Eduardo Ranz es abogado. Desde el año 2012 lucha contra viento y marea en los tribunales con el objetivo de borrar, de una vez por todas, los vestigios franquistas de las calles españolas. Un reportaje en la prensa sobre un grupo de maquis escondidos en los montes entre Cuenca y Valencia le abrió los ojos. En ese momento empezó su relación con la memoria histórica y su lucha contra el incumplimiento de una normativa que, según señala, se encuentra "derogada de facto" desde la llegada del PP al Gobierno. Un Ejecutivo conservador que, critica, ha bloqueado cualquier iniciativa planteada con su "abrumadora mayoría" en el Parlamento.
Le irrita que, después de nueve años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, todavía permanezcan en el callejero español vías con nombres que guardan relación con la dictadura. A mediados de marzo de 2015 empezó su andadura demandando a 38 alcaldes y 15 obispos por no cumplir con una normativa que en su artículo 15.1 recoge la obligación de retirar toda la simbología relacionada con el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista. Este miércoles, logró que un juzgado de Valladolid condenara al Ayuntamiento de Olmedo por mantener en su callejero esta simbología.
El Consistorio es el primero de una lista de 21 municipios que se mantienen a la espera de una decisión judicial después de los procedimientos abiertos por Ranz. En concreto, el abogado ha puesto el foco de la justicia sobre Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Alcocero de Mola (Burgos), Almería, Andújar (Jaén), Burgos, Gavilanes (Ávila), Guadiana del Caudillo (Badajoz), León, Llanes (Asturias), Logroño, Madrid, Melilla, Quintanilla de Onésimo (Valladolid), San Leonardo de Yagüe (Soria), Tineo (Asturias), Tortosa (Tarragona), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Villafranco del Guadiana (Badajoz) y Villaviciosa (Asturias).
Además, Ranz consiguió que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial ordenase el pasado 4 de abril la exhumación en el Valle de los Caídos de los hermanos Lapeña. Se convirtió en el primer auto que daba luz verde a una excavación en el mausoleo del dictador. Sin embargo, la puerta permanece todavía cerrada para el equipo de arqueólogos porque Patrimonio Nacional, que tiene la llave, se niega a actuar hasta que se les aporte "la firmeza de la sentencia": "Están poniendo una traba administrativa". infoLibre entrevista al abogado dos días después de conocer su victoria judicial frente al Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid).
PREGUNTA. Almería, Andújar, Burgos, Gavilanes, Llanes, León... Y así hasta 21 ayuntamientos a lo largo de toda España que han sido demandados por usted por incumplir la Ley de Memoria Histórica de 2007. ¿Por qué estos y no otros? ¿Qué tienen en común?
RESPUESTA. Estos 21 municipios reúnen todos los elementos para que la demanda sea admitida a trámite: no tienen elaborado el catálogo de vestigios y mantienen calles con nombres que guardan relación con el franquismo. Según la jurisprudencia, el obligado a cambiar la calle es el titular del bien. De toda la información que he manejado, estos han sido los municipios con un incumplimiento manifiesto.
P. No sé si conoces el número de calles que pueden tener relacionadas con la dictadura.
R. Almería tiene unas 25 vías. En el caso de Olmedo (Valladolid) sólo hay una: la calle Onésimo Redondo [popularmente conocido como El Caudillo de Castilla, fue uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), que luego se integraron en la Falange de Primo de Rivera]. En Madrid, por otro lado, hay unas 186... En fin, podríamos estar hablando de unos 250 elementos de vestigios franquistas.
P: También demandó a otros once municipios que incluyen en sus nombres referencias a la dictadura. Seis de ellas fueron admitidas a trámite, en tres de estos pueblos se cambió el nombre y todavía estaba a la espera de ver qué pasaba con otras dos. ¿Cómo avanza este proceso?
R: Estos pueblos están incluidos en la lista de 21 municipios. Todas esas demandas han sido admitidas a trámite, excepto la de Llanos del Caudillo, de la que todavía no ha llegado notificación. Después de que se admitan a trámite, el siguiente paso, que ya han dado algunos de ellos, es aportar el expediente administrativo y, tras eso, o se celebra juicio o directamente se da por concluso y se esperaría la sentencia.
P: Primo de Rivera, Franco, Emilio Mola, Queipo de Llano o José Moscardó, entre otros, siguen conservando decenas de calles en España después de nueve años desde que entró en vigor la ley...
R: En el caso de Olmedo, la noticia es que un juez ha condenado al municipio a cumplir una ley. Algo que es obvio: hay que cumplir una normativa que se está incumpliendo a pesar de llevar ya nueve años en vigor. Aunque debería haber una conciencia y voluntad política por parte de los ayuntamientos en aplicar la ley, parece que serán los jueces los que tendrán que imponer algo tan obvio en democracia.
P: Pero, ¿crees que los jueces terminarán ordenando retirar la práctica totalidad de estos vestigios en España?
R: Eso ya es cosa del poder judicial. Primero hay que plantear una demanda, hay que fundamentarla y ganar el juicio. Si la pregunta es si puede haber una sentencia que sea para toda España, la respuesta es que hasta la fecha no. El poder legislativo no permite eso. Hay que ir caso a caso y esperar que ocurra lo que ha ocurrido en Olmedo.
P: Usted también demandó al Ayuntamiento de Madrid por no redefinir el nombre de 186 calles en la capital. En el escrito, solicitó la testificación de la alcaldesa, Manuela Carmena, así como la de la delegada de Cultura y su secretario general técnico. ¿Cómo se encuentra ese procedimiento?
