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ERC y Bildu piden quitar el fuero a Juan Carlos I e investigar el dinero de su familia en paraísos fiscales

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, interviene durante el debate sobre el estado de la nación.

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Esquerra Republicana y Bildu se han aliado en el Congreso para presentar hasta ocho propuestas de resolución conjuntas en las que plantean, entre otras cosas, quitar el fuero a Juan Carlos I y a la reina Sofía, que la Cámara investigue sus posibles actividades como comisionista y las cuentas que la Familia Real pueda tener en paraísos fiscales, ha recogido Europa Press.

Además de insistir en la necesidad de que se derogue el delito de injurias a la Corona y se amnistíe a todas las personas perseguidas o condenadas en virtud del mismo, ambas formaciones independentistas piden que se cuantifiquen todos los gastos que generan la Corona.

Entre las propuestas que someterán a votación este jueves en el Pleno del Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, figuran, asimismo, una nueva Ley de Fondos Reservados, reformar la del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

También defienden modificar todos los aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana "que atenten contra los derechos y libertades básicas de la ciudadanía", así como todos los contenidos en la Ley de Extranjería "que supongan una violación de los derechos humanos, de asilo e integridad física de las personas migrantes".

Propuestas económicas

Por otro lado, ERC y Bildu piden un impuesto que grave los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas "sin límite temporal", reformar el diseño del mercado para evitar abusos de posición de dominio, y lograr la separación de actividad en los grupos integrados y gestionar la generación hidroeléctrica "para evitar posibles fraudes en las ofertas".

Asimismo, piden garantizar por ley la subida de los sueldos a niveles no inferiores a la inflación, así como incremento este mismo año del salario mínimo conforme al IPC. También exigen completar la reforma laboral con la recuperación de la indemnización de 45 días por despido improcedente, la autorización administrativa en caso de ERE, los salarios de tramitación y las causas del despido objetivo antes de 2012.

Por su parte, Bildu también ha registrado en solitario una propuesta para elevar la participación pública en los sectores y empresas estratégicas del 1,9% del PIB actual al 12% en sectores como la energía, la industria, las finanzas o las infraestructuras. Además, piden endurecer las sanciones aplicadas por la CNMC por manipulación de los mercados y contratos y otras malas prácticas.

Respecto a la banca, reclama hacer obligatorio su código de buenas prácticas, tanto para las entidades como para cualquier figura vinculada a ella, ampliar sus medidas de protección y un régimen sancionador ante posibles incumplimientos.

Revertir el giro sobre el Sáhara

Por otro lado, y junto al BNG, ERC y EH Bildu han reclamado revertir el giro del presidente del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y restablecer la posición tradicional de España de apoyo al referéndum de autodeterminación en la zona.

También demanda otorgar el estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, y restablecer las relaciones "bilaterales horizontales" con las instituciones sahararuis.

El PDeCAT pide que la mesa de diálogo aborde una negociación que derive en un referéndum

El PDeCAT, por su parte, ha reclamado al Gobierno que convoque "a la mayor brevedad posible" la mesa de diálogo entre las autoridades estatales y catalanas y que esta aborde un proceso de "negociación y diálogo bilateral" que derive en "una votación" de los ciudadanos de Cataluña.

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En cuanto a la resolución del conflicto, el PDeCAT también ha solicitado que se impulse una reforma del Código Penal para que el delito de sedición en la legislación española "sea homologable" a la del derecho comparado europeo en un plazo no superior a tres meses.

También ha pedido promover una ley de amnistía para todos los condenados y el sobreseimiento y archivo de los procedimientos contra cargos del Gobierno catalán y de entidades locales encausados en el marco del 9N, del 'procés' y del referéndum de 2017.

Por otro lado, el PDeCAT ha redactado otra propuesta de resolución para que el Estado tenga una "descentralización real y efectiva" y que "las administraciones descentralizadas dispongan de una financiación justa y adecuada".

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