El Ejecutivo confía en recuperar el apoyo de ERC y atribuye el distanciamiento a la dinámica electoral

El covid-19 que ha puesto en jaque la sanidad y la economía de toda España está teniendo otros efectos colaterales. Uno de ellos, de enorme relevancia en el escenario político español, es que que ha metido en el congelador la crisis territorial catalana, que apenas unos días antes del estallido de la pandemia seguía condicionando los primeros compases de la legislatura.

En el mundo anterior al virus, Esquerra había conseguido sentar al Gobierno de Pedro Sánchez en una mesa de negociaciones con la Generalitat de Cataluñamesa para intentar encontrar una solución negociada al conflicto que desde hace años enfrenta a los partidarios de la independencia, a quienes prefieren una mejora del autogobierno y a los que desean que todo siga como hasta ahora.

Esa apuesta por una salida negociada, a la que se vio forzado a sumarse el president Quim Torra, que después de defender una posición muy escéptica acabó afirmando que él nunca se levantará de la mesa de diálogo, está en el corazón del programa político con el que Esquerra, siguiendo la hoja de ruta trazada por Oriol Junqueras desde prisión en noviembre de 2017, quiere presentarse a las elecciones catalanas, que el propio Torra se había comprometido a convocar para este mismo año.

La fecha de las elecciones, que el president iba a anunciar una vez se hubiesen aprobado los Presupuestos de la Generalitat para 2020, lo que ocurrió el pasado 24 de abril, ya en plena crisis del coronavirus, sigue siendo un misterio. Torra, en una reunión con corresponsales extranjeros celebrada hacia varias semanas, dio a entender que la convocatoria electoral, que la mayoría de los partidos situaban entre septiembre y octubre, ya no está en su agenda, pero eso no ha apagado las voces de quienes siguen creyendo que habrá cita con las urnas coincidiendo con las semanas que acumulan las efemérides más sentidas del soberanismo: entre la diada del 11 de septiembre y el 27 de octubre, el tercer aniversario del día en el que, aunque sólo fuera por unas horas, Cataluña se vio independiente.

Las crecientes tensiones entre la parte del Govern que gestiona Junts y la que corresponde a Esquerra son cada vez más evidentes y se ven multiplicadas por las dificultades de gestión que conlleva la pandemia y la evidencia de que la crisis sanitaria ha acabado por hacer inútiles los presupuestos recién aprobados —los primeros que salen adelante en Cataluña en tres años—. Es en ese contexto en el que Esquerra tomó la decisión se marcar distancias con el Gobierno de Pedro Sánchez y dar un golpe encima de la mesa en defensa de las competencias de la Generalitat y de su capacidad para hacer frente a la epidemia sin la tutela del Estado.

Una reacción que el Gobierno ha entendido como un “toque de atención” de los republicanos a la vista de la pérdida de protagonismo que ha sufrido la agenda catalana, aparcada de hecho hasta otoño, en la esperanza de que en esas fechas el conjunto de España haya conseguido recuperar cierta normalidad.

Esquerra siente, desde hace varias semanas, que no recibe la suficiente atención del Gobierno, especialmente por parte de Pedro Sánchez. Y quiere mantener a toda costa su papel de pieza clave de la legislatura. Eso es, en síntesis, lo que vino a decir su portavoz, Gabriel Rufián, desde la tribuna de oradores del Congreso el pasado miércoles: “¿Por qué el Gobierno no se quema las cejas negociando con los que le dimos la investidura?” “Yo con la señora (Adriana) Lastra”, la portavoz parlamentaria del PSOE, “hablo cada día, pero no lo podemos arreglar todo”, lamentó.

Las elecciones “lo dificultan todo”

En Moncloa le dan, en parte, la razón. Y admiten que quizá en las últimas semanas se ha descuidado el diálogo con los partidos que hicieron posible la investidura, entre ellos Esquerra Republicana. Creen que ERC se equivocó votando en contra de la prórroga, pero entienden cuáles son sus circunstancias. Entre ellas, como señalan fuentes del grupo parlamentario socialista, “que las elecciones catalanas lo dificultan todo”.

De hecho, antes del covid-19 la simple hipótesis de que Torra acabase convocándolas para mayo o junio fue suficiente como para que Hacienda metiese en un cajón el proyecto de Presupuestos de 2020 que entonces todavía se proponía tramitar y que la crisis sanitaria ha obligado a enterrar definitivamente. La paradoja es que ahora puede darse la misma circunstancia y que el Gobierno tenga que tramitar los Presupuestos para 2021 coincidiendo, de nuevo, con elecciones en Cataluña.

En el Gobierno están convencidos de que Esquerra quiere reconstruir puentes y tanto el PSOE como Unidas Podemos siguen más que dispuestos a reencontrarse con quienes consideran un aliado estratégico en dos asuntos clave de la legislatura: un programa de gobierno progresista y la búsqueda de una solución, aunque sea a medio y largo plazo, para el conflicto catalán que supere la dinámica de bloques entre partidos independentistas y no independentistas.

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En Esquerra no todos estaban de acuerdo con la decisión de votar contra la prórroga el pasado miércoles. El exportavoz en el Congreso, Joan Tardà, de quien Rufián se siente casi un discipulo, lo hizo público a través de Teitter. 

La reanudación de las hostilidades entre Junts y Esquerra es cada vez más evidente. El líder republicano, Oriol Junqueras, en una entrevista difundida este jueves por Ràdio 4, fue claro en sus advertencias a Torra: “Ahora toca salvar vidas pero en algún momento de la reconstrucción social de esta crisis se tendrá que pasar por las urnas”.Torra tendrá que convocar las elecciones y no puede ser que el Tribunal Supremo sea quien acabe activando el reloj electoral”. Y añadió: “No se puede continuar tomando decisiones sin consultar al socio por puro tacticismo electoral”.

Tiene razón Junquras cuando dice que Torra no puede demorarse demasiado. Porque sobre él pesa un fallo del Tribunal Supremo que con toda probabilidad le inhabilitará para continuar al frente del Govern. En ese caso, la convocatoria de elecciones será casi automática, ante la dificultad casi insalvable que supondría poner a Junts, a ERC y a la CUP de acuerdo para elegir un sustituto.