Ribera pone coto a los beneficios de las eléctricas con un tope al precio del gas en contratos a largo plazo
El Gobierno ha decidido dar un nuevo giro a la retirada de los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas. La medida se aprobó en septiembre de 2021, se descafeinó en octubre y ahora se vuelve a endurecer para situarse en un punto medio entre lo previsto inicialmente y lo rectificado después. El Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania prorroga y endurece la minoración del gas: es decir, lo que extrae el Estado de los ingresos de tecnologías como la hidroeléctrica, la nuclear y algunas instalaciones de eólica y fotovoltaica, que cobran en el mercado mayorista como si quemaran gas sin tener que comprarlo.
La iniciativa estará en vigor hasta junio de 2022, como marca la Comisión Europea, y afectará a más contratos de los previstos hasta el momento, evitando que las grandes generadoras utilicen los acuerdos a largo plazo para esquivar la minoración. Fuentes del Gobierno aseguran que aún no tienen una estimación del impacto económico de la medida porque generará ahorro a los clientes en dos vías: por un lado, por la inyección directa de lo ingresado en la factura, y por otro lado, por la señal de precio que manda: si se extraen más "beneficios extraordinarios" que antes, se incentiva que las ofertas disminuyan para evitar el recorte.
Este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció las líneas maestras de su plan de respuesta a la guerra de Ucrania: sin demasiados detalles, en un acto privado y sin aceptar preguntas. Confirmó que la minoración del gas se prorrogaría hasta junio, adaptándolo a las "directrices europeas", pero sin explicar que habría cambios para aumentar la ambición de la medida. Las modificaciones afectan al salvavidas de las eléctricas, la herramienta que llevan utilizando meses para argumentar que la extracción de estos beneficios extraordinarios es injusta: los contratos bilaterales, que se establecen entre las instalaciones generadoras y las comercializadoras –las compañías que firman con los consumidores finales– o la gran industria.
Las grandes eléctricas argumentaron durante meses que esos contratos bilaterales firmaban precios más bajos de lo que marca el pool, por lo que no se estaban aprovechando de la coyuntura. Este fue el argumentario a seguir también la semana pasada, distribuido a los periodistas off the record, tras el encuentro de las principales empresas con Sánchez y Ribera. Transición Ecológica escuchó: un mes después de su inauguración, en septiembre de 2021, un nuevo decreto liberaba a estos contratos a largo plazo de la minoración.
Sin embargo, no es verdad que ningún contrato bilateral no se aproveche, aunque sea indirectamente, de la subida de los precios del gas, aunque los costes no hayan aumentado. El decreto de octubre asegura que, si ese contrato está indexado al pool aunque sea solo en una parte de la cuantía total, pagará. Pero no hace falta que esté vinculado de manera oficial para que no se perciba un beneficio extraordinario: muchos de estos acuerdos están sujetos al mercado de futuros, más bajo que la subasta diaria pero también por las nubes, por lo que las empresas generadoras pueden estar vendiendo electricidad renovable, muy barata, a más de 100 euros el MWh.
"Es mentira que los bilaterales a precio fijo no internalicen el precio del gas", resumía una fuente cercana a las negociaciones entre Gobierno y eléctricas de los últimos meses, que aseguraba la semana pasada que le daba "rabia" que se libraran de la minoración. Ya no se libran de la misma manera.
Ribera ha actuado directamente contra esta "mentira". Los contratos bilaterales se salvarán de la minoración siempre que sean inferiores a 67 euros el MWh. Si se firman con precios más altos, el Estado se quedará con la diferencia, entendiendo que no se benefician de las cifras disparadas de la subasta diaria, pero que sí se están aprovechando de la coyuntura por tener como referencia un mercado de futuros también elevado, y teniendo en cuenta que a mucha generación renovable o nuclear le cuesta mucho menos generar la electricidad porque la ruptura del mercado del gas no les afecta.