R: La jueza lo ha dado por concluso, por lo que el siguiente paso será dictar la sentencia, que no tardará en salir y esperemos que sea muy parecida a la del municipio vallisoletano.
P: ¿Pero declararon finalmente?
R: No, no declararon porque no fue necesario. El pleito se redujo a una cuestión de legalidad, nadie discutió la prueba, ni ellos ni yo, por lo que quedó reducido a la pura legalidad, al contenido del artículo número 15 de la Ley de Memoria Histórica. En concreto, el 15.1, que recoge la retirada inmediata de la simbología de la exaltación, y el 15.3, que hace referencia a la elaboración de un catálogo de vestigios.
P: Esta semana se ha debatido la primera medida acordada por el Comisionado de la Memoria Histórica, un órgano que rechazan las asociaciones memorialistas porque aseguran no estar representadas. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Consideras que debería incluir a algún portavoz de los colectivos?debatido la primera medida
R: Lo primero hay que ser coherente, y el Ayuntamiento de Madrid está siendo bastante incongruente. Aunque en diciembre se dieron algunos pasos en el Pleno, las calles franquistas siguen en el callejero a fecha de hoy. Hay una clara incongruencia entre lo que se dice políticamente y lo que se dice judicialmente.
Por otro lado, respecto a la retirada de honores y distinciones, estos sólo tienen eficacia jurídica mientras haya vida y, una vez que fallecen esos señores, el Ayuntamiento, que es quien lo otorgó, tiene que retirarlos. Pero esto no se tenía que haber hecho en 2016, sino en el momento en el que fueron muriendo generales, políticos... Es decir, vamos con 30 o 40 años de retraso.
P: Por lo que me dice, ¿considera que el Ayuntamiento de Madrid, que ya lleva un año dirigido por Ahora Madrid, avanza al mismo ritmo que otros municipios en manos de PP y PSOE?
R: Sí. Los otros eran completamente ajenos a actuar. Aquí, a efectos reales, la Ley de Memoria Histórica en Madrid se está cumpliendo al cero por ciento. Exactamente igual que lo que ocurría con Ana Botella o Gallardón.
P: El pasado mes de abril, una sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo del Escorial ordenó la exhumación en el Valle de los Caídos de los hermanos Lapeña. Sin embargo, era Patrimonio Nacional el que tenía que dar el visto bueno. ¿Han recibido respuesta?
R: Sí. Patrimonio Nacional dice que hasta que no se les aporte la firmeza de la sentencia, ellos no van a cumplir el auto del juzgado. Por lo tanto, ponen una traba administrativa, porque ellos ya conocían el procedimiento y tuvieron acceso a las diligencias. En definitiva, es una respuesta que retrasa y rechaza algo tan obvio como es cumplir un auto, como es cumplir una ley o como es cumplir la Constitución Española.
P: ¿Y cuál es entonces el siguiente paso?
R: Si no reaccionan, les demandaremos ante el Tribunal Supremo, que no decidirá si se exhuma o no, sino que obligará a Patrimonio Nacional a cumplir el auto judicial.
P: Pero, con la legislación en la mano, ¿crees que se va a obligar?
R: Sí, lo creo y lo afirmo. Pero no lo digo yo, lo dice la Ley Contencioso-Administrativa, lo dice el Código Penal, lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo dice la Constitución Española… El tema es que perdemos tiempo. La demandante tiene 57 años, uno más no le supone un especial problema. Pero el hijo de los desaparecidos tiene 92, un año más sí que puede suponerle un problema.
P: Ya han pasado nueve años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica. En tu opinión, ¿cuáles son los puntos que menos se han cumplido de la normativa?
R: Bueno, este análisis lo tendría que hacer el Ministerio de Cultura o el Ministerio de la Presidencia. Lo que sí que puedo decir es que hay tres incumplimientos manifiestos: el acceso a los archivos, la falta de ayudas para las exhumaciones y la ausencia de cumplimiento en materia de simbología. La normativa ha sido derogada de facto porque el espíritu de la ley son las exhumaciones, por lo que en el momento en el que no se conceden o se retiran las ayudas para esto es como si se hubiese derogado. Lo primero que hizo el PP fue cerrar la Oficina de Víctimas del Franquismo. Lo segundo, echar para atrás cualquier iniciativa con la mayoría abrumadora que hasta hace poco tenían en el Parlamento.
P: Usted ha sido definido como el abogado memorialista. ¿Cuándo y por qué comenzó a involucrarse en este tipo de procesos?abogado memorialista
R: Empecé hace cuatro años a raíz de un artículo sobre unos maquis que se habían echado al monte entre Cuenca y Valencia que publicó Natalia Junquera en El País. A partir de ese momento, empecé a hablar con gente, a acudir a exhumaciones, a integrarme y a sentir lo que se siente a pie de fosa. Todo esto, sumado a que soy profesional del derecho, el resto, ha hecho que siguiese adelante.
Eduardo Ranz es abogado. Desde el año 2012 lucha contra viento y marea en los tribunales con el objetivo de borrar, de una vez por todas, los vestigios franquistas de las calles españolas. Un reportaje en la prensa sobre un grupo de maquis escondidos en los montes entre Cuenca y Valencia le abrió los ojos. En ese momento empezó su relación con la memoria histórica y su lucha contra el incumplimiento de una normativa que, según señala, se encuentra "derogada de facto" desde la llegada del PP al Gobierno. Un Ejecutivo conservador que, critica, ha bloqueado cualquier iniciativa planteada con su "abrumadora mayoría" en el Parlamento.