se conoce al dedillo la Ley de Memoria Histórica, una norma que califica de "magnífica" pero cuyo incumplimiento ha sido continuo por parte de las administraciones públicas. Sobre todo, en lo referente a la retirada de símbolos: "El tiempo ha demostrado que era necesario haber establecido una serie de sanciones y plazos". En su defensa continua de las víctimas, el jurista no duda en reprochar una y otra vez la inacción de España a la hora de respaldar a todos aquellos que sufrieron –y siguen sufriendo todavía a día de hoy– las consecuencias de aquel régimen totalitario que sumió al país en una época de oscuridad absoluta. Y no para de recordar, una y otra vez, que apenas queda tiempo para "reparar lo ocurrido". "Los hijos de las víctimas ya tienen edades superiores a los noventa años", dice.