Sin embargo, los límites impuestos desde Bruselas reducirán el impacto positivo en la factura de los consumidores. Solo se aplicarán a los nuevos contratos a partir de este miércoles, o a los que se renueven a partir de ahora, dado que la Comisión Europea ha prohibido explícitamente la retroactividad.
Por otro lado, el Ejecutivo aún no ha aplicado su decisión estrella: desacoplar el precio del gas del de la electricidad, poniendo un límite a las ofertas que pueden hacer las centrales de ciclo combinado. Estas tecnologías sí que tienen que internalizar el precio del gas, por lo que se las subvencionará para que no produzcan a pérdidas a través de una ayuda en la factura "cuyo efecto neto es positivo", porque se compensa con la bajada automática del precio.
El mecanismo, explicado en detalle aquí, reducirá los ingresos de la minoración anunciada este martes: al caer el resultado de la subasta marginalista, caen los "beneficios caídos del cielo", y por tanto la cantidad total a extraer del sistema.
El Ministerio para la Transición Ecológica, así, ha logrado conciliar dos posturas aparentemente opuestas. A un lado, la Comisión Europea, que hace unas semanas dio su visto bueno a la retirada de estos beneficios, pero con estrictas condiciones para no distorsionar el mercado y no limitar la rentabilidad de las grandes eléctricas que consideran razonable. Y al otro lado, Unidas Podemos, que lleva meses apretando para que la minoración sea lo más ambiciosa posible y que ha insistido en las últimas semanas en que se apriete más, en el plan contra los impactos de la guerra, a lo que conocen como "oligopolio".
El socio de Gobierno ha pedido que el tope del gas, que aún se tiene que terminar de definir junto a Portugal antes de mandarlo a Bruselas, sea de 30 euros el MWh. Sin embargo, las ministras Calviño y Ribera han evitado dar una cifra concreta: será "el más bajo posible" dependiendo de la respuesta de la Comisión, preocupada con que el precio resultante no sea demasiado bajo, para no surtir a Francia de energía barata pagada por los consumidores españoles. Para evitarlo, el Ejecutivo trabaja en una doble subasta: una que sirva para los clientes españoles y otra que marque el coste de la electricidad exportada al vecino galo. Pero aún falta el ok definitivo. No hay antecedentes conocidos sobre lo que pretende España.
Otras medidas: el 10% de la población se podrá acoger al bono social
Pese a lo intenso de la batalla política y económica, la nueva minoración del gas no será la medida que más efecto tenga sobre la factura, por los límites ya comentados de la decisión. El principal beneficio a corto plazo, de unos 2.000 millones de euros, será el adelantamiento de lo que las instalaciones sujetas al sistema conocido como Recore deben a las arcas públicas. Tras largas negociaciones con las eléctricas, esta cantidad, que debía abonarse a final de año, se inyectará ya en el recibo para bajarlo.
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Estas instalaciones (de energías renovables, de cogeneración y de residuos) cuentan con una retribución fija pactada con el Estado, pero participan en un pool ahora disparado y posteriormente devuelven lo percibido de más, por lo que estaban acumulando esos 2.000 millones que ahora se dedican a bajar el recibo de la luz.
Por otro lado, el bono social eléctrico y térmico protagoniza gran parte de las novedades. Se amplían los potenciales beneficiarios, sumando –calculan fuentes del Ejecutivo– unos 600.000 nuevos núcleos de convivencia que podrán percibir los descuentos de hasta el 70% en caso de vulnerabilidad extrema. Los que ya disfrutan de la ayuda podrán seguir en el programa dos años más, sin necesidad de renovar la petición; y los que tienen concedido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) recibirán automáticamente el bono.
Sin embargo, más de la mitad de los potenciales beneficiarios del bono social eléctrico no lo recibe, según cálculos de Ecodes: los expertos piden una automatización de su concesión a las rentas más bajas y una simplificación de los trámites que aún no se ha producido, pese a los avances. El Gobierno insiste en que su apuesta pasa por proteger a los más vulnerables, pero Ribera y Calviño lo han dejado claro este martes: las clases medias también se tienen que ver aliviadas.
