En julio y agosto de 2020, y pese a las peticiones en contra de Augas de Galicia, Endesa cambió el régimen de explotación del embalse que tiene en el río Eume para "optimizar el rendimiento" de su central hidroeléctrica, obtenida con una concesión franquista de 1953. Su actuación provocó turbidez en las aguas "con grave riesgo para la población y el ecosistema", según Augas de Galicia, que sancionó a la empresa con dos multas de 600.000 y 350.000 euros por dos infracciones muy graves y con una indemnización de otros 932.284,45 euros como reparación de los daños causados.
La compañía recurrió esta sanción ante los tribunales y primero un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago, en enero del año pasado, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), desestimaron sus alegaciones. La Justicia confirma que la compañía "desoyó las peticiones" que se le hicieron para que paralizara sus actuaciones y que estas incluso acabaron "poniendo en peligro a los ciudadanos del Ayuntamiento de Pontedeume", donde tuvo que suspenderse el suministro de agua.
Fue a finales de julio de 2020 cuando Endesa inició, según la inspección de Augas ratificada por la Justicia, un "descenso continuado del régimen de explotación del embalse por debajo de la cota mínima declarada (306 metros sobre el nivel del mar) con el fin de optimizar el rendimiento energético, sin la autorización expresa de la Administración". El 8 de agosto, la Xunta requirió a Endesa para que paralizara sus actuaciones, pero la compañía "continuó el proceso de descenso hasta el 28 de agosto de 2020 –20 días después del requerimiento–, día en el que comunicó a Augas de Galicia su decisión de paralizarlo como consecuencia de la aparición de turbidez en la cola del embalse".
Esta turbidez se extendió en los meses siguientes hasta la desembocadura del río, obligando a Augas de Galicia a acordar a mediados de octubre "declarar la emergencia en el río Eume para realizar actuaciones extraordinarias que garanticen el suministro de agua a la población y eviten el peligro para los recursos hídricos y los ecosistemas".
Augas de Galicia abrió un expediente contra la empresa, en el que esta llegó a alegar que que había hecho lo que hizo porque "la masa de agua no utilizada en la concesión constituye un activo potencialmente infrautilizado que es probable que mejore el rendimiento del sistema de generación hidroeléctrica". La empresa incluso utilizó su concesión franquista de 1953 como garantía para cambiar la explotación de la presa. Pero tanto Augas como más tarde el tribunal de Santiago y ahora el TSXG desestimaron sus argumentos.
Estrasburgo estudia la negativa de España a hacer una investigación técnica del accidente de Angrois
La sentencia ahora ratificada considera probado que la turbidez de las aguas del Eume se produjo "cuando la empresa decidió rebajar la cuota de explotación por debajo de los límites históricos" y que esta situación no se había producido en otras épocas de precipitaciones intensas o secas.
Endesa argumentó que la Administración había retrasado la tramitación del reglamento de explotación del embalse que le permitía modificar su rendimiento, pero el TSXG reitera, como ya lo hizo el juzgado de Santiago y Augas, que "no se puede responsabilizar a la Administración de este retraso, ya que fue la empresa la que no cumplió con los requerimientos de la Administración Hidráulica de aportar la documentación acreditativa del impacto en la seguridad del embalse con la disminución del nivel, estudio que le era exigido para poder rebajar el nivel mínimo de operación".
Así, la sentencia del TSXG, de 26 de febrero y a la que ahora ha tenido acceso Praza.gal, concluye desestimando todos los argumentos del recurso de Endesa Generación SA y confirmando las dos multas de 600.000 y 350.000 euros y los 932.000 euros para la reparación de los daños causados.
En julio y agosto de 2020, y pese a las peticiones en contra de Augas de Galicia, Endesa cambió el régimen de explotación del embalse que tiene en el río Eume para "optimizar el rendimiento" de su central hidroeléctrica, obtenida con una concesión franquista de 1953. Su actuación provocó turbidez en las aguas "con grave riesgo para la población y el ecosistema", según Augas de Galicia, que sancionó a la empresa con dos multas de 600.000 y 350.000 euros por dos infracciones muy graves y con una indemnización de otros 932.284,45 euros como reparación de los daños causados